El Gobierno regional abandona a su suerte a la ciudadanía castellanomanchega más vulnerable

Como ya denunciamos desde la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha (PSSP), así como distintos colectivos y organizaciones regionales, en 2020 tuvimos que ver que mientras Castilla-La Mancha y España sufrían una crisis sanitaria y económica sin precedentes, el Gobierno regional decidió abandonar a su suerte a cientos de familias al publicar una resolución que denegaba todas las solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad presentadas a lo largo del año (el equivalente a la Renta Mínima regional).

A esta situación hay que añadir que las Ayudas de Emergencia Social eran paralizadas durante meses para aprobar una parte (más o menos grande dependiendo de cada provincia) en el mes de diciembre. El presupuesto total de la suma de ambas ayudas se redujo de 21.074.520 euros en 2019 a 16.699.520 euros en 2020.

Después de este año de pesadilla, en el que las y los profesionales de Atención Primaria eran premiados por contener las colas del hambre sin hacer excesivo ruido, nos encontramos con un 2021 en el que la Consejería de Bienestar Social ha decidido recortar estas ayudas (que claramente eran muy insuficientes en 2020) un 31,21% para el 2021, pasando a presupuestar unos míseros 11.487.920 euros (lo que supone un recorte del 45,51% respecto a 2019). Además, a pesar de las numerosas denuncias públicas que ha habido por la suspensión de la Renta Mínima regional, se ha publicado una nueva convocatoria que impide que puedan acceder a ella nuevas personas beneficiarias, con el claro objetivo de extinguirla por completo lo antes posible.

Desde la PSSP exigimos al Gobierno regional de la Junta de Comunidades un giro radical en su política social, para que deje de contribuir a conseguir una región llena de familias cada vez más empobrecidas y solicitamos que, entre otras, se lleven a cabo las siguientes acciones:

1.- Nueva convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad durante los años que sean necesarios hasta comprobar que el Ingreso Mínimo Vital se implanta de manera efectiva y suficiente en la región.

2.- Realizar una convocatoria de lucha real contra la pobreza que específicamente permita cubrir las necesidades energéticas de las personas y familias vulnerables y en situación de exclusión social durante los meses de invierno, que suponga cubrir un porcentaje variable de las facturas de suministro para las familias más vulnerables. Las ayudas que en años anteriores se han ofertado utilizando a ONGs para su reparto se han limitado a pagos únicos de 150 euros anuales que parecían más una limosna que una ayuda real teniendo en cuenta que el gasto medio por familia en Castilla-La Mancha para estos suministros es de unos 1.400 euros anuales. Esta convocatoria podría realizarse de manera más efectiva, por ejemplo, desde la Consejería de Fomento, ya que la carencia de ingresos suficientes es un problema estructural y no algo a solucionar por los Servicios Sociales.

3.- Aumentar considerablemente el presupuesto de las Ayudas de Emergencia Social para que de verdad puedan cubrir las necesidades básicas detectadas desde los Servicios Sociales.

La PSSP no quiere que continúe habiendo familias y personas que pasan hambre y frío en 2021 en Castilla-La Mancha por la falta de sensibilidad y de compromiso público al que está obligado el Gobierno de García-Page.

Como ya denunciamos desde la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha (PSSP), así como distintos colectivos y organizaciones regionales, en 2020 tuvimos que ver que mientras Castilla-La Mancha y España sufrían una crisis sanitaria y económica sin precedentes, el Gobierno regional decidió abandonar a su suerte a cientos de familias al publicar una resolución que denegaba todas las solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad presentadas a lo largo del año (el equivalente a la Renta Mínima regional).

A esta situación hay que añadir que las Ayudas de Emergencia Social eran paralizadas durante meses para aprobar una parte (más o menos grande dependiendo de cada provincia) en el mes de diciembre. El presupuesto total de la suma de ambas ayudas se redujo de 21.074.520 euros en 2019 a 16.699.520 euros en 2020.