Moralidad y eficacia en la gestión del patrimonio

Un conocido medio de prensa de nuestra región se hizo eco de un asunto que coleaba en la administración autónoma desde hace meses: la supuesta donación de objetos que habían pertenecido a deportados de la región en campos de exterminio nazis. Ya el titular reflejaba el tono que el autor del desaguisado, “un voluntario e investigador”, Antonio Muñoz, quería transmitir a la opinión pública: “La Junta rechaza los recuerdos de una víctima del Holocausto”.

La situación a la que se había llegado era fruto de una mala praxis por parte del intermediario en la gestión, Antonio Muñoz. Según él, había conseguido de una de las familias la donación de objetos de uno de los deportados a algún organismo público de la región para que estuviera a disposición de la ciudadanía. Podía haber escogido al Estado, en alguno de los Museos estatales -no fue buena elección intentarlo con el Museo del Ejército-, pero prefirió, como se ha hecho con otras piezas de la misma procedencia, hacerlo con la comunidad autónoma, en este caso la de Castilla-La Mancha donde está situada la localidad de origen del deportado, al igual que los de otro procedente de Albacete. 

Pero, independientemente de que fuera un Archivo o un Museo (espacio, éste último, más idóneo por las características de las piezas y por no estar arropadas por documentos originales del entorno de los deportados), el problema ha sido el de la trazabilidad de la “custodia” de las piezas, sin ningún documento que certificara la donación por parte de los familiares de los deportados, ni por parte del Archivo Arolsen de Alemania, ni por el depositante. Ante la falta de garantías, los técnicos de la administración regional poco pueden hacer de la supuesta “donación”.

El resto de las declaraciones de Antonio Muñoz, recogidas por la prensa sin contrastar fuentes, ha sido el producto de auto exculparse y esparcir agravios: clamar por la poca sensibilidad de la administración hacia tan sensible tema, comparar con otras entidades autonómicas incorporando a ello el color político de cada una de ellas. La noticia ha cogido vuelo en las redes y algún conocido político, fruto de esta desinformación, ha tachado a los responsables de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de “miserables, ignorantes, indolentes, groseros, paletos, cínicos, insensible e hipócritas”, lo que no es sino fruto de la mala gestión del patrimonio cultural por parte del “intermediario” y de la falta de contrastar los datos por parte del periodista. Pero ya está hecho el daño, incluso para las piezas que han sido objeto de traslados innecesarios.

Otro asunto que nos trae a este titular es el que nos transmitió, en este caso El País en un artículo titulado “El enigma del español que se quedó a tres votos de ser papa”, que se publicó el 12 de enero último. En él, el periodista Manuel Ansede, ponía en boca de una religiosa de la comunidad concepcionista de Puebla de Montalbán la intervención en una cripta bajo el coro de la iglesia de su recinto conventual: “La monja recuerda con angustia el día de 2003 en que un albañil descubrió un cadáver en esa cripta (…) Para evitar que la Policía o Patrimonio alterasen su liturgia diaria, las monjas se limitaron a cubrir el cadáver del siglo XVI con unos ladrillos, sin moverlo ni avisar a las autoridades”. 

Hace bien el periodista, en este caso, de trasladarnos una práctica habitual. Lo que no deben hacer las autoridades civiles es hacer como que no saben nada y, aunque haya prescrito el delito, notificar a la comunidad que, si vuelve a ocurrir algo semejante, lo trasladen a la Delegación de Educación, Cultura y Deporte, en este caso de Toledo, competente en el caso. Y, al Delegado de Arte Sacro del Arzobispado recordarle que es su deber informar a todo el estamento eclesiástico de las obligaciones por parte de religiosos y religiosas de cumplir con la ley, ya que eso, según las directrices espirituales que está dando el Papa Francisco a sus fieles, se llama claramente “pecado” -nosotros lo denominaríamos “mala gestión del patrimonio cultural, y en este caso delito-. Mal ejemplo, si no, estamos dando a la ciudadanía.

Un conocido medio de prensa de nuestra región se hizo eco de un asunto que coleaba en la administración autónoma desde hace meses: la supuesta donación de objetos que habían pertenecido a deportados de la región en campos de exterminio nazis. Ya el titular reflejaba el tono que el autor del desaguisado, “un voluntario e investigador”, Antonio Muñoz, quería transmitir a la opinión pública: “La Junta rechaza los recuerdos de una víctima del Holocausto”.

La situación a la que se había llegado era fruto de una mala praxis por parte del intermediario en la gestión, Antonio Muñoz. Según él, había conseguido de una de las familias la donación de objetos de uno de los deportados a algún organismo público de la región para que estuviera a disposición de la ciudadanía. Podía haber escogido al Estado, en alguno de los Museos estatales -no fue buena elección intentarlo con el Museo del Ejército-, pero prefirió, como se ha hecho con otras piezas de la misma procedencia, hacerlo con la comunidad autónoma, en este caso la de Castilla-La Mancha donde está situada la localidad de origen del deportado, al igual que los de otro procedente de Albacete.