Coronavirus, derecho a la salud y servicios públicos

La crisis sanitaria global desencadenada por la epidemia del coronavirus es un buen motivo para reflexionar sobre la importancia de la salud y de los servicios públicos. El derecho a la salud se consagra en las Constituciones que regulan los Estados del Bienestar (EB). El objetivo de este modelo de Estado es garantizar, como derecho, una provisión mínima de bienes y servicios esenciales, como la salud. Las Constituciones tienden a que el derecho a la salud sea universal, vincule a los poderes públicos y su cumplimiento se pueda exigir ante los tribunales.

Que la salud sea un derecho universal implica la creación de servicios públicos de salud a los que acceden todas las personas residentes en el país, incluyendo a la población extranjera. Un rasgo característico de la salud pública es que no la disfrutamos las personas de manera individual, cada una por nuestra cuenta, sino que existe salud pública cuando es disfrutada conjuntamente por toda la población.

Son razones de interés general las que justifican que se reconozca la asistencia sanitaria integral, a través de los servicios públicos de salud, al margen del mercado, como hacen la Constitución española (artículo 43) y la Ley General de Sanidad (14/1986). Se entiende que la lógica del mercado, según la cual solo quien puede pagar tiene acceso a un servicio, no se debe aplicar a la salud; no sólo por ser un derecho fundamental sino, en última instancia, porque la salud pública es de crucial importancia para la vida de la sociedad en su conjunto.

Como estamos comprobando con la epidemia del coronavirus, la salud pública no es un asunto individual que dependa solo de las personas, sino que estamos ante un bien público de interés social, porque sin salud pública se puede colapsar la vida de las sociedades. Es lógico por lo tanto, que el Estado en coordinación con las comunidades autónomas garantice como derecho una salud pública básica, con carácter universal y de calidad, para hacer posible el desenvolvimiento normal de la vida social,

Ahora bien, como el derecho universal a la salud se apoya en servicios públicos que se sostienen y pagan colectivamente mediante los impuestos, no nos debe extrañar los ataques a los servicios públicos de salud promovidos por los partidos, organizaciones o grupos de interés que se oponen a las tendencias redistributivas que implica el pago de impuestos. En el caso de España, donde el sistema fiscal es regresivo, poco redistributivo, profundiza la inequidad y está dominado por el fraude y la evasión de capitales (mediante sociedades offshore), la ofensiva contra los servicios públicos de salud se llevó a cabo mediante las políticas adoptadas a partir de 2012, con la coartada de la crisis financiera y al socaire de la reforma exprés de la Constitución.

Los ataques al sistema de salud realizados por el gobierno del Partido Popular para ahorrar 7.600 millones de euros, se ponen en práctica en connivencia con empresarios dispuestos a hacer negocio a costa de la salud pública. Los políticas impuestas en 2012 ocasionaron que las comunidades autónomas que tienen transferidas la competencia, llevaran a cabo recortes, privatizaciones y concesiones que hipotecaban la inversión sanitaria presente y futura; los recortes afectaron al personal sanitario de los centros de atención primaria, de atención especializada, hospitales y prestaciones, llegando en algunas comunidades a eliminar pruebas diagnósticas, como la del talón, de bajo coste y que permiten prevenir enfermedades cuyo tratamiento posterior sería costoso.

Las políticas sanitarias del gobierno del Partido Popular (concretadas en el aumento del copago farmacéutico, la exclusión de los inmigrantes y una sangría de 20.000 trabajadores en dos años), ocasionaron una deterioro catastrófico de los servicios públicos de salud. El deterioro progresivo de la sanidad pública (ocasionando desigualdades de acceso a la asistencia sanitaria, listas de espera y recortes en prestaciones) empujó a que la ciudadanía se diera de alta en compañías aseguradoras. Según la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública esta estrategia de degradación del sistema público de salud, incentivó que las personas se afiliaran a la sanidad privada, para saltarse las listas de espera.

Además de los recortes, las comunidades autónomas decidieron que las necesidades permanentes de personal sanitario del sistema público pasaran a ser cubiertas mediante fórmulas de contratación temporal, dejando en precario el sistema público de salud. El deterioro despiadado de la sanidad pública hizo que la alta valoración que tenía la ciudadanía del sistema público de salud, cayera bruscamente. Esto explica que mientras la economía estaba en recesión, las pólizas de salud no pararan de crecer hasta llegar a los 11,5 millones de personas cubiertas en 2017. No obstante conviene saber que este modelo de sanidad privada, instaurado a partir de la crisis, lo financiamos entre toda la ciudadanía mediante desgravaciones fiscales, deducciones en el impuesto de sociedades y las pólizas privadas de funcionarios.

Los directivos de la sanidad privada, la describen como complementaria, de calidad, asequible y cómoda. La crisis del coronavirus nos ha permitido comprobar que la sanidad privada no es complementaria, ni asequible, sino que es selectiva. Al declararse la epidemia del coronavirus la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), denunciaron que los hospitales y clínicas privadas derivaban a la sanidad pública todos los casos sospechosos, ya que los seguros privados de salud no cubren el coronavirus por ser una pandemia.

La crisis está dejando claramente de manifiesto en opinión de AFEM que “el objetivo de la sanidad privada no es procurar salud, ni mucho menos colaborar con el sistema público, su objetivo es ganar dinero, como cualquier empresa privada y el método es seleccionar bien el riesgo para traspasarlo o evitarlo”.

A la vista de las anteriores consideraciones es posible concluir, que si la crisis financiera global de 2008 sirvió para poner de relieve el fracaso del capitalismo financiero, inspirado en la fantasía del libre mercado; la crisis sanitaria global ocasionada por el coronavirus, está poniendo de relieve el fracaso del modelo sanitario privado, movido por un insaciable afán de lucro. Confiemos que la pandemia del coronavirus sirva para que toda la ciudadanía, incluyendo la clase política, tome conciencia de la importancia que tiene la inversión en unos servicios públicos de calidad, que garanticen el derecho a la salud pública de toda la colectividad, permitiendo así el buen funcionamiento de la vida social, económica, política y cultural.