No funciona la gestión de nuestro patrimonio

Pensábamos en un titular para esta segunda entrega sobre balances de gestión de Nuestro Patrimonio durante el año que termina, en este caso, de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes y, realmente, después de meditar qué es lo que falla en cada uno de los servicios dedicados a la gestión del Patrimonio cultural hemos pensado que no podemos seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho en otros balances anuales, sino que hemos de buscar el origen de la ausencia de eficacia en la propia estructura de la Viceconsejería, centrándonos en este tema y dejando a un lado las actividades culturales, la gestión del deporte y las políticas destinadas a la juventud.

Creemos, y es nuestra humilde opinión, que la Viceconsejería -en algún momento como Consejería-, bajo un signo político u otro, ha pecado de excesivo dirigismo y de rigidez administrativa, con falta de autonomía y capacidad de gestión de recursos económicos propios para cada uno de los actores de la gestión de nuestro patrimonio cultural.

Un centralismo que hace que se asfixien todo tipo de iniciativas, aporten una rigidez innecesaria en la planificación de cada una de las entidades de gestión ya sean las delegaciones provinciales, los archivos, bibliotecas, parques arqueológicos o los museos dependientes del gobierno regional, aumentando así eficiencia y, sobre todo, la desafección de la ciudadanía como última destinataria de las políticas culturales.

Por supuesto, que hay otros modelos en las distintas comunidades autónomas y en otras latitudes fuera de nuestro país. Desde la externalización de la gestión cultural hasta la estructura que aquí analizamos, que pudiera servir para un pequeño territorio como los territorios uniprovinciales, pero no para una región tan extensa y unos recursos económicos y humanos tan limitados. Prueba de ello es que actualmente presenta altos índices de ineficiencia y una falta de adecuación a nuevas necesidades.

Y no, no se nos puede decir que generalizamos, o que no ponemos ejemplos concretos. Semana tras semana hemos ido trasladando a los lectores y lectoras muestras de buenas prácticas, pero, desgraciadamente, muchos más problemas puntuales, necesidades no atendidas, y no queremos hacer aquí un recopilatorio de ello, lo tienen ustedes en la base de datos digital de esta columna.

Y es que falta planificación -el último Plan digno de ese nombre se realizó hace treinta años y no hemos vuelto a ver algo parecido-, no funcionan correctamente los consejos asesores que señalan la propia normativa con la que se ha ido dotando el corpus administrativo regional, ni la participación ciudadana. Tampoco se ha creado una práctica política de coordinación con las administraciones provinciales o municipales más allá de ejemplos de colaboración puntuales con tal o cual diputación o ayuntamiento.

Y no sólo es responsabilidad de los gestores de la Viceconsejería de Cultura, sino que también hay que señalar la falta de una oposición que realmente cumpla esa función en esta área. Parece que a los partidos políticos la gestión cultural sigue siendo una guinda que adorna el pastel y no un derecho básico de la ciudadanía, tal como señala la UNESCO, las directivas europeas y la propia Constitución española.

Pensábamos en un titular para esta segunda entrega sobre balances de gestión de Nuestro Patrimonio durante el año que termina, en este caso, de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes y, realmente, después de meditar qué es lo que falla en cada uno de los servicios dedicados a la gestión del Patrimonio cultural hemos pensado que no podemos seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho en otros balances anuales, sino que hemos de buscar el origen de la ausencia de eficacia en la propia estructura de la Viceconsejería, centrándonos en este tema y dejando a un lado las actividades culturales, la gestión del deporte y las políticas destinadas a la juventud.

Creemos, y es nuestra humilde opinión, que la Viceconsejería -en algún momento como Consejería-, bajo un signo político u otro, ha pecado de excesivo dirigismo y de rigidez administrativa, con falta de autonomía y capacidad de gestión de recursos económicos propios para cada uno de los actores de la gestión de nuestro patrimonio cultural.