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Como cada 15 de marzo conmemoramos, desde hace décadas, el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Pero este año, en nuestra región, queremos trascender el mero recordatorio de una enumeración de derechos, no sólo para renovar el compromiso del Gobierno regional en su protección y fortalecimiento, sino también para asumir el liderazgo preciso que nos permita transitar de la sociedad de consumo actual a una sociedad de personas consumidoras plenamente implicadas en dotar a sus decisiones de compra de un valor de sostenibilidad, tanto económica como ambiental y social.
Y por ello, con este convencimiento, en estos momentos de dificultad por la crisis del coronavirus, no debemos de pasar la oportunidad como Administraciones de apelar a la corresponsabilidad social de las personas consumidoras. En primer lugar, haciendo un llamamiento a la calma, ya que no hay riesgo de desabastecimiento y urge asimilar que la compra compulsiva, por pánico, puede convertirse en una amenaza añadida en nuestro afán de superar, de forma tranquila y ordenada, la prueba a la que nos estamos viendo sometidos todas y todos.
En este sentido, pongo de manifiesto, una vez más, que nuestra Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras nos habilita para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar a todos los ciudadanos de la región, el acceso y suministro a los productos básicos, donde contamos con la colaboración de nuestros comercios y empresas. Por ello, debemos lanzar un mensaje de tranquilidad para que en Castilla-La Mancha no solo seamos un ejemplo de sostenibilidad, sino también de responsabilidad.
Es un momento para todos muy importante para contribuir desde nuestra responsabilidad a vivir unas semanas con calma, de evitar cualquier situación de tensión, de consultar solo y exclusivamente información oficial y, por supuesto, de evitar la compra compulsiva.
En Castilla-La Mancha hace un año emprendimos un liderazgo en materia de Consumo con la aprobación por unanimidad de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras, el instrumento jurídico más innovador y avanzado en la materia, lo que nos posiciona de forma privilegiada para el desarrollo de las políticas de consumo más vanguardistas en nuestro país y, en buena medida, también pioneras a escala internacional.
Pero nuestra hoja de ruta tiene señas de identidad propias y un objetivo claramente definido que no es otro que el desarrollo sostenible, construido desde la participación y la corresponsabilidad ciudadana, a través de sus hábitos de compra y estilos de vida acordes con un consumo inclusivo, accesible, seguro y solidario.
Y como dice el poeta, si el camino se hace andando, debemos de ser capaces de transformar los derechos en realidades. Y por ello, ya estamos dando los primeros pasos, por ejemplo, en asegurar y facilitar a nuestros mayores y a aquellas otras personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a los bienes y productos básicos en los lineales de autoservicios y supermercados mediante un programa de compra asistida. Y velamos también por educar a nuestros escolares en la Educación para un Consumo Responsable.
Además, nos vamos a dotar de un mecanismo único en Europa que va a permitir la recuperación de las cantidades indebidamente cobradas que se reclamen, satisfaciendo así una de las reivindicaciones más sentidas por el colectivo de personas consumidoras.
Por otra parte, en Castilla- La Mancha podemos presumir de ser la primera comunidad autónoma que aprueba una norma para prevenir el desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente y seguro de los excedentes alimentarios.
También queremos predicar con el ejemplo, por eso estamos trabajando para impulsar un marco normativo para la contratación y el consumo desde las administraciones públicas con criterios éticos y de sostenibilidad, que contemple aspectos, entre otros, como la promoción del uso de productos y suministros de origen renovable, el fomento del comercio justo, la prevención de residuos o la reducción del desperdicio alimentario en centros y recursos públicos en el marco de una estrategia regional que se impulsará en próximas fechas, con la creación del Foro regional para la prevención del desperdicio alimentario.
En definitiva, creemos y apostamos por un desarrollo sostenible centrado en las personas consumidoras, sabedores de su responsabilidad y papel activo en el modelo de economía circular al que estamos transitando en nuestra región, capaz de contribuir hacia nuevos modelos de producción y consumo que cumplan con las metas previstas en la Agenda 2030; empezando de una manera sencilla por fomentar el consumo de productos de proximidad en nuestros pueblos y ciudades reduciendo así la huella de carbono y la despoblación rural.
Con esta convicción, quiero aprovechar la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras para animarles a transitar por el sendero de futuro y prosperidad que hemos emprendido juntos en la región.
Y finalizo reiterando desde el Gobierno regional la llamada a la calma y a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como personas consumidoras. Desde las administraciones tenemos la oportunidad y responsabilidad de servir a la ciudadanía y también de hacerlo unos con otros, con solidaridad y ayuda mutua, sin contribuir a generar más nerviosismo ni tensión en los próximos días. Sigamos las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Juntos lo conseguiremos.
Como cada 15 de marzo conmemoramos, desde hace décadas, el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Pero este año, en nuestra región, queremos trascender el mero recordatorio de una enumeración de derechos, no sólo para renovar el compromiso del Gobierno regional en su protección y fortalecimiento, sino también para asumir el liderazgo preciso que nos permita transitar de la sociedad de consumo actual a una sociedad de personas consumidoras plenamente implicadas en dotar a sus decisiones de compra de un valor de sostenibilidad, tanto económica como ambiental y social.
Y por ello, con este convencimiento, en estos momentos de dificultad por la crisis del coronavirus, no debemos de pasar la oportunidad como Administraciones de apelar a la corresponsabilidad social de las personas consumidoras. En primer lugar, haciendo un llamamiento a la calma, ya que no hay riesgo de desabastecimiento y urge asimilar que la compra compulsiva, por pánico, puede convertirse en una amenaza añadida en nuestro afán de superar, de forma tranquila y ordenada, la prueba a la que nos estamos viendo sometidos todas y todos.