26 mujeres muertas por accidente de autobús

Imaginemos que un autobús se estrella, cobrando la vida de 26 mujeres. La tragedia sería inmediata y masiva, llenando titulares, programas de noticias y redes sociales. La respuesta sería contundente: promesas de investigaciones, políticos exigiendo mejoras en la seguridad vial y ciudadanos mostrando solidaridad con las familias afectadas.

Ahora, ¿qué pasaría si en vez de muertas dijéramos asesinadas? Desde enero hasta julio de este año, 26 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Sus vidas fueron arrebatadas en un goteo constante de horror que, lejos de provocar una respuesta urgente, parece disolverse en la normalidad de un problema que la sociedad aún no ha sabido enfrentar con la determinación necesaria.

La violencia de género atraviesa todos los estratos sociales y culturales, alimentada por la desigualdad estructural que aún persiste. Sin embargo, se enfrenta a un enemigo adicional: la indiferencia. Esta indiferencia permite que los actos de violencia se repitan sin las consecuencias sociales ni legales necesarias. Cada noticia que pasa desapercibida refuerza la percepción de que la vida de una mujer no vale lo suficiente como para desencadenar una respuesta enérgica y urgente.

Además, existen peligrosos negacionistas que intentan minimizar o justificar estos crímenes, perpetuando la violencia. Esta corriente de indiferencia y negacionismo es alarmante y debe ser combatida con la misma intensidad que cualquier otra forma de terrorismo. La negación de la violencia de género es un insulto a la memoria de las víctimas y una amenaza para cualquier avance hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Es hora de que toda la sociedad, sin exclusión alguna, asuma su responsabilidad en visibilizar esta tragedia diaria con la misma intensidad con la que responderían ante un accidente de autobús que cobra 26 vidas. Cada asesinato debe ser tratado como la urgencia que es, manteniendo la presión sobre las autoridades y la sociedad para que actúen.

Los puntos violetas, espacios de apoyo y seguridad para las víctimas de violencia de género, deben ser una prioridad en todos los municipios. Las autoridades deben garantizar una protección efectiva para las víctimas y sancionar de manera ejemplar a los agresores. Las leyes existentes deben ser aplicadas con rigor y se deben implementar medidas adicionales para cerrar cualquier brecha que permita la continuidad de esta violencia.

La educación en igualdad debe ser una prioridad desde los primeros años de formación, para erradicar las raíces de la misoginia y el machismo que alimentan esta violencia. Es imperativo promover campañas y programas educativos que fomenten el respeto y la igualdad de género.

La sociedad entera debe confrontar sus propios prejuicios y complicidades. La violencia de género es una pandemia que nos afecta a todas y todos, y que solo puede ser erradicada mediante una acción colectiva y decidida. La lucha contra la violencia de género no es solo una responsabilidad de las mujeres, sino de toda la sociedad.

Para lograr un cambio real y duradero, las instituciones políticas deben adoptar un papel proactivo y comprometido. Necesitamos políticas públicas contundentes y recursos económicos suficientes que aseguren la protección de las víctimas y la prevención de la violencia. Es imperativo que los gobiernos central, autonómicos y municipales colaboren estrechamente, estableciendo protocolos claros y eficientes.

La Policía Nacional realiza una labor encomiable en la lucha contra la violencia de género. Sus unidades especializadas trabajan incansablemente para proteger a las víctimas y llevar a los agresores ante la justicia. Su labor es un ejemplo de cómo las instituciones pueden y deben actuar de manera decidida y comprometida en la lucha contra este tipo de violencia.

No podemos esperar a que otra mujer sea asesinada para reaccionar. Cada vida perdida debe ser un recordatorio de nuestra deuda y compromiso con la justicia y la igualdad. La violencia de género es una mancha en nuestra sociedad que no podemos seguir ignorando.

En memoria de las 26 mujeres asesinadas en lo que va de año, alzamos la voz para que sus nombres no queden en el olvido, para que sus vidas no hayan sido arrebatadas en vano, y para que ninguna otra mujer tenga que temer por su vida. Es hora de transformar nuestra indignación en acción, nuestra tristeza en lucha, y nuestro silencio en un clamor incesante por justicia y dignidad.

Imaginemos que un autobús se estrella, cobrando la vida de 26 mujeres. La tragedia sería inmediata y masiva, llenando titulares, programas de noticias y redes sociales. La respuesta sería contundente: promesas de investigaciones, políticos exigiendo mejoras en la seguridad vial y ciudadanos mostrando solidaridad con las familias afectadas.

Ahora, ¿qué pasaría si en vez de muertas dijéramos asesinadas? Desde enero hasta julio de este año, 26 mujeres han sido asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas. Sus vidas fueron arrebatadas en un goteo constante de horror que, lejos de provocar una respuesta urgente, parece disolverse en la normalidad de un problema que la sociedad aún no ha sabido enfrentar con la determinación necesaria.