Da sus últimos coletazos el periplo judicial que inició la mercantil minera Quantum después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha tumbara su intención de extraer tierras raras en el Campo de Montiel por incompatibilidades medioambientales y tras las numerosas protestas ciudadanas de la comarca. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado por unanimidad el recurso de apelación de esta empresa contra otra sentencia anterior de los juzgados de Villanueva de los Villantes. El recurso de la mercantil era para ser indemnizada por el supuesto daño a su imagen pública, reclamando para ello la responsabilidad a la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la que lideró la ofensiva social contra el proyecto. Pero ha fracasado y la Justicia ha confirmado la absolución a Luis Manuel Ginés, como responsable del colectivo.
La demanda fue interpuesta por Quantum en enero de 2017 en el momento álgido de la oposición ciudadana contra el proyecto para extraer tierras raras en la provincia de Ciudad Real. Se basaba en las actuaciones realizadas por la Plataforma al solicitar, en enero de 2016, la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), para esclarecer si se había incumplido la legalidad vigente al haber tenido conocimiento la entidad de que se habían estado realizando trabajos de exploración minera en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 sin la pertinente licencia municipal, así como realizando tareas de investigación en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva con el consiguiente riesgo de vertido de aguas residuales.
En ambos casos, estas actividades fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad al carecer de autorización, y la empresa fue sancionada con 2.700 euros por ejercicio de actividad clandestina.
La resolución de la Audiencia Provincial, que finalmente no ha sido recurrida por la minera, avala la postura expuesta por la abogada de la Plataforma, María del Carmen Morallón Hidalgo, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el SEPRONA se circunscribía en el ámbito de la acción penal pública que corresponde a la ciudadanía en defensa de un bien jurídico general como es el derecho al medio ambiente.
En este sentido, el juez afirma que no puede exigirse al demandado “un acto de confianza ciega hacia la pulcritud de las actividades mineras investigadas”, y que “no cabe entender que el fin de la denuncia fuera causar perturbación en estas, ni existe prueba suficiente de temeridad o negligencia en la formulación de la denuncia ni falta de rigor en la diligencia requerida, sin que quepa considerar como reprochable en modo alguno, ni penal ni civilmente el ejercicio de la acción penal”. Lo contrario, añade, supondría “una desincentivación de dicho derecho y el correspondiente menoscabo para la protección de los bienes jurídicos públicos que atañen a la ciudadanía y a los poderes públicos”.
Proyectos mineros rechazados
Finalmente, los proyectos de Quantum Minería fueron rechazados en octubre de 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha por su notoria inviabilidad ambiental y técnica, su impacto sobre los recursos hídricos y la afectación a especies en peligro de extinción como el lince ibérico.
Además, en enero de 2021, la minera recibió un nuevo varapalo judicial desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, valorando en su sentencia que la Administración autonómica “actuó con criterio y a favor del interés general” dado que, de haber salido adelante “el proyecto hubiera tenido consecuencias claramente perjudiciales para el entorno del Campo de Montiel”.
Por todo ello, la Plataforma Sí a la Tierra viva desea hacer constar que la lucha del colectivo “en defensa de la naturaleza y de un futuro mejor para las nuevas generaciones” le valió una mención especial durante la ceremonia de entrega de los premios regionales de medio ambiente celebrada en Valdepeñas en junio de 2018, premiando el Ejecutivo regional con este reconocimiento la labor informativa y de movilización social de la asociación frente a unos proyectos extractivos “del todo incompatibles con los valores del mundo rural y sus gentes”.