Tierras raras vs tierras vivas: así triunfó el ‘no a la mina’ en Ciudad Real

A casi todo el mundo le pasaron desapercibidos los permisos de investigación que el Gobierno de María Dolores de Cospedal concedía en 2014 para que la empresa minera Quantum pudiera realizar las primeras ‘catas’ en el Campo de Montiel. Fue en junio de 2015, a punto de cambiar el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando un documento en el Diario Oficial establecía, con el Ejecutivo aún en funciones, que esas primeras operaciones no requerían declaración de impacto ambiental y recibían por tanto luz verde. Con ello empezó un procedimiento administrativo que ha durado casi tres años y que finalizó hace poco más de una semana, cuando se publicó la declaración negativa de impacto ambiental de esta iniciativa después de varios informes desfavorables, resoluciones parlamentarias y manifestaciones ciudadanas contra un controvertido proyecto que ya no se realizará.

¿Para qué servían esas primeras 'catas'? La promotora quería tantear el suelo de esta comarca de Ciudad Real para su proyecto de extracción minera de tierras raras, monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, y que ha generado conflictos entre la Unión Europea y China, este último país como principal exportador. Unos meses después, ya con Emiliano García-Page en la Junta, saltaban las primeras alarmas. Nació la Plataforma Sí a la Tierra Viva, agrupando a ciudadanos de varios pueblos afectados como Torrenueva o Torre de Juan Abad, así como a ecologistas y expertos que empezaron a alertar sobre los riesgos de este tipo de minería.

Las denuncias de este colectivo se iniciaron a raíz de lo que consideraron “dudas y opacidad” en torno al proyecto. Por entonces apenas se conocían los planes de la empresa minera y el portavoz de la Plataforma, Luis Manuel Ginés, apuntó desde el principio a la “complicidad” tanto de la Junta como del PSOE debido a la “falta de información” desde los ayuntamientos. Parte esas alarmas se atenuaron cuando el director general de Industria, Energía y Minería, José Luis Cabezas, aseguró que el proyecto minero no saldría adelante si había riesgo medioambiental y oposición social. Por entonces, la Junta afirmaba no estar “ni a favor ni en contra” de los objetivos de Quantum.

Después la pelota cayó en la Consejería de Medio Ambiente. La promotora quería en un principio una toma de agua de 500.000 metros cúbicos anuales del pantano de la Cabezuela, que abastece a 36.000 habitantes del Campo de Montiel, principalmente a Valdepeñas, en una comarca con clara escasez de recursos hídricos. Así lo manifestó la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su primer informe, un texto que agravó la polémica y que comenzó a sentar las bases de otros riesgos: para la salud, para el medio ambiente, para la agricultura vitivinícola y para el desarrollo socio-económico de la zona. Hasta el Consejo de Seguridad Nuclear y la Defensora del Pueblo se adhirieron con respectivos informes a los riesgos de esta minería a cielo abierto.

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, adelantó entonces a eldiarioclm.es que sería en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental donde el promotor debía demostrar que su proyecto fuera “inocuo para la calidad y la disponibilidad del agua”, así como para los recursos agrícolas de la comarca. Afirmó que la Consejería garantizaría el análisis de esas afecciones. Y efectivamente así fue. Un año y medio después, la amenaza al patrimonio natural y a las especies protegidas como el lince ibérico ha sido la que ha tumbado el proyecto.

Entre medias, los detractores de la Plataforma también llegaron a poner en tela de juicio el propio procedimiento administrativo. Afirman que se dividió en varias piezas y pidieron que todos los expedientes se agruparan en uno solo porque con ello se evitaría “separar artificialmente” una gran superficie en varios proyectos para que “pareciera que había un menor impacto ambiental”. Desde el Gobierno regional era otro el punto de vista: “la individualidad de cada expediente viene marcada por su consideración como expediente minero”, pero el propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental “podrá requerir que se entren a analizar los efectos sinérgicos de los expedientes más próximos”.

A partir de entonces, el proceso se dividió entre las movilizaciones ciudadanas, de las más participativas conocidas en la comarca, y las Cortes regionales, donde llegaron a aprobarse hasta tres resoluciones pidiendo el archivo “inmediato” del proyecto minero. Estas iniciativas parlamentarias las capitaneó el diputado de Podemos David Llorente y curiosamente se aprobaron tras recibir el apoyo del PP, partido que había iniciado los trámites. Por su parte, desde el Gobierno siguieron defendiendo la legalidad del proceso y remitiendo a la declaración de impacto ambiental. Pero incluso antes de que esta se aprobara ya el propio presidente, Emiliano García-Page, manifestó su rechazo a este tipo de minería. Con ello daba las pistas sobre su futuro.

En cuanto a la empresa promotora, defendió su iniciativa prácticamente hasta el final. En el documento de alcance que le solicitó el Gobierno castellano-manchego rebajó las cantidades de agua que necesitaría para la extracción de monacita y abogó por pozos, desaladoras o incluso camiones cisterna. A sus alegaciones incorporó informes que negaban muchos de los riesgos apuntados y subrayó que en realidad se trataba “de una gravera”.

Pero el resultado al final fue el previsible. A finales de octubre la Junta anunciaba informe desfavorable al proyecto y anunciaba que no habría minería de tierras raras en el Campo de Montiel por la “inviabilidad ambiental” de este tipo de extracción minera y por su afección a un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como el águila imperial, el sisón y el milano real, además de ser zona de paso del lince ibérico. “Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero Martínez Arroyo. Con ello se daba ‘carpetazo’ a uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura y triunfaba ese ‘no a la mina’ repetido en las manifestaciones.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva celebró ampliamente esta decisión y anunció que seguirá trabajando para tener una ley regional que establezca limitaciones a esta minería e impida la implantación de proyectos en el futuro. En esta misión se encuentra el diputado David Llorente, que se ha comprometido en este objetivo y que también se congratuló del final del proyecto, contra la “oligarquía de las tierras raras”.