En la comarca ciudadrealeña del Campo de Calatrava, Piedrabuena posee uno de los términos municipales más extensos de la provincia de Ciudad Real, con un total de 565 kilómetros cuadrados. Sin embargo, a lo largo de su historia, este municipio ha ido perdiendo sus terrenos comunes, que han pasado a formar parte de fincas privadas, “grandes latifundios”, lo que no ha impedido que haya llegado hasta la actualidad una extensa red de caminos públicos y vías pecuarias mediante las cuales se comunicaban antes los pueblos y comarcas y se accedía a las parcelas de cultivo y pastos.
Según la Plataforma La Arzollosa, constituida hace 11 años en este municipio, estos caminos son el principal activo en superficie pública y permiten realizar una serie de actividades ligadas al ecoturismo como senderismo, ciclismo, atletismo, equitación, automovilismo, de forma autónoma o guiada. Todo ello permite desarrollar el tejido económico ligado estos sectores, restauración incluida. Además, destaca este colectivo, el desarrollo económico es cien por cien sostenible, puesto que “no agota los recursos que utiliza y se puede realizar en el tiempo por generaciones, repartiendo la riqueza que se crea de forma extensiva y ayudando a fijar la población rural”.
El secretario de esta asociación, Francisco Sarrión, nos explica que ese es el objetivo principal que han buscado todos estos años. Pero, ¿cuál es el problema? Precisa que en las últimas décadas, con el descenso de los movimientos agrícolas y la concentración del territorio, muchos nuevos y antiguos propietarios se han apropiado de estos bienes públicos cortándolos con vallas y puertas: han dejado que el matorral los invada, los han destruido con piedras, zanjas o corrientes de agua, han puesto “carteles ilegales” en los que se que se atribuyen su propiedad, o incluso “han acosando con guardas a las personas que los transitan”.
Es una realidad que quiere denunciar y combatir la Plataforma La Arzollosa, porque además “está extendida por todo el territorio nacional” y especialmente en Castilla-La Mancha. “Vamos a realizar todas las acciones que estén en nuestra mano para conseguir recuperar el patrimonio público partiendo de nuestro término municipal”. Hasta ahora, este colectivo ha estado asesorando al Ayuntamiento en la realización de un inventario de estos caminos públicos. Como consecuencia, se han iniciado expedientes hasta en tres casos pidiendo a los propietarios que “liberen” esas sendas.
El inventario municipal realizado desvela que en este término municipal hay casi 200 caminos públicos y dos vías pecuarias. Algunas de las fincas con caminos ocupados o cortados son El Rosario, que pertenece a la Junta de Castilla-La Mancha; El Castaño (perteneciente a la familia Botín); San Antón-El Espino, con caminos cortados, vallas y puertas con candados; y La Peñuela, también con candados, carteles “ilegales” y piedras.
Debido a la falta de éxito de sus gestiones para que los expedientes se aceleren en la recuperación de estas sendas, la asociación ha decidido integrarse en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos para tratar de difundir la realidad de la “usurpación” de los caminos, además de profundizar en el conocimiento de este tema y “aunar esfuerzos para avanzar en la recuperación de nuestro patrimonio”.
¿Cual es el apoyo legislativo?
El amparo legal que esgrime este colectivo es el artículo 132 de la Constitución Española, donde se estipula que los caminos públicos son bienes de dominio público, “inalienables e imprescriptibles”, por los que existe derecho de paso y, por tanto, “deben ser recuperados para el uso público”, objetivo con el que está comprometida esta asociación echando en falta “voluntad suficiente en nuestros representantes políticos”.
También la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones públicas establece la obligación de inscribir en los inventarios todos los bienes inmuebles de las diferentes administraciones públicas, considerando los caminos públicos como tales y su gestión correspondiente a los ayuntamientos, al igual que las vías pecuarias lo son del Gobierno regional.
Desde la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos explican que en el caso de vallados u ocupaciones, el Ayuntamiento, una vez vista la denuncia y documentación, en su caso, debe abrir un expediente al particular por infracción administrativa, requiriéndole a la retirada del obstáculo. Hay un trámite de audiencia al propietario y a los denunciantes, y después se procede a la resolución del expediente con un plazo prudencial para retirada del obstáculo.
El particular puede presentar alegaciones contra la resolución que el Ayuntamiento resolverá con un nuevo requerimiento. Es con la tercera petición cuando la autoridad local puede proceder a ejecución forzosa, y además es necesario pedir una sanción administrativa por infracción de las normas municipales y ocupación de la vía pública.
Estas son las gestiones que se están llevando a cabo en Piedrabuena. Su alcalde, el socialista José Luis Cabezas, que también es director general de Industria, Energía y Minería del Gobierno de Castilla-La Mancha, comparte el objetivo de la plataforma y agradece el trabajo de inventariado de caminos que han ayudado a realizar. Con ello han conseguido una “herramienta muy valiosa” para seguir trabajando en este objetivo y un documento técnico de caminos “mucho más completo y detallado”.
Desde el Ayuntamiento afirman haber recuperado un par de caminos, cerrados y perdidos en el monte, donde antes no había acceso, y se han hecho mejoras “muy importantes”. Actualmente, detalla el alcalde, hay tres expedientes sancionadores abiertos a una finca por colocar una puerta o por no iniciar la recuperación de los caminos públicos cerrados. “Este es el interés que tenemos ellos y nosotros. Puede que vayamos más lentos pero estamos en sintonía y con el mismo interés. Vamos a ver si podemos pisar el acelerador para conseguir estos objetivos”, concluye.