El pasado 2 de enero entró en vigor el Real Decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los policías locales de toda España. Les permite que puedan jubilarse de acuerdo al tiempo que hayan trabajado como agentes y siempre que el adelanto de la edad ordinaria de jubilación no sea de más de cinco años y hayan cotizado 15 años en esta actividad. Según datos sindicales, en el país hay actualmente 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60 años. Se trata de una demanda histórica del cuerpo de policías locales y de sus sindicatos, muchos de ellos agrupados en la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación.
El objetivo principal ha sido el de “rejuvenecer” las plantillas y al mismo tiempo ofrecer a los más veteranos la jubilación anticipada dentro de un cuerpo profesional con mucho desgaste físico y mental. Pero se trata de un decreto estatal que no está afectando por igual a todos los territorios, porque ni los ayuntamientos, ni la geografía, ni los procedimientos de acceso, ni las ofertas públicas de trabajo son siempre las mismas. En Castilla-La Mancha, tras un mes de su entrada en vigor, el Sindicato de Policía Local (SPL) ya ha alertado de que no está funcionando en su objetivo principal.
El secretario de organización del SPL en esta comunidad autónoma, José María Antón, que también es su representante en la plataforma estatal, ha formado parte de los numerosos encuentros que este colectivo ha mantenido tanto con la ministra de Trabajo, la también castellano-manchega Magdalena Valerio, como con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. Se trata de un decreto cuya aprobación se había anunciado el pasado mes de junio, pero en Castilla-La Mancha está provocando una “gran merma en la seguridad ciudadana”.
En primer lugar se encontraron con algunos problemas de carácter técnico relacionados con los certificados de empresa que deben emitir los ayuntamientos para la Seguridad Social. Son cuestiones que ya se han solventado y que no suponen apenas incidencia, al menos comparándolo con lo que ya está sucediendo en las plantillas: las jubilaciones “no se previeron con tiempo suficiente” y ahora falta policía local, sobre todo en capitales de provincia y en grandes ciudades como Talavera de la Reina.
Hubo reuniones de “aviso”
¿Qué ha pasado si se sabía con tanta antelación? Antón comenta que en varias reuniones con el consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y con la viceconsejera de Administración Local, Pilar Cuevas, ya alertaron de la aprobación de esta disposición y que les entregaron un dossier donde destacaban la necesidad de una convocatoria única de procesos selectivos para policías locales, a la que se hubieran adherido ayuntamientos de la región para que cuando entrara en vigor, las tasas de reposición “estuvieran claras”. Señala que se trata igualmente de una recomendación que realizó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Pero no ha sido así, y “ahora ha pasado lo que ha pasado”. Se van a jubilar más de 200 policías locales en la comunidad autónoma y muchas corporaciones locales se han quedado “diezmadas en sus plantillas”. Muchos de estos ayuntamientos han tomado la iniciativa y están sacando las plazas, pero “de nada sirve” si los nuevos cursos selectivos de la Escuela regional de Protección Ciudadana (donde se forman) no han comenzado hasta este mismo mes enero, lo que significa que “hasta junio de 2020 no tendremos más policías para llegar al máximo de plazas posibles”. Según apuntan desde el SPL, la promoción que salga ahora, incluso con “formación urgente”, no llegará al 20% de los que se han jubilado o se van a jubilar en aplicación del Real Decreto. Por eso, en la actualidad, consideran que la única solución sería la mencionada convocatoria regional. En caso contrario, apuntan que “se estará mermando la seguridad”.
Aunque los policías locales pertenecen a los ayuntamientos, la posibilidad de que el Gobierno regional adopte medidas en este asunto tiene antecedentes en la región. Se hizo en 2007 (tras la encomienda de 17 ayuntamientos), en 2008 (lo pidieron 23 ayuntamientos) y en 2010 (tras encomienda de 15 ayuntamientos). En estos casos se realizó una convocatoria de proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Estas iniciativas fueron posibles porque los ayuntamientos afectados encomendaron a la Administración autonómica esta labor tras firmar los respectos convenios. Se trata de una previsión legal incluida en la Ley castellano-manchega de Coordinación de Policías Locales y su posterior Reglamento. En el resto de España, se trata de un procedimiento que, antes de la aprobación del Real Decreto, ya se ha realizado en Extremadura, Galicia y Comunitat Valenciana, entre otras regiones. En Castilla-La Mancha “deberían haber hecho lo mismo y adelantarse a las circunstancias”.
Efectivamente, la normativa contempla esta posibilidad, pero según explica el director general de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Emilio Puig, el Gobierno regional solo tiene competencias en coordinación y deben ser los ayuntamientos quien encomienden a la Junta una parte o todo el proceso selectivo de las plazas de acceso libre. Hasta el momento ni en la Consejería de Administraciones Públicas ni en la Escuela de Protección Ciudadana se ha recibido formalmente ninguna petición a este respecto, ni de ninguna corporación local ni a través de la Federación castellano-manchego de Municipios y Provincias.
“Ese tendría que ser el primer paso y posteriormente se firmarían los correspondientes convenios para que ellos pudieran hacer su propia oferta de plazas. No es una convocatoria de carácter extraordinario, sino una encomienda que varios ayuntamientos hacen a la Junta para realizar todas las pruebas o una parte de ellas”, argumenta. En el caso de que estas peticiones se reciban, afirma que la Consejería contemplaría esta posibilidad, como ya se ha hecho anteriormente en función del número de ayuntamientos que lo demandaran.
Por otra parte, precisa que en la Escuela de Protección Ciudadana a día de hoy hay menos alumnos en la escala básica que los que había en las mismas fechas de 2018 y que aunque aún faltan por incorporarse algunos de ayuntamientos que están terminando sus procesos selectivos, “todo indica que serán menos”. “Si esto afecta o no las plantillas, depende de los ayuntamientos, de su número de agentes y de cómo hayan previsto las plazas”. El curso vigente se inició el pasado 14 de enero y está previsto que termine en el mes de julio. Precisamente, con motivo de la entrada en vigor del decreto jubilación anticipada, la Consejería ha enviado una comunicación a los ayuntamientos informándoles de que el plazo de incorporación de alumnos está abierto hasta el 8 de febrero.
Datos de jubilaciones y situación en capitales
En cifras y por capitales de provincia, el sindicato prevé que en Albacete se jubilen un total de 36 policías en dos años. En Guadalajara las previsiones de jubilaciones en 2019 son de 17 policías y otros ocho en 2020. Cuentan con que en tres años, se hayan marchado 30 efectivos. En Toledo, las jubilaciones serían también de 30 personas pero solo en dos años (2019 y 2020); en Cuenca, serían 14 efectivos en dos años; y en Ciudad Real una veintena de policías locales en dos años.
En Ciudad Real, la Junta de Gobierno ya ha aprobado la jubilación anticipada de 11 policías locales para el presente año, que dejarán su plaza de forma progresiva. Según ha explicado el viceportavoz municipal, David Serrano, se sigue con la tramitación para suplir la dedicación de estos agentes. Así, se ejecutará de forma inminente la Oferta de Empleo Público (OPE) del año 2018, que llevaba la contratación de cinco policías, pero una vez aprobado el decreto, “se necesita hacer una Oferta de Empleo Público extraordinaria para cubrir todas las plazas”. “En todo momento se garantiza la seguridad ciudadana”.
En Albacete, Ganemos advirtió recientemente de la falta de efectivos que va a sufrir la Policía Local de la ciudad si no se toman medidas con celeridad y ha pedido al alcalde, Manuel Serrano, que no demore más la OPE y que convoque a la Mesa General de Negociación para acordar el sistema que permita disponer de las plazas necesarias para incluirlas en la convocatoria de 2019.
También ha llamado a la tranquilidad el Ayuntamiento de Toledo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha asegurado, en referencia a los 17 policías que se jubilarán durante este año, que con las nuevas plazas para este cuerpo recién aprobadas en Junta de Gobierno Local -10 por movilidad y 7 por oposición libre-, los primeros serán los que ocuparán el puesto de los que se han jubilado y los otros siete, al ser oferta pública, tendrán que hacer un examen. Una vez que aprueben, deberán hacer un curso de seis meses, por lo que su incorporación puede demorar unos diez meses.
En Toledo la situación ha desatado cierta polémica en redes sociales. Esta misma semana, el concejal del PP José López Gamarra y el PSOE municipal se enzarzaron en un hilo en Twitter a cuenta de la nueva Oferta Pública de Empleo (OPE).
A la espera de cómo solucionen los ayuntamientos este problema o de las medidas que pueda aplicar el Gobierno autonómico a petición de los mismos, desde el SPL avisan que estarán “vigilantes”. Recuerdan que tienen representación en todas las plantillas y que aunque se trata de una petición histórica, de nada servirá si con ello no se cumple el objetivo real de rejuvenecer las plantillas y además generar nuevos puestos de trabajo. “Seguiremos incidiendo hasta que se solucione”.