Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34%: azuzar el miedo hablando de ‘mafias okupas’ no soluciona nada

Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Es adecuado distinguir, en este asunto, entre ocupación como hecho de ocupación de forma irregular de una vivienda, pública o privada, y okupación como movimiento político reivindicativo, porque sus causas, orígenes y situaciones son diferentes, dado que su asociación, además de inducir a error, puede provocar efectos tales como la invisibilización del carácter político y activista del segundo y su criminalización sin más.

Entendemos que la gran mayoría de las okupaciones se producen por pura necesidad, porque se convierte en la única salida de muchas familias. Desde Izquierda Unida combatimos la delincuencia, venga de donde venga, porque lo que se debe criminalizar son los actos delictivos, no a las personas que tienen necesidad de buscar una vivienda.

La okupación debe entenderse desde la perspectiva de las dimensiones sociales relacionadas con la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión, pero sobre todo desde la repercusión de las políticas públicas y de las fuerzas del mercado inmobiliario que han incidido directamente en éstas, en particular desde la crisis de 2008.

En definitiva, debemos abordar el problema en dimensiones estructurales sociales e históricas que explican el problema del acceso a la vivienda como principal nudo problemático que se ha recrudecido en ‘tiempos de pandemia’. Lo que no funcionaba antes, ha funcionado peor, puesto que las causas se han agravado, y la okupación se ha agudizado porque los factores de desigualdad de los que bebe su sistema, se han agrandado.

Existe, sin embargo, un parque público escaso que no llega a cubrir las demandas existentes, con procesos de adjudicación ralentizados, así como numerosas construcciones sin finalizar y viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres.

El Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo en Castilla-La Mancha y en particular en la provincia de Toledo, han puesto la maquinaria de la difamación en marcha, han elegido una víctima social propicia para usar el mismo discurso de la ultraderecha de Vox: la okupación de viviendas es un problema de seguridad ciudadana en la que ‘unos vagos’ quitan la propiedad privada de los trabajadores y trabajadoras que han conseguido con el sudor de su trabajo. El PP y el PSOE recurren a identificar esta situación,exclusivamente, con un problema de seguridad que hay que combatir desde las administraciones.

 Así el PP ha decidido quiénes son los culpables, los ocupas, y ha decidido también qué hacer: criminalizar a quien no puede acceder a este derecho constitucional.

Y el PSOE no se queda corto. El consejero de Fomento, responsable en última instancia de la empresa pública Gicaman que se está comportando como un casero usurero con sus inquilinos, ha planteado como imprescindible “impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente, y sin su consentimiento, de la posesión de su vivienda”.

Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, se sigue poniendo el foco en las ocupaciones, y lo hacen porquecreen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de ‘mafias okupas’ no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, sirven a poderosos intereses privados.

El fantasma del okupa que se mete en tu casa es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas especulativas, como una herramienta para profundizar en ellas. Con esta excusa se han planteado reformas del Código Penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible.

Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, se decide meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas.

Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden? Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del InstitutCerdà en 2017, financiado nada menos que por Banco Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esos inmuebles, sólo una de cada diez es identificada como problemática. Todos los problemas que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes.

La paradoja

El juez Adolfo Carretero, magistrado titular del juzgado de instrucción n 47 de Madrid dice “llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto desalojo cautelar y en el juicio ya se verá”. Pero también depende del juez que te toque y algunos son más garantistas. Una paradoja es que cuanto más conservador es el juez, más desmiente las tesis de los partidos conservadores, porque son estos magistrados precisamente a quienes menos les tiembla la mano para ordenar desalojos cautelosos.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria, perpleja por el revuelo ha realizado un sondeo en juzgados de toda España concluyendo que “todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, no existe ningún desamparo, eso de que te vas de casa, vuelves y hay gente nunca lo han visto, es excepcional. No tiene sentido porque los propios okupas buscan casas, vacías, abandonadas donde tengan menos problemas. Eso tiene menores efectos penales, porque es usurpación, no allanamiento, y además viven más tranquilos”.

Esa distinción es clave, entrar en una vivienda es allanamiento de morada, hasta dos años de cárcel, hacerlo en un piso vacío de un banco o fondo buitre, es usurpación, máxima seis meses.

Durante muchos años nadie ha visto cómo delincuentes a los bancos que han cobrado unas cláusulas suelo en nuestras hipotecas que se han declarado abusivas. Hoy, después de declararlos culpables de ese delito, las entidades financieras siguen gozando de una respetable reputación.

A las familias trabajadoras de este país les va a subir la hipoteca un 28% como consecuencia de la subida de los tipos de interés, pero al PP parece no preocuparle los desahucios que están por llegar por impago de hipotecas -o los que cada día se producen- mostrándose en contra incluso de la subida del SMI, de la revalorización de las pensiones y los salarios de acuerdo al IPC, o de la fijación de topes al precio del alquiler en zonas tensionadas.

No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Los datos no avalan que el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas sea generalizado, el PP y la derecha pretende generar una ficción para provocar miedo en la sociedad, para no dar explicaciones sobre su falta de voluntad de intervenir con políticas en la garantía de cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española.

Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Es adecuado distinguir, en este asunto, entre ocupación como hecho de ocupación de forma irregular de una vivienda, pública o privada, y okupación como movimiento político reivindicativo, porque sus causas, orígenes y situaciones son diferentes, dado que su asociación, además de inducir a error, puede provocar efectos tales como la invisibilización del carácter político y activista del segundo y su criminalización sin más.