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“Nunca ha habido una participación tan alta” como con la reforma del Estatuto

El Congreso sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, organizado en conjunto por la Junta de Comunidades y el centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez de la UCLM, ha tratado una de las tres variantes que se están tratando para modificar el importante documento regional. Es parte de un proceso de participación que pretende llegar a todas las aristas posibles de la sociedad civil y académica de la región para lograr un resultado integral.

Catedráticos de Universidades a lo largo de España han participado en el evento, en el que se ha querido propiciar el debate con el que finalmente se llevará a cabo un documento que se entregará a los partidos políticos, de cara a la reforma definitiva. Pero no han sido los únicos participantes en el proceso que también ha incluido la intervención de unas 35 asociaciones y organizaciones castellano-manchegas. Empresarios, asociaciones agrarias, Consejos de Participación de mujeres, jóvenes y mayores, entre muchos otros, también han sido consultados por la Junta de Comunidades.

El director general de Coordinación y Planificación, Alejandro Alonso, es el encargado de dirigir el procedimiento, que también ha incluido una consulta abierta a toda la ciudadanía castellano-manchega. Con este fin se abrió una página web que incluye una encuesta con diez preguntas en la que se puede participar sólo registrándose. Se trata de una decena de aspectos consideramos importantes por la Junta de Comunidades,que incluyen el sistema electoral, derechos y deberes ciudadanos y también la configuración de las instituciones que dependen del Estatuto. La ciudadanía también ha contado con un apartado abierto para expresar su opinión sobre temas que no encuentran en el decálogo.

“Es absolutamente abierto para que lo mismo pueda expresar su opinion un funcionario, un bombero, un representante de los jóvenes o cualquier institución”, explica Alonso. El director general ha celebrado especialmente la participación que ha atraído esta encuesta, que ha conseguido la mayor cuota de visitantes y opiniones conseguidas en un proceso de estas características. “Nunca ha habido una participación tan alta con otras leyes”, afirma, ya que han sido unas 4.000 personas quienes lo han visitado y unas 300 las que han enviado sus propuestas.

Reforma de la Ley electoral

La encuesta se cerrará el próximo día 15 de mayo, y a partir de entonces se llevará a cabo el trabajo de evaluación de las distintas aportaciones. Si bien Alonso no ha detallado las mismas, sí adelanta que son muy variadas y que incluyen temas como el agua o, como era previsible, la ley electoral. El documento con las conclusiones incluirá las opiniones por apartados, ya que se prevé una variedad “muy amplia”. Una ponencia del Congreso, a cargo del catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM, Francisco Javier Díaz Revorio, se dedicó a la legislación elecotral a través del análisis de sentencias constitucionales.

Es indudable que la Ley electoral de Castilla-La Mancha ha sido uno de los puntos dependientes del Estatuto de Autonomía que más debate ha suscitado, en especial tras lo conocido como “pucherazo” llevado a cabo durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. “El Gobierno quiere reformar el Estatuto porque lo han hecho todas las Comunidades Autónomas a lo largo de la década del 2000 al 2010”, explica Alonso. En el caso de la ley electoral, no bastará con la culminación de la reforma de dicho documento, sino que luego el parlamento autonómico deberá votar otra Ley. El estatuto será el encargado de establecer el máximo y mínimo de diputados, así como la mayoría necesaria para su reforma.

“La participación que ha atraído esta encuesta advierte a quien dice que el estatuto no le interesa a nadie que no dice la verdad”, afirma el director general, quien señala que la región no se puede quedar “al margen” de la reforma de este documento. Esta idea, afirma, “le agrada” al Gobierno al ver que una “gran mayoría” de ciudadanos ha querido dar su voz. “A Castilla-La Mancha y a los castellano-manchegos les conviene renovar la carta magna”, concluye.