Tienen más razón que un santo en movilizarse

Tras un largo periodo sin escribir de forma habitual, he decidido retomar esta grata tarea, con el claro objetivo de intentar trasladar mi opinión sobre hechos o acontecimientos que entienda de interés de social, político y sindical y que afecten al ámbito provincial, autonómico o nacional. Lo haré de forma razonada y razonable, sin olvidar ni mis orígenes, ni mis convicciones, y con la sana intención de reducir, de ser posible, el ambiente de crispación y enfrentamiento que hoy esta instalado en nuestra sociedad.

Quiero iniciar esta nueva etapa reflexionando sobre el conflicto laboral abierto en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha en el sector de Limpieza de Edificios y Locales por la negociación de sus respectivos convenios colectivos.

Los y las trabajadoras -15.000 aproximadamente- de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (Albacete tiene en vigor su convenio colectivo), convocadas por los sindicatos CC.OO. y UGT, se encuentran en huelga desde el día 10 del presente mes exigiendo la negociación de sus respectivos convenios colectivos que vencieron todos ellos el 31 de diciembre de 2021 y que, pese a haber transcurrido ya más de un año, siguen sin negociarse ante la posición provocadora, inasumible e irresponsable de la patronal estatal ASPEL, secundada por las diferentes patronales provinciales, al estar ofreciendo un incremento del cero por ciento para 2022 y un 9 por ciento global los próximos tres años.

Con carácter previo sería conveniente hacer una breve radiografía del sector en nuestra comunidad autónoma, con características muy similares en el resto del país. Es un sector altamente feminizado: aproximadamente el 93 por ciento de las 20.000 personas trabajadoras son mujeres; existe un nivel muy alto de estabilidad, ya que mas del 90 por ciento son trabajadoras fijas, al incluir todos los convenios una clausula de subrogación obligatoria en caso de sucesión de contratas; un 73 por ciento tienen contrato a tiempo parcial, con una media de 20 horas de trabajo semanales. Los salarios oscilan entre 13.600 euros brutos anuales en Guadalajara y 15.800 en Toledo en jornada completa. Mas del 80 por ciento del personal del sector trabaja subcontratado para las diferentes administraciones publicas: Gobierno central, autonómico, Universidad, diputaciones y ayuntamientos. Sus servicios se prestan desde hospitales, centros de salud, oficinas publicas y privadas, centros de mayores, colegios, ayuda a domicilio, bancos, etc., siendo por tanto imprescindibles para que estos servicios o empresas puedan funcionar con normalidad. La pandemia ha demostrado su carácter de actividad esencial.

Las empresas que gestionan estos servicios, son en su inmensa mayoría filiales de las grandes constructoras del país, que hace algunos años diversificaran su actividad; estamos hablando de Ferrovial, de OHL, de Fomento de Construcciones y Contratas, de ACS, de Acciona, de Dragados, etc., sin olvidar a otras mas pequeñas pero igualmente importantes, y con responsabilidad en las patronales provinciales

Pues bien, con esta realidad de grandes empresas tanto nacionales como provinciales, todas con grandes beneficios; de trabajadores que prestan servicios para todas las administraciones publicas y con unos salarios medios no superiores a 600 euros mensuales, nos encontramos que las empresas tras mas de un año transcurrido desde que vencieron los cuatro convenios colectivos, se niegan a poner encima de la mesa una propuesta medianamente digna y aceptable para sus trabajadores y trabajadoras. Todo lo contrario: ofreciendo cero de incremento salarial para 2022, con una inflación real durante ese año en Castilla-La Mancha superior al 7 por ciento, lo que significaría una perdida real de poder adquisitivo de sus salarios en al menos ese porcentaje, al que habría que sumar que en 2021 el incremento medio de estos convenios fue del 2 por ciento, cuando la inflación lo fue del 6.50 por ciento. Ambos datos supondrían que estos dos años, unos salarios medios de 600 euros, perderían mas del 10 por ciento de poder adquisitivo.

Pero aquí no podemos responsabilizar solamente al sector empresarial, tanto nacional como provincial aunque sí mayoritariamente, sino también a las diferentes administraciones publicas, que tras haber privatizado la práctica totalidad de estos servicios, sin los que no podrían funcionar, con el único y claro objetivo de abaratar costes, debieran tomar cartas en el asunto y poner todos los medios a su alcance, que son muchos, para forzar a las empresas a negociar en términos razonables los convenios colectivos afectados. No se puede limitar a imponer unos servicios mínimos a todas luces abusivos, intentando que la huelga tenga la menor repercusión social posible y no sentarse de verdad a buscar una solución. No deben olvidar que también son sus trabajadores, aunque lo sean periféricos o privatizados y permitir que vivan en una situación de la pobreza absoluta.

Creo que los y las trabajadoras y sus sindicatos han tenido una paciencia y una tolerancia, que nadie puede negar. Yo diría que han tenido mas paciencia que el santo Job y tienen toda la razón para la convocatoria de esta huelga: presentaron a la patronal las diferentes plataformas reivindicativas en febrero de 2022, vienen intentando negociar desde entonces, y las diferentes patronales, al margen de sentarse tarde, no lo han hecho bajo el principio de buena fe al que obliga el Estatuto de los Trabajadores en cualquier marco de negociación, ha dejado pasar el año 2022 sin negociar, y en lugar de ofrecer un acuerdo razonable, se ha dedicado a realizar propuestas que son una autentica provocación.

En estos momentos me llega la información se que convocada por la Consejería de Industria y Empleo se ha mantenido una reunión entre representantes de la patronal y los sindicatos convocantes de la huelga y tras ocho horas de reunión, cuando se estaba a punto de llegar a un acuerdo, de forma abrupta, sorpresiva e injustificada ASPEL ha manifestado que se volvía a las posiciones iniciales y se ha levantado de la reunión sin acuerdo alguno, lo que viene a demostrar una vez mas el carácter provocador e irresponsable de la patronal que estaba sentada en mesa, por lo que la huelga, en estos momentos, solo puede continuar.

Ante ello, el Gobierno regional debe convocar de inmediato una nueva reunión de las partes para retomar las negociaciones en el punto donde se estuvo a punto de cerrar un acuerdo. Y aquí además las patronales provinciales deben intervenir de forma clara y contundente exigiendo a ASPEL que vuelva con ellos a la mesa de negociación. Y en el caso de negarse ambos patronales a sentarse de nuevo deben recibir un aviso muy serio de que su irresponsabilidad no va a caer en saco roto y va a tener consecuencias graves en el corto y medio plazo.

Tras un largo periodo sin escribir de forma habitual, he decidido retomar esta grata tarea, con el claro objetivo de intentar trasladar mi opinión sobre hechos o acontecimientos que entienda de interés de social, político y sindical y que afecten al ámbito provincial, autonómico o nacional. Lo haré de forma razonada y razonable, sin olvidar ni mis orígenes, ni mis convicciones, y con la sana intención de reducir, de ser posible, el ambiente de crispación y enfrentamiento que hoy esta instalado en nuestra sociedad.

Quiero iniciar esta nueva etapa reflexionando sobre el conflicto laboral abierto en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha en el sector de Limpieza de Edificios y Locales por la negociación de sus respectivos convenios colectivos.