Beatriz Arroyo López es investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) con sede en Ciudad Real. Junto a otros 23 científicos y científicas -incluido el investigador de este centro castellanomanchego, Antoni Margalida- ha publicado una carta en la prestigiosa revista Science en la que se denuncia que el “actual proceso acelerado y desordenado de expansión de las energías solar y eólica en España puede acabar produciendo daños irreversibles a la biodiversidad”.
Y es que el Gobierno español, recuerdan los investigadores que suscriben la publicación, contempla 89 gigavatios (GW) de energía eólica y solar fotovoltaica en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030.
Estas previsiones, dicen los científicos, “se han visto desbordadas” y eso “a pesar de los esfuerzos para evitar una burbuja especulativa”.
De hecho, en el conjunto de España ya existen permisos de acceso a la red para proyectos que representan 121 GW, y que se sumarán a los 36 GW de renovables ya instalados, casi duplicando los objetivos del PNIEC.
El avance de la ¿burbuja? de las renovables en Castilla-La Mancha
Algo similar ocurre en Castilla-La Mancha. Si desde hace años la región viene presumiendo de estar a la cabeza en la implantación de renovables, en particular la energía eólica, ahora la ‘reina’ es la solar fotovoltaica que copa cada día la sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha con documentos de solicitudes de evaluación ambiental o la agenda de las Comisiones Provinciales de Urbanismo.
Según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Sostenible hasta el mes de noviembre de 2020, Castilla-La Mancha disponía de 6.964 megavatios (MW) de potencia instalada de energía eléctrica procedente de fuentes renovables.
El total de potencia instalada procedente tanto de fuentes renovables como de las no renovables, es de 9.294 MW. Es decir, “un 75% del total de la potencia eléctrica instalada en Castilla-La Mancha procede de fuentes renovables, mientras que a nivel nacional sólo supone un 51%”, explica el Gobierno regional.
Castilla-La Mancha, dice la Junta, es una región “puntera” en potencia instalada de energía fotovoltaica con 1.947 MW. Y es, además, la segunda en el ranking nacional en eólica con 3.878 MW. Una posición que repite en cuanto a otro tipo de renovables (biomasa, biogás y geotermia) con 140 megavatios. Finalmente, y si hablamos de energía termosolar, la región es la tercera del ranking nacional en potencia instalada con 349 MW.
“Prevemos un incremento de potencia instalada de más de 1.100 MW de energía renovable en el año 2021”, aseguran fuentes de Desarrollo Sostenible que permitan atraer inversiones estimadas en más de 550 millones de euros y más de 2.000 empleos directos durante su construcción.
Y todavía más, esas cifras esperan verse incrementadas “sustancialmente” con motivo de la aplicación de los fondos de recuperación europeos en los que la transición energética se configura como una de las políticas palanca del Plan España Puede.
“No hay soluciones simples a problemas complejos”
El crecimiento inusitado de las renovables y la proyección que se atisba a corto plazo ha sido el detonante que ha llevado a los científicos a publicar la carta.
“Se están tomando decisiones a nivel parlamentario y era importante visibilizar los puntos de vista que defendemos. La relevancia del timing está relacionada también con la aparición, en el ámbito regional, por ejemplo, en el País Vasco o Andalucía, de declaraciones de zonificación ambiental para las renovables”, explica Arroyo.
De hecho, el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha presentado una nueva herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de los previsibles impactos de proyectos de energías renovables, en concreto, de eólica y de la solar fotovoltaica.
Castilla-La Mancha, según las fuentes consultadas por elDiarioclm.es, también trabaja en la suya propia y recuerdan que la información que ofrece la herramienta es “informativa, una recomendación no vinculante para las empresas promotoras” a la hora de elegir dónde implantar las instalaciones eólicas o solares, por ejemplo.
“Todos los firmantes defendemos un medio ambiente sano y de buena calidad que pasa por reducir las emisiones de CO2, pero el caso es que nunca hay soluciones simples a problemas complejos”, explica Beatriz Arroyo.
En su opinión, “intentar resolverlo solo tomando decisiones parciales puede llevar a otros problemas que no se prevén. Todo es cuestión de planificación y organización. Renovables sí, pero hay que pensar en el contexto general: cuántas se ponen y dónde”.
Para la científica, la “solución más fácil” para dar alternativa económica a los suelos poco productivos en el ámbito agrario o forestal o incluso al desarrollo rural pasa por la promoción de energías renovables, pero recuerda, eso implica un problema adicional: la afección a la biodiversidad.
“¿Qué ocurre en cuanto a la destrucción de hábitats y por lo tanto en cuanto a la biodiversidad?”, se pregunta. Sostiene que hay que explicar a la ciudadanía la importancia de “buscar un equilibrio y que no todo pasa por hacer las cosas deprisa y mal pensadas. Eso implica una especie de burbuja de oportunidades que solo contempla lo económico”.
¿Cómo afectan a la biodiversidad?
Las instalaciones eólicas y las fotovoltaicas afectan de manera desigual a la biodiversidad. En el caso de los huertos solares, si son muy extensos, “provocarán que el hábitat no sea ya adecuado para la cría, alimentación o la reproducción”.
Y el caso es que este tipo de grandes instalaciones tienden a ubicarse en zonas poco productivas que son, precisamente, el hábitat habitual de las aves esteparias en declive como el sisón, la avutarda, la ganga ibérica o la ganga ortega o incluso el lugar que necesitan especies como la tórtola europea.
En el caso de las instalaciones eólicas, el problema pasa por las colisiones de aves o de murciélagos
¿Evaluación ambiental a escala de paisaje? De momento, no se contempla
Advierte de que, a pesar de que existe la obligatoriedad de realizar una evaluación ambiental de cada proyecto “hasta ahora se viene haciendo de forma individual y no a escala de paisaje”, algo que piden estos expertos.
El debate en torno al binomio huertos solares y paisaje no es nuevo. Tampoco lo fue cuando hace casi dos décadas Castilla-La Mancha comenzaba a apostar por modernos molinos de viento (las gigantescas palas eólicas) que despertaron recelos sobre el impacto visual que quedaron acallados con el paso de los años.
Precisamente, Castilla-La Mancha trabaja ahora en desarrollar su futura Ley del Paisaje. Una norma que, en su borrador, no contempla este tipo de protección paisajística.
Es algo similar a lo que viene denunciado Ecologistas en Acción Ciudad Real que reclama a la Administración regional considerar como “macroplanta fotovoltaica” un conjunto de más de una docena de huertos solares que se instalarán en una misma zona (el entorno de Brazatortas) y que ahora ambientalmente se toman en consideración de forma individual.
En este aspecto la investigadora del IREC se muestra de acuerdo. “No se trata de evaluar cada proyecto, sino el impacto del conjunto en un paisaje determinado. Es una de las recomendaciones que podríamos hacer: que haya una directiva más racional”, evitando prácticas habituales como fraccionar proyectos.
¿Cómo compaginar la normativa sobre paisaje o la reciente Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha que aboga por este tipo de instalaciones hasta el punto de que pueden ser declaradas de interés general con la protección de la biodiversidad? ¿Y cómo hacerlo cuando Europa pone como condición la transición ecológica para recibir los fondos de recuperación?
“Es verdad que es difícil dar soluciones, pero es prioritario que nos sentemos todos para verlo” pide la investigadora.
Beatriz Arroyo remarca que “no podemos olvidar tampoco que hay zonas de Castilla-La Mancha donde la agricultura es menos productiva por un lado y, por otro, somos una de las regiones de España con más aves esteparias, un lugar crítico para su conservación a nivel nacional y europeo”.
Por eso insiste en que no se puede perder esta perspectiva de vista. “Es responsabilidad de la región compaginar estos proyectos con la protección del medio ambiente. Si no, será pan para hoy y hambre para mañana”.
Reclama “racionalidad” y que en los planes de instalación de este tipo de infraestructuras “se contemplen todos los impactos”.