Ya se conocen los primeros resultados de la implantación del Plan de Garantías Ciudadanas que Podemos gestiona en el Gobierno de Castilla-La Mancha, así como el diagnóstico socio-demográfico de la población que ha llevado a cabo la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. Los esbozos generales los ha dado a conocer la consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, después de que la semana pasada el Consejo de Gobierno conociera el informe de seguimiento de 2017. Ha recordado que este proyecto, ya incluido en los Presupuestos regionales del presente año con 36 medidas transversales, se aprobó como una “experiencia de integración evaluable”.
El informe sobre el Plan de Garantías incluye tanto la metodología que se ha llevado a cabo para el seguimiento de las prestaciones, como los análisis y resultados obtenidos y la acción integral entre consejerías, es decir, la capacidad de respuesta que ha tenido la Administración castellano-manchega. Para ello, ha sido fundamental la elaboración de un sistema informático denominado “cuadro de mandos” donde se han establecido las comunicaciones entre departamentos para obtener los resultados.
Según ha desgranado la consejera, el total de prestaciones concedidas a los ciudadanos en 2017 dentro del Plan ha sido de 137.362, a las que hay sumar las 13.205 que se han seguido manteniendo aunque ya estaban vigentes el año anterior. Por eso, el cómputo total de prestaciones recibidas por los castellano-manchegos ha sido de 150.267, repartidas entre unos 100.000 perceptores. Es decir, hay hogares y personas que requieren más de una prestación.
Más concretamente, el programa de garantía habitacional asume un total de 11.936 prestaciones, el de suministros básicos de electricidad y gas (medidas contra la pobreza energética) hasta 14.526 y el de garantías de rentas aglutina el mayor número de perceptores, con 111.109 prestaciones. Por provincias, Toledo es la que alberga el mayor porcentaje con el 37,3%, seguida de Ciudad Real con el 23,4% y de Albacete con el 21,3%. En menor medida, Guadalajara tiene el 9,2% de estas prestaciones y Cuenca el 8,8%. Esta diversificación es “fácilmente explicable”, según Herranz, ya que refleja una “distribución idéntica” al peso de la población.
La comparativa total de la aplicación del Plan de Garantías con respecto a 2016 ofrece también algunas cifras significativas como el hecho de que las ayudas al alquiler hayan subido más de un 60% al haberse incorporado factores sociales en la priorización recursos habitacionales, como es el caso de la violencia de género. No obstante, ha descendido el número de solicitudes de ayudas para garantía de suministros energéticos, aunque se ha dado respuesta a la totalidad de las presentadas. Esto se debe, explica la consejera, a que se ha intervenido de manera previa a los cortes de suministro, es decir, a la combinación “de medidas preventivas y paliativas”.
En cuanto al sistema de garantía de rentas, uno de los pilares del Plan de Podemos dentro del Gobierno de Castilla-La Mancha, uno de los programas que más ha elevado su cobertura ha sido el que incluye todas las prestaciones vinculadas a educación (compra de libros y comedores escolares, entre otros) pasando las solicitudes de 74.000 a 79.000. Otro elemento importante es el impacto de género en su aplicación: en el 53% de los casos las preceptoras son mujeres, pero sucede al contrario en las solicitudes donde “esa aparente homogeneidad se rompe”.
En cuanto al diagnóstico elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera, se trata de una evaluación realizada sobre un total de 1.306 hogares y 3.432 personas en 333 municipios de la región, lo que supone una “amplia representatividad” autonómica, provincial y en capitales de provincia. Algunas conclusiones generales desvelan que el hogar mayoritario en Castilla-La Mancha es el de dos miembros seguido por el de tres, y que el 27,6% de los hogares tienen al menos un menor de 18 años y el 36,2% al menos un mayor de 64 años. La tasa de paro regional ronda el 20%, el 83% de los trabajadores son asalariados, y el resto trabaja por cuenta propia.
Vivienda y bajos ingresos
En el caso de vivienda, el 68% tiene la vivienda completamente pagada, y la media de pago es de 428 euros mensuales en el caso de las hipotecas y de 277 euros para el alquiler. En el 65% de hogares castellano-manchegos, el gasto que supone la hipoteca no llega al 30%, pero hay 60.000 hogares que tienen que dedicar el 40% o más para poder dar respuesta a los gastos de la vivienda, es decir, “lo hacen con dificultad”.
Aplicando los criterios técnicos, en toda la región, el 16,7% de hogares son vulnerables con bajos ingresos, siendo Guadalajara la provincia con menor incidencia y Ciudad y Cuenca las que más. En el 14,7% de los hogares de la región con bajos ingresos viven menores, lo que arroja una cifra de hasta 30.000 hogares. Este último porcentaje es la “población objetivo” a la que quiere llegar en su totalidad el Plan de Garantías Ciudadanas.
Finalmente, Inmaculada Herranz ha querido hacer hincapié en que durante los siete meses que Podemos lleva en el Gobierno regional ha conseguido cumplir los objetivos marcados como son la implantación del Plan, los mecanismos de coordinación, los de participación y la próxima remisión al Consejo de Gobierno del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanos, que “se apoyará en estos resultados”.