Antes de que sea tarde

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19, los Centros de Atención a Discapacitados Intelectuales Gravemente Afectados (CADIG) de la provincia de Cuenca, uno en San Clemente y 'El Crisol' y 'Apromips' en la capital además de la treintena de CADIG de la región, nos sentimos olvidados, relegados, por parte de la Consejería de Sanidad.

Con la pandemia declarada y el estado de alarma decretado por el Gobierno, estos centros, como centros residenciales sociosanitarios, pasaron a ser 'servicios esenciales'. Y desde el pasado día 3, mediante la Orden 322/2020 del Ministerio de Sanidad, sus residentes y trabajadores están en el mismo nivel de prioridad que los pacientes y profesionales de los centros sanitarios.

En los CADIG prestamos servicio a las personas residentes las 24 horas al día durante los 365 días del año. En el que yo trabajo, 'El Crisol', somos 68 personas en plantilla, aparte del personal del SESCAM y de la Junta de Castilla-La Mancha que también presta sus servicios nuestro centro. En estos momentos, como también ocurre en muchos otros CADIG y como ya sabe a ciencia cierta la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad, contamos con positivos entre los residentes y entre las plantillas.

Algunas de las personas trabajadoras de los CADIG infectadas por el virus son sintomáticas y, obviamente, son apartadas del servicio y permanecen en cuarentena domiciliaria hasta que superan la fase contagiosa de la enfermedad. Sin embargo, como es sabido, una de las características del coronavirus COVID-19 es que puede infectar a personas que no presentan síntomas; y que, sin embargo, sí son portadoras y transmisoras de la infección.

Las experiencias de países como Corea del Sur y de regiones como el Véneto italiano demuestran que la pronta identificación, y el consiguiente aislamiento, de las personas contagiadas asintomáticas es clave para controlar la propagación de la epidemia.

CCOO ha solicitado reiteradamente a la Junta de Castilla-La Mancha la realización de test a las plantillas de los centros residenciales sociosanitarios de Castilla-La Mancha. Yo mismo, como delegado sindical de mis compañeros/as de ‘El Crisol’, se lo he reclamado vía correo electrónico a la Delegación provincial de Sanidad. La respuesta ha sido negativa.

Al parecer, ante la escasez de test -que empieza a resolverse-, la consejería viene limitando la realización de la prueba de la COVID-19 únicamente a personal con sintomatología. Ahora ha empezado a hacerla, en algunos centros residenciales de mayores, personas dependientes y menores, a parte de las plantillas.

Pero hay que acelerar y extenderlo a todas las plantillas de centros sociosanitarios con residentes con COVID-19. Y, por supuesto, completar y seguir proveyendo de EPI a todas estas personas.

Todos sabemos que podemos ser portadores asintomáticos del virus, y por tanto transmisores del mismo. Que podemos estar expandiendo la enfermedad sin ser conscientes del peligro que en tal caso suponemos para la sociedad en general y para las personas con las que convivimos y mantenemos contacto estrecho en particular.

La carga psicológica que día tras día sufre el personal de los CADIG, de las residencias de mayores, de todos los centros residenciales sociosanitarios, es enorme. No sólo durante las horas en que, de una u otra forma, están en contacto con residentes con el COVID-19; pues continúa al regresar a sus domicilios, siempre pensando en la posibilidad de ser portadores asintomáticos, con la enorme preocupación de ser los responsables de la transmisión del virus a familiares que conviven con ellos, parejas, hijos, padres, abuelos. Sabiendo que, dependiendo de las patologías asociadas que tenga cualquier de nuestros familiares, la infección puede acarrear consecuencias letales.

Desde estas líneas, quiero hacer en nombre de mis compañeros de todos los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave (CADIG) de Cuenca y de Castilla-La Mancha una nueva llamada de atención, y van unas cuantas, a los responsables sanitarios; para que procedan sin dilación a realizarnos los test a todos y todas, para apartar y aislar a los casos positivos y evitar así la transmisión de la enfermedad.

Y para dar tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras que, día tras día, atienden en los centros residenciales de la región a nuestros mayores, a las personas con discapacidad, a los colectivos que necesitan los servicios sociosanitarios públicos y privados. Y que, insisto, tienen que disponer de EPI y extremar las precauciones, para no expandir la epidemia donde no lo esté ya.

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19, los Centros de Atención a Discapacitados Intelectuales Gravemente Afectados (CADIG) de la provincia de Cuenca, uno en San Clemente y 'El Crisol' y 'Apromips' en la capital además de la treintena de CADIG de la región, nos sentimos olvidados, relegados, por parte de la Consejería de Sanidad.

Con la pandemia declarada y el estado de alarma decretado por el Gobierno, estos centros, como centros residenciales sociosanitarios, pasaron a ser 'servicios esenciales'. Y desde el pasado día 3, mediante la Orden 322/2020 del Ministerio de Sanidad, sus residentes y trabajadores están en el mismo nivel de prioridad que los pacientes y profesionales de los centros sanitarios.