Cinco hitos que marcarán la futura (y presente) implantación de nuevas macrogranjas porcinas

En Villamalea (Albacete) se ha constituido una plataforma vecinal en contra de una explotación de 2.000 cerdos, una de tantas que existen ya en Castilla-La Mancha. Acaban de enterarse de un proyecto que no ha necesitado Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y al que le ha bastado con el filtro municipal, previa notificación a Medio Ambiente, para salir adelante.

Es el último caso de los muchos que se vienen repitiendo desde hace tres años en Castilla-La Mancha. La ganadería industrial (ya sea de cerdos, aves o de otro tipo de animales de granja) se abre paso para satisfacción de unos y lamento de otros.

Todo empezó cuando hace tres años la demanda en China, el mayor importador de carne de cerdo del mundo, comenzó a dispararse. “El sector vio una posibilidad de crecimiento, de crear nuevas explotaciones para atender la demanda”. Un crecimiento que se vio ralentizado pero que el reciente convenio China-España ha reavivado.

Quien lo dice es Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha (ARGAPOR), que representa al 80% de los ganaderos del porcino en Castilla-La Mancha. “Hay unas 1.000 granjas y en torno a 700 ganaderos”, detalla.

La proliferación de macrogranjas porcinas ha sido una de las noticias recurrentes a lo largo de la legislatura en los medios de comunicación. Y no lo ha sido menos en 2018, en el que los movimientos vecinales (hay quien dice que dirigidos políticamente) han endurecido su ofensiva contra la ganadería intensiva mientras la industria buscaba argumentos para defender su negocio. En el repaso de lo ocurrido encontramos cinco hitos que han marcado el año que termina.

Si en 2017, las movilizaciones vecinales se convirtieron en plataforma regional, en este 2018 continúan organizándose para sumar apoyos a su causa contra la ganadería industrial. A lo largo de los meses han sido numerosas las movilizaciones, entre otras, protestas en la capital regional, en Talavera de la Reina coincidiendo con el Día de la Región, en Albacete o en Cuenca. En agosto se celebró en Mota del Cuervo (Cuenca) el III Encuentro Regional de Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha con vocación de crear una coordinadora nacional y ahora el mensaje se ha trasladado también a Bruselas.

El pasado noviembre una treintena de personas dejó constancia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de su postura: estas explotaciones “son contraproducentes para la vida en los pueblos” y en España hay todo “un reguero de incumplimientos” por parte de la ganadería industrial que dejará tras de sí, dicen, contaminación ambiental o el bloqueo a la actividad de otros sectores como el turístico, entre otras cosas.

“Creo que la protesta es una moda de la que se hacen eco los medios de comunicación. Las que se han convocado no han sido grandes manifestaciones, al contrario”. El director de ARGAPOR carga contra las plataformas anti-macrogranjas que, en su opinión, “tienen un tinte ideológico muy claro” y asegura que “muchas de sus quejas, desde el sentido común, no se sostienen, ni siquiera desde el punto de vista técnico”.

Tomás Recio asegura que la ganadería extensiva -que cifra en Castilla-La Mancha en un 0,5% respecto del total- “no se sostiene económicamente y además tiene problemas sanitarios que la gente desconoce”, agitando el fantasma de la peste porcina africana, que dice, es más difícil de controlar en este tipo de explotaciones.

Los ganaderos también tienen argumentos contra la contaminación ambiental. En 2011, durante el todavía Gobierno socialista de José María Barreda, Castilla-La Mancha aprobó el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. “Si se miran las provincias con nitratos en sus aguas, hay muchas localidades afectadas en las que no hay ni un solo animal de producción” a lo que añade Recio que “no está demostrado que la contaminación de las aguas freáticas tenga origen en la ganadería. En las deyecciones, los purines, el 90% es agua y además está muy regulado”.

Asegura que los argumentos de las plataformas ciudadanas son “absolutamente discutibles” y, en concreto, respecto al agua asevera que “la mayor granja que se pueda construir consume lo mismo que siete hectáreas de maíz”. Frente a eso, cree que el crecimiento del sector en la región vendrá dado por amplias extensiones del territorio “que se está despoblando”, que es “llano y está en el centro de la Península” aunque, matiza, “Castilla-La Mancha no es un objetivo de las empresas” o, al menos, “no el único” y cita también a Andalucía.

Y si el sector productor intensivo defiende la práctica, la industria no ha sido menos. En este 2018, la presión ciudadana y mediática ha obligado a las grandes empresas a tirar de marketing.

Cefusa-El Pozo e Incarlopsa han protagonizado varios ‘episodios’ en este 2018 que les han puesto en el punto de mira. La primera, puso sus ojos en la provincia de Albacete para dar el salto trasladando parte de su negocio desde Murcia y ha venido defendiendo sus aspiraciones apelando al beneficio de “fijar población” o de “dinamizar la actividad comercial” de la zona.

Algo similar a lo que ha hecho la conquense Incarlopsa -la gran industria del porcino regional- que no solo cree que su proyecto de llegar al millón de cabezas en la provincia de Cuenca generará riqueza y empleo sino que, frente a una sentencia judicial que confirmó prácticas de maltrato animal en su antiguo matadero de Tarancón, quiso blanquear la mala imagen proyectada exhibiendo un certificado de bienestar animal que resultó que no tenía.

La protesta ciudadana no solo ha provocado la reacción de ganaderos e industria porcina. También el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha visto obligado a introducir algunos cambios tanto legislativos como en lo que tiene que ver con la concesión de subvenciones.

En octubre se aprobó un decreto regional por el que no se podrán instalar granjas porcinas a menos de dos kilómetros de un casco urbano. Tomás Recio, director de la Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha (ARGAPOR) explica que se están planteando recurrir el decreto por la vía contencioso-administrativa “porque creemos que es discriminatorio”, si se compara con otros sectores como el avícola “porque se pueden poner 200.000 pollos a 200 metros del pueblo y en cambio para 300 cerdos te tienes que ir a dos kilómetros”. Sostiene que “no hay justificación técnica sino política”.

También cree que es un “contrasentido” para las aspiraciones de las plataformas. “Si pretenden que las explotaciones sean más pequeñas, la norma de los dos kilómetros va directamente en contra de lo que quieren fomentar”.

La Consejería de Agricultura ha venido otorgando ayudas de hasta el 65% de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por puesto de trabajo, además de los 27.000 euros de subvención si la inversión supone la incorporación de un joven agricultor. Eso también cambiará porque, según anunció el consejero Francisco Martínez Arroyo se limitarán a explotaciones de menos de 1.000 cerdos. “Es de risa”, dice ARGAPOR “porque se fomenta que el joven agricultor apueste por un sistema que no es rentable”.

Otro de los efectos colaterales de la protesta se verá reflejado en la futura Ley de Evaluación Ambiental. Algunos de los cambios significativos en la normativa tendrán que ver con las explotaciones porcinas, aunque todavía tiene que ver la luz.

En mitad de la batalla entre quienes defienden y quienes rechazan la producción porcina intensiva, un acuerdo comercial entre España y China puede marcar la senda futura para el sector y su implantación en territorio castellano-manchego.

Se mira como una oportunidad para un sector que en la región genera más de 15.000 empleos directos y 50.000 indirectos y es la cuarta comunidad autónoma por volumen de exportaciones, además de alcanzar una facturación del entorno de 1.000 millones de euros.

“No se trata tanto de crecer en cantidad sino en el tipo de productos que antes no podían exportarse”, explica Tomás Recio.

El principal importador de carne de cerdo del mundo puede acelerar los tiempos, aunque no será algo inminente en una región dividida por esta cuestión y que en 2019 se enfrenta a un nuevo examen político en las urnas. El portavoz de Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha, Daniel González, comentaba que alcaldes del PP y del PSOE han pedido a sus líderes frenar la proliferación de macrogranjas porque “alguno se juega la legislatura”.

Prueba de que el sector porcino intensivo está en expansión es la intención del Gobierno central de poner en marcha una nueva regulación. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene abierto actualmente (hasta el 14 de diciembre) un proceso de participación pública que pide alegaciones, sugerencias y opiniones al texto del futuro Real Decreto “por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas”.

El Ministerio da acceso a través de su web al documento, en su versión de noviembre de 2018, para regular un sector que, reconoce, es “la primera producción ganadera en cuanto a importancia económica de nuestro país”.

Agricultura cree necesario, dada la evolución del sector porcino desde el año 2000, no solo actualizar, sino “revisar en profundidad” la normativa sobre todo en lo que tiene que ver con la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas. “El sector debe contemplar la bioseguridad como verdadera red de protección del conjunto del mercado”, apunta el texto. Y en cuanto a los retos ambientales, se reconoce que “España debe incorporar compromisos de reducción de amoniaco y otros gases contaminantes y partículas”.

Además, se apuesta por “construir una estrategia de desarrollo para las próximas décadas”, de cara al posicionamiento en los mercados mundiales pero también para reducir los riesgos asociados a la internacionalización e integrar los retos sociales y medioambientales que demanda la sociedad. Habrá una nueva clasificación de los tipos de granjas aunque no se tocará lo relativo a la valorización agronómica de los estiércoles -la norma remite a lo establecido en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo- y además se crearán mecanismos de coordinación entre autoridades competentes.

Por otro lado, se creará la Mesa de Ordenación de los sectores ganaderos “como órgano de diálogo” en la que estarán representadas las comunidades autónomas como vocales.

En todo caso, la actualización de la normativa no afectará a los proyectos en fase de tramitación. Los expedientes sobre los que no haya recaído resolución en firme en vía administrativa, “se resolverán conforme a la aplicación de la normativa en vigor en el momento de presentación de la solicitud”, prevé el decreto.

La ‘guerra’ contra la ganadería porcina intensiva continuará y es previsible que arrecie con la llegada de las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales mientras sigue pendiente en el Parlamento regional un debate planteado por el diputado de Podemos, David Llorente, en nombre de las plataformas, para pedir una moratoria para las licencias de estas explotaciones mientras no haya una estrategia regional en este sentido.