El pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha apoyado con los votos de PSOE, Ciudadanos y la abstención de Podemos, la moción defendida por el diputado del Partido Popular, Jesús Cano, en la que se plantea estudiar la redotación de la cabecera del Tajo como una solución definitiva y más estable para paliar el déficit hídrico que padece la Cuenca del Segura y hacer frente a la maltrecha situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Emiliano García-Page ha asegurado que, en el fondo, esta petición pone de manifiesto que “el Tajo está exhausto” y que lo que ha hecho la Asamblea Regional de Murcia es poner “fecha de caducidad” al trasvase “tal y como lo conocemos” y dejar claro que “nunca hubo un acuerdo” sino “una enorme mentira y una traición a Castilla-La Mancha”, en referencia al Memorándum del Tajo-Segura.
El presidente regional ha vuelto a reclamar “consenso y diálogo” a la hora de abordar un futuro Pacto Nacional del Agua, al mismo tiempo que ha rechazado “el camino de la imposición” por el que, ha recalcado, “no vamos a ninguna parte”. En la misma línea, se ha mostrado contrario a “seguir esquilmando el Tajo, a dar otro tajo al Tajo y otros ríos de España”, como el Duero o el Ebro. “Nunca vamos a permitir que haya un segundo trasvase o que se plantee en otros ríos”, ha sentenciado García-Page.
El presidente regional ha vuelto a pedir que se aprovechen las depuradoras y desaladoras en las que se llegaron a invertir más de 500 millones de euros como fuente para la obtención de recursos hídricos en el Levante español. “Celebro que la clase política murciana reconozca que el Tajo está seco; que en el Tajo no hay agua como no la hay en el Júcar y como no la que hay en ningún río” en comparación “con la que hay en el mar”, en cuyo proceso de desalación “nos hemos gastado una millonada” en infraestructuras “que están muertas de risa”.
Por su parte, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz ha mostrado su preocupación ante este asunto y en concreto, a conseguir la redotación del Tajo mediante la utilización de otros esquemas como un banco que regule intercambios de derechos entre regantes o la construcción de nuevos acueductos entre el Duero, el Tajo Medio y los pantanos de cabecera, como propone la región de Murcia.
De la Cruz ha vuelto a reiterar que “cualquier propuesta de futuro debe pasar por reducir la sobreexplotación que hoy mismo soporta el Tajo a consecuencia del trasvase”. La consejera ha expresado además sus dudas en relación a que dichos proyectos no obtengan contestación social en otros territorios, como las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura, que se verían presuntamente afectadas con las ideas que propone la patronal del riego murciana.
En relación a la posible creación de un ‘Banco del agua’, la consejera ha reclamado políticas de Estado pilotadas por los poderes públicos y no por usuarios particulares, afirmando que “si la idea es para especular con el agua, nuestra valoración es absolutamente negativa” y reclamando una vez más un reparto “justo y equilibrado entre los distintos territorios”.
Preguntada por el hecho de que la pretensión sea sumar nuevos caudales al Segura desde el Tajo en lugar de sustituir fuentes de provisión, De la Cruz ha recordado que la planificación actual del Gobierno considera que el Segura tiene un déficit de 400 hectómetros anuales que dicha planificación tiene que satisfacer. “Hay que repartir el agua, no llevarla toda al mismo sitio”, ha afirmado, reclamando también el derecho de los agricultores de la región a disponer de mayores caudales para sus cultivos.