“En España las cosas van para atrás”, afirma el abogado Bernardo Soriano, parte del despacho S&F, expositores en la primera feria cannábica de Castilla-La Mancha. Se refiere al desarrollo del proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, o “como la llamamos nosotros, de represión ciudadana”, en sus propias palabras, en especial en el entorno del consumo, cultivo y tenencia de la marihuana. El “mayor atraso en los derechos sociales de la etapa democrática en España” se considera por los diversos agentes sociales y ciudadanos, quienes no fueron consultados para su creación y desarrollo como una ley meramente recaudativa.
En comparación con la Ley anterior, aún vigente, que se creó en un contexto de alarma social en España sobre todo por el abuso generalizado de la heroína, el precio de las multas se incrementaría en un 330%, pasando de penalizaciones mínimas de 300 euros, a mil. Sin embargo, tal como ha explicado Soriano, la situación actual dista en gran medida de la que promovió la creación de esta Ley, en cuanto la industria española relacionada con el cannabis se encuentra en un momento bollante, con más de 500 clubes sociales. No existe justificación así para esta medida.
Soriano ha señalado además que, si bien antes se permitía que los ciudadanos sancionados por tenencia o consumo en la vía pública, podían elegir entre pagar o someterse a un tratamiento de prevención de riesgos o similar, con la nueva Ley no existiría esta posiilidad, reduciendo la multa a un “pagar o pagar”. Además incluye la cláusula, similar a las de multas de tráfico, que permite la reducción de un 50% si el pago se hace en un plazo establecido, lo que promueve un pago sin explicaciones y sin interposición de recursos.
En España, las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco han llevado a cabo medidas propias dentro de la región para ayudar a esclarecer la legislación alrededor de las asociaciones y clubes de consumo, con una Comisión Parlamentaria a cargo de este tema, junto a un Informe de Expertos en el caso de Euskadi. Cataluña, por su parte ha hecho un llamado por la regulación de los clubes a través de la Conserjería de Salud.
Soriano ha remarcado también el fuerte retraso que sufre España, en comparación con naciones europeas como Suiza, que despenalizó el uso personal el pasado octubre, Alemania, cuya capital abrirá una serie de coffee shops gracias a la promoción de 106 abogados de derecho de las universidades de Berlín, Bélgica, donde se permite transportar 3 gramos de cannabis en la vía pública, o incluso Marruecos, donde se está planeando seguir el modelo de regularización de Uruguay.
¿Por qué es tan importante una regulación adecuada? La respuesta es sencilla: según los datos de Soriano, las mafias de narcotraficantes mueven alrededor de 500.000.000 millones de dólares gracias al negocio de la droga. En el caso de llevar a cabo una regulación global, esta cifra descendería a 200.000.000 millones, de los cuales cada país podría utilizar para no sólo controlar el consumo, sino también ayudar a la educación y rehabilitación de los ciudadanos. “En Uruguay, por ejemplo, el modelo ha ayiudado a que el teme llegue incluso a los colegios”, señala Soriano.
“Vivimos en un mundo en el que incluso Barack Obama, presidente de una de las naciones más influentes a nivel global, ha declarado haber consumido marihuana y ser consciente de sus ventajas ante el consumo de otras drogas legales. En España es sólo la 'moralina' la que impide que se lleve adelante este paso”, asegura.