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Sé que no es muy habitual que una empresa de transporte sanitario se dirija, a través de la prensa, a sus usuarios, menos aún que les pida disculpas por las molestias que los acontecimientos, que estamos viviendo actualmente, les está ocasionando.
Todos, estamos sufriendo de forma muy cruel las consecuencias de una pandemia, en forma de COVID-19, la cual ha puesto a prueba nuestras capacidades, exprimido al máximo nuestros recursos y, en ocasiones, nos ha llevado a arriesgar nuestra propia salud, lo cual me lleva a afirmar que, en las actuales circunstancias, uno de nuestros bienes más y mejor valorados sean los servicios sanitarios.
Permítanme que aproveche estas líneas para hablar del colectivo de profesionales, del que me siento orgulloso de pertenecer que, diariamente, atiende a nuestros mayores, cuida de nuestras familias y nos auxilia cuando sufrimos un accidente; me refiero al personal de Ambulancias Cuenca UTE.
Todos, conductores, técnicos sanitarios, administrativos, mecánicos y personal de limpieza, tienen el objetivo común de cuidar y socorrer a los ciudadanos.
Al inicio de este escrito, les pedía disculpas por las molestias que están padeciendo pues, al drama que supone la lucha diaria contra el coronavirus, ustedes están asistiendo a una huelga del transporte sanitario que les genera dificultades añadidas, huelga que está provocando retrasos en las consultas, cuando no cancelación de las mismas. Sin embargo, les pido que no culpabilicen a los trabajadores de las ambulancias, ellos también son víctimas de una situación perversa.
Arriesgan sus vidas para socorrer las nuestras. Asisten a pacientes, en ocasiones sin saber lo que se encontrarán y a que se expondrán. Están a nuestro servicio las 24 horas del día. Ese es su trabajo, es cierto, pero ese no es el motivo de su queja con la huelga. Como profesionales, que son, entienden perfectamente la naturaleza de su trabajo y los riesgos que conlleva entonces:
¿Por qué los trabajadores del transporte sanitario hacen huelga?
Básicamente porque la regulación de las condiciones laborales de los mismos está supeditada a un convenio colectivo, y éste, el Convenio Colectivo, está a su vez condicionado y subordinado a los precios, valores y licitaciones que, con cada concurso, adjudica la Junta de Comunidades de Castila la Mancha, y por su delegación, el Servicio de Salud (SESCAM), de forma tal que si dicho servicio de salud dotara económicamente este servicio, en cuantía suficiente, en lugar de sacarlo a mera “subasta”, podría preverse una adecuada remuneración de los trabajadores. Al no hacerlo, condena a todo el personal a no tener subida alguna durante los años (4) que, habitualmente, son de adjudicación de este servicio.
En mayo de 2019 los trabajadores, a través de sus sindicatos, iniciaron negociación de un nuevo convenio colectivo con las empresas del transporte sanitario de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Un convenio que no podía incluir mejora alguna salarial ni, obviamente, aumento de los costes económicos, dado que los precios, los valores de adjudicación de la Junta de Castilla la Mancha, no contemplaban ningún tipo de variación a lo largo de los 4 años del servicio adjudicado, por lo que las empresas ni podían, ni estaban dispuestas a asumir coste alguno, a un servicio ya de por sí económicamente justo, cuando no deficitario. Ante esta situación, los sindicatos participantes en las negociaciones, UGT y CCOO, decidieron convocar una huelga indefinida del sector del transporte sanitario.
La Junta de Castilla-La Mancha, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina (26 de mayo de 2019), con los trabajadores del transporte sanitario en las puertas del SESCAM, convocó a las partes y les conminó a firmar el convenio, con el compromiso de que ellos, el SESCAM, aportarían los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha del nuevo convenio colectivo.
Bajo tal obligación, asumida por dicho SESCAM, se redactó y firmó en su propia sede en Toledo el documento que serviría de base económica para, en el resto, empresas y trabajadores negociaran cuando procediera, sin que tal negociación posterior contemplara obligaciones de contenido económico de ningún tipo. Dicho documento reflejaba, literalmente:
“Las partes firmantes, acuerdan efectuar una subida salaria en tramos sucesivos durante la vigencia del convenio que se detalla a continuación, previa firma del contrato de reequilibrio que se firme con el SESCAM por las empresas (al margen de los modificados que se han venido solicitando por parte de cada empresa adjudicataria al SESCAM a fin de hacer efectiva la viabilidad de los diferentes contratos adjudicados”).
Tal documento se redactó y firmó con el expreso compromiso de financiación de la gerencia y secretario general del SESCAM (Sra. Regina Leal y Sr. Luis Ruiz).
Con tal punto de partida, se llevó a cabo la negociación del texto normativo, entre representación patronal y sindical, dándose a la luz el IV Convenio Colectivo, que fue publicado el 11 de febrero de 2020.
Pues bien, a día de hoy, ese IV convenio no se está aplicando y por lo tanto los trabajadores no han visto mejorados sus sueldos. Y ¿por qué está pasando esto?, porque quien se comprometió a financiar el convenio, el SESCAM, ha faltado a su palabra. Próximo a finalizar el año 2020 aún no sabemos ni cuando se empezará a financiar el convenio (teóricamente desde enero de este año 2020) ni la cuantía económica.
En esta situación es más que comprensible, también para esta empresa, el estupor y la posterior indignación de los trabajadores. Es válida su petición, esto es que ha de aplicarse el convenio, pero también es cierto que no debe olvidarse que ese cumplimiento, el económico, debe ir precedido -tal y conforme se acordó-, por la previa firma del contrato de reequilibrio, entre SESCAM y empresas. Y es que el SESCAM no ha aportado ni un solo euro y, lo que es peor, no parece que quieran hacerlo. No en vano, ni siquiera la gerencia del SESCAM atiende -al menos a esta empresa-, para la búsqueda de una solución, derivando sus propias competencias a otras personas.
Es por ello, a nadie debería sorprender, que desde el propio titular de la Consejería se falte clamorosamente a la verdad afirmando que existen reuniones “a diario” para resolver el conflicto -cuando esto es rotundamente falso- o que, la propia Sra. Regina Leal, afirmara a esta empresa que “al SESCAM no le afecta la huelga. Podemos aguantar hasta el próximo año”.
Los trabajadores de Ambulancias Cuenca, a través de sus sindicatos, en legítima defensa de sus intereses, están ejerciendo un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga y que la Empresa respeta y comprende, pero que se ve imposibilitada a solucionar porque la solución está en manos del SESCAM.
Sé que no es muy habitual que una empresa de transporte sanitario se dirija, a través de la prensa, a sus usuarios, menos aún que les pida disculpas por las molestias que los acontecimientos, que estamos viviendo actualmente, les está ocasionando.
Todos, estamos sufriendo de forma muy cruel las consecuencias de una pandemia, en forma de COVID-19, la cual ha puesto a prueba nuestras capacidades, exprimido al máximo nuestros recursos y, en ocasiones, nos ha llevado a arriesgar nuestra propia salud, lo cual me lleva a afirmar que, en las actuales circunstancias, uno de nuestros bienes más y mejor valorados sean los servicios sanitarios.