Desmemoria, empobrecimiento e impunidad

Salta la noticia de que el reino de los Países Bajos abrirá al público el archivo con los datos personales de los investigados por colaborar con los nazis, al cumplirse el plazo de los 75 años de los documentos.

Mientras en España los investigadores siguen, seguimos, teniendo dificultades para acceder a ciertos fondos documentales, bien por no estar aún debidamente catalogados y listos para su acceso público, o bien porque algunos 'guardianes' de los archivos ponen pegas al acceso, digitalización y difusión de los mismos, como nos recuerdan prestigiosos investigadores en el volumen recién publicado El acceso a los archivos en España. Recordemos que Carmen Chacón, como ministra de Defensa en 2011 ordenó la desclasificación de miles de documentos hasta entonces declarados “secretos” pero, posteriormente, su sucesora Cospedal dilató la gestión para completarlo. Sin embargo, lo peor es cuando se han destruido fondos documentales de interés general.

Una figura clave para el tema que nos ocupa, y ejemplo de como se realizó la transición española, es Rodolfo Martín Villa. Fue en época franquista jefe nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), de la Organización Sindical y procurador de las Cortes franquistas. Nombrado por Adolfo Suárez (UCD) ministro de Relaciones sindicales -relacionado con los trágicos sucesos de Vitoria-, posteriormente ocuparía las carteras de Gobernación, Interior y Administración Territorial. Una de las medidas que tomó fue el de destruir, sí, destruir, los archivos de las organizaciones falangistas, del Movimiento o de la Guardia Civil. 

Y con ello se perdieron los expedientes personales de cientos de miles de sus afiliados, los archivos de las jefaturas de policía provinciales, Instituciones penitenciarias, o de las oficinas de las principales autoridades locales del franquismo, incluidas las de los gobiernos civiles. Fui testigo de ello, pero mi juventud me impidió calibrar las responsabilidades, el alcance y dimensión que ello tenía para la memoria colectiva. Vi todavía los archivos -entonces eran todos en papel- de la Jefatura Provincial de Falange, del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina de la calle de la Plata, los expedientes en los sótanos del Gobierno Civil o el enorme salón lleno de mobiliario, papeles y libros del arco de los sindicatos (verticales). Nadie -y estábamos ya en democracia- dijo nada en contra.

Pero, además de la documentación del Partido Único, convoyes enteros de camiones se llevaron los documentos de la represión de distintos organismos públicos. Además de la deliberada destrucción de archivos, se produjeron también pérdidas involuntarias cuando algunos ayuntamientos los vendieron al peso como papel para su reciclado -también lo pude observar en mi localidad natal, Villacañas-. ¿Obediencia debida? No, en muchas provincias o localidades si se conserva la documentación de ese largo periodo.

Y otra concesión a la transición: la pervivencia de fundaciones como la de Francisco Franco o la de Ramón Serrano Suñer, cuya gestión y objetivos choca con la letra de la Ley de Memoria Democrática.

Por ello se nos ha burlado parte de nuestra propia historia. Ya no podremos reconstruir con más eficacia o de forma más completa lo que pasó durante esos más de cuarenta años. Lo único que podemos pedir es que las secretarías de nuestras instituciones públicas protejan y guarden a buen recaudo la información que, sobre cualquier soporte, se genere y, de esta forma, puedan generaciones futuras tener una visión más amplia, incluso que la de nosotros mismos, del mundo en que vivimos.

Salta la noticia de que el reino de los Países Bajos abrirá al público el archivo con los datos personales de los investigados por colaborar con los nazis, al cumplirse el plazo de los 75 años de los documentos.

Mientras en España los investigadores siguen, seguimos, teniendo dificultades para acceder a ciertos fondos documentales, bien por no estar aún debidamente catalogados y listos para su acceso público, o bien porque algunos 'guardianes' de los archivos ponen pegas al acceso, digitalización y difusión de los mismos, como nos recuerdan prestigiosos investigadores en el volumen recién publicado El acceso a los archivos en España. Recordemos que Carmen Chacón, como ministra de Defensa en 2011 ordenó la desclasificación de miles de documentos hasta entonces declarados “secretos” pero, posteriormente, su sucesora Cospedal dilató la gestión para completarlo. Sin embargo, lo peor es cuando se han destruido fondos documentales de interés general.