- Podemos propone en sus enmiendas la inclusión de un representante legal para la elaboración de los planes personales de futuro
Tras iniciarse la tramitación parlamentaria de la Ley castellano-manchega de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad de esta comunidad autónoma, los tres partidos políticos con representación en las Cortes ya han registrado las enmiendas con las que quieren completar el proyecto de ley al que dio luz verde el Consejo de Gobierno. En total, se han presentado más de 40 enmiendas, de las cuales 18 pertenecen al Grupo Parlamentario de Podemos, 17 al Grupo Popular y el resto al Grupo Socialista. Todas ellas todavía tienen que ser calificadas por la Mesa de las Cortes y es previsible que muchas sean aceptadas o negociadas, puesto que el propio presidente, Emiliano García-Page, ha insistido en la necesidad de que esta nueva norma se aprobada por unanimidad.
En primer lugar, las enmiendas presentadas por Podemos se centran, en primer lugar en la adecuación del texto a “una concepción más actual de la discapacidad”. Incluye modificaciones para que el proyecto de ley incorpore un lenguaje “más adecuado a la concepción actual de la discapacidad”. De hecho, argumenta este partido que los cambios no solo deberían ser importantes para una futura norma que se considera pionera en España, sino también para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad, “evitando la utilización de conceptos que los visibilizan como sujetos pasivos de su propia vida”.
De igual forma, este grupo parlamentario propone la incorporación de la figura del representante legal como persona de apoyo en la elaboración de los planes personales de futuro que regula la ley. Quiere con ello complementar el hecho de que en el texto ya se reconozca a la familia como parte importante a través de su participación en la elaboración de esos planes de la persona con discapacidad. Para Podemos, que haya un representante legal abre la posibilidad de que otras personas con discapacidad que no cuenten con el apoyo de la familia puedan elaborar su plan personal con apoyo.
Poner “en el centro” y como “protagonista principal” a la persona con discapacidad es otro de los objetivos de sus enmiendas, que piden mecanismos para mejorar tanto su participación como la toma de decisiones. Igualmente, también solicitan la concreción de cuestiones relacionadas con la gestión pública y las competencias del Gobierno regional sobre la Oficina regional de orientación y apoyo, y las Unidades de orientación y apoyo, organismos que se crearán para la implantación de la ley.
Número de unidades de orientación
Precisamente sobre esta última cuestión inciden las enmiendas de PP y de PSOE. Los ‘populares’ quieren que en el proyecto de ley se especifique el número de unidades de orientación, al menos una por cada provincia, un punto en el que coinciden con los socialistas, aunque estos últimos también sugieren la especialización de los agentes de mediación en las provincias. El Grupo Popular propone asimismo que los planes personales de futuro de las personas con discapacidad sean también tenidos en cuenta por las administraciones, además de sus familiares o tutores.
En cuanto a la financiación, el PP recoge en otra enmienda que se concrete el importe y que además esté recogido al igual que en la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, elaborada durante el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal. Concretamente, argumenta que la disposición adicional primera debería recoger que la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha destinará a las políticas en favor de las personas con discapacidad, sus familias y entidades que las representan, el 1% del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha.
Finalmente, en cuanto al Grupo Socialista, fuentes del partido precisan que sus enmiendas incorporan aportaciones para enriquecer el texto y aumentar la protección y garantías de los sujetos de la ley. Por ejemplo, coincide con Podemos y con PP tanto en concretar mejor la figura de los destinatarios como en las aportaciones para una definición y concreción más específica sobre las unidades orientación.
Decidir sobre su vida
El proyecto de Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad nace para dar una oportunidad a estas últimas de decidir sobre su vida cuando los familiares o tutores no estén, y asegurarse de que las personas encargadas de prestar los apoyos cuando ellos no puedan, van a tener en cuenta los “gustos, sueños, metas, preferencias e intereses” de esa persona, puesto que ya se habrá elaborado de manera anticipada una planificación. Se refiere con ello al denominado Plan Personal de Futuro realizado con el asesoramiento, orientación y mediación de un profesional de referencia -agente mediador-, quien también establecerá un acompañamiento en el proceso de inclusión de la persona y en la mejora de su calidad de vida.
De esta forma, los planes personales de futuro se convierten en “declaraciones de voluntad” de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar que serán tenidos en cuenta en la medida de lo posible por los profesionales que elaboren el grupo de apoyo. Además, se establece una importante garantía adicional de apoyo de carácter residencial que necesite la persona con discapacidad en el supuesto de carencia de apoyos familiares, y para la que no es necesaria la elaboración previa del plan personal de futuro.
El anteproyecto también prevé la creación de una oficina regional de protección y apoyo dependiente de las consejerías con competencias en materia de sanidad y servicios sociales que realizará labores de coordinación de las unidades de orientación y apoyo y en la que se ubicará el registro de planes personales de futuro.