Hay “un amplio grado de incompatibilidad” entre la actual gestión del río Tajo y los principios de desarrollo sostenible que Europa le exige a cualquiera de sus Estados miembros. Es una de las conclusiones que recoge la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Beatriz Larraz en una reciente monografía -firmada por varios autores- en la que se aborda el desarrollo sostenible en el siglo XXI, atendiendo a cuestiones relacionadas con la economía, la sociedad y el medio ambiente.
El artículo de Larraz analiza los “conflictos más graves” que presenta la cuenca del río en su demarcación española y que, en opinión de la autora, “son consecuencia directa” de la gestión del agua en España desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Además pone a la cuenca del Tajo como “ejemplo de uno de esos tipos de desarrollo económico que no solo han producido deterioro en el medio ambiente sino que en sí mismos han llevado a un incremento de la desigualdad social en el país”.
El sobreexplotado “almacén” del Tajo
El río Tajo es el más largo de la Península Ibérica y su cuenca es la más poblada con más de 10 millones de habitantes. También es la más regulada de España, capaz de almacenar el 20% de la capacidad de retención nacional total.
Su importancia, pues, es clave: existen 207 embalses con capacidad para almacenar 11.000 hectómetros cúbicos. De hecho, apunta la profesora, “la última parte de la demarcación española, hasta la frontera con Portugal, se puede afirmar que el río es una cadena de embalses que retienen el agua a lo largo de 300 kilómetros, dando como resultado un río seco, sin vida y sin dinámica fluvial en algunos tramos”.
“No hay otro río en España que reúna la amplia y grave problemática que afecta al río Tajo, a pesar de que existen numerosos casos de degradación ambiental de los ríos y lagos en el país”, asevera la autora.
El enfoque “mercantilista” del Trasvase
Entre todos los embalses que retienen agua de este río hay dos que destacan y que han marcado su historia más reciente: La construcción de Entrepeñas y Buendía en 1956 y 1958 respectivamente. Después, vino el inicio del funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en 1981. Todo ello, recalca Beatriz Larraz, ha traído consigo una regulación “estricta”, por un lado, para poder trasvasar tanta cantidad como demanda el Levante español y un desvío efectivo de agua hacia esa zona que, junto a la gran contaminación que sufre proveniente de Madrid lo han dejado en una situación “irreconocible en algunos casos” y a la sociedad ribereña ante la imposibilidad de disfrutar de él“.
Se ha pasado del “río todavía natural” anterior a los trasvases a una situación “bien distinta” porque “los ribereños solo observan un caudal insuficiente en cantidad (…) sin las crecidas ni sequías tan necesarias para el mantenimiento de las poblaciones biológicas, muy contaminado en su tramo medio, tras recibir las aguas no suficientemente depuradas de las poblaciones que vierten sus aguas de saneamiento”.
Larraz cree que “el enfoque mercantilista es incompatible con el desarrollo sostenible (…) ya que la sola consideración económica, despreciando las dimensiones social y medioambiental, haciendo prevalecer el crecimiento económico sobre la igualdad y la sostenibilidad, compromete las necesidades de las generaciones futuras por asegurar las necesidades del presente de unos pocos”.
Incluso, desde el punto de vista jurídico, y para el mantenimiento del Trasvase, la autora apunta que “ha sido necesaria la construcción de un complejo entramado legislativo”.
España no cumple los dictados de Europa en gestión del agua
En el año 2000 se aprobó una Directiva Marco del Agua europea, cuya primera consideración es que el agua no es un bien comercial como los demás sino un patrimonio que hay que proteger. Según Beatriz Larraz la norma supuso “un choque” que todavía hoy “cuesta asimilar”. Es un “conflicto de enfoques” al que se suman “cuestiones políticas” y la “poca predisposición al cambio” en la gestión del río.
Y eso pese a que la Directiva europea incluye el encargo a los Estados miembros de la mejora y protección de las masas de agua subterráneas y superficiales. “La diferencia de enfoque en lo que respecta a qué es el agua y cómo deben ser gestionados los recursos hídricos del país está en el origen de la actual situación de la cuenca del Tajo”, asegura.
El propio órgano de gestión de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) reconoce en el Plan Hidrológico (2009-2015) la existencia de varios problemas. Por ejemplo, la disminución de aportaciones en la cabecera hasta en un 47%. O que “oficialmente” se considera un problema la necesidad de abastecer a los 6,4 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid que “no solo acapara los recursos de gran cantidad de afluentes (…) sino que vierte en ellos sus redes de saneamiento, no siempre suficientemente depuradas”. Eso, comenta, “ocasiona problemas de calidad en el llamado eje del Tajo, que incluye a la ciudad de Toledo entre otras poblaciones y una clara afección socioeconómica de los pueblos ribereños”.
De hecho, explica Larraz, ninguno de los tres ríos a los que vierten las principales depuradoras (Guadarrama, Jarama y Manzanares) recuperará un buen estado ecológico “ni en el año 2027”. También se reconoce a Talavera como “punto crítico” con problemas en calidad de aguas y degradación de cauces y riberas.
Otro de los aspectos controvertidos, por no respetados, es el que se refiere al caudal del río. Larraz recuerda que la Directiva Marco apunta la necesidad de “fijar un régimen caudales ecológicos, dependiente de las estaciones del año, en lugar de caudales mínimos fijos como los que recoge el actual Plan Hidrológico”.
En este sentido, señala que “la gestión del agua llevada a cabo por la CHT hasta el día de hoy no ha dado todavía sus frutos”, entre otras cosas porque el Plan Hidrológico del Tajo 2009-2015 no fue aprobado hasta 2014. Y no lo fue “fundamentalmente por interferencias políticas en cuestiones que debían ser meramente técnicas”.
No se espera un buen estado ecológico ni para 2027
Según los objetivos medioambientales marcados en el propio Plan Hidrológico 2009-2015, se esperaba que en 2015 el 70% de las masas de agua hubieran alcanzado un buen estado ecológico. Eso no ha sucedido. Un 11% se preveía para 2021 y otro 10% para 2027. Para el 6% de masas de agua, las que se encuentran en la Comunidad de Madrid, no se esperaba conseguirlo ni en 2027. Del 3% restante ni siquiera se ofrecen datos.
Larraz se pregunta cómo es posible que, en la revisión del Plan Hidrológico (2015-2021), dichas masas de agua no aparezcan señaladas como en riesgo de incumplir el buen estado en 2015. “¿Cómo se espera que se recuperen para 2027 las masas de agua (…) desde Aranjuez hasta pasada la ciudad de Toledo si no se van a recuperar los ríos de la Comunidad de Madrid que vierten al (…) Tajo?”, se pregunta. También pone en cuestión que Talavera de la Reina pueda disfrutar del río “si el Alberche es retenido aguas arriba para el abastecimiento de Madrid y lo que llega de Toledo ya se encuentra en mal estado ecológico”.
Son todas ellas, preguntas sin respuesta y la autora dice “entender” la situación de “indefensión e indignación” de los ciudadanos de poblaciones ribereñas. En la cabecera del Tajo, una vez construidos los embalses, se pasó de la actividad agraria a la turística gracias al llamado ‘Mar de Castilla’, el complejo Entrepeñas-Buendía. Desde el año 1981 y con un progresivo aumento de los trasvases todo el esfuerzo inversor se fue al traste.
Así se reconoce en el texto del propio Plan Hidrológico 2209-2015. “Las posibilidades de desarrollo de las poblaciones ribereñas ligadas al agua se han visto anuladas como consecuencia del vaciado periódico de los embalses de cabecera”.
La autora concluye que resulta “urgente” la decisión de llevar a cabo nuevas medidas que puedan paliar esta situación a corto-medio plazo y que pasan por un incremento y mejora de la investigación en técnicas de depuración y su implementación en la cuenca“ así como la adopción de un régimen de caudales ecológicos.