“Vamos a intentar dar prioridad a las mujeres en la renta garantizada”

Se han cumplido seis meses desde que Podemos entró en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Uno de sus objetivos fundamentales es poner en marcha la Ley integral de Garantías Ciudadanas, que tiene su origen en el plan del mismo nombre y cuyo borrador ya está prácticamente finalizado. Inmaculada Herranz, la consejera del Ejecutivo regional que coordina la puesta en marcha de esta medida nos adelanta parte de su contenido. La aprobación definitiva de la nueva norma está prevista para finales de 2018 y con ello Castilla-La Mancha se convertirá en la novena comunidad autónoma del país en implantar un sistema de garantía de rentas. Precisamente, Herranz ya ha mantenido encuentros con algunos de estos gobiernos como País Vasco, Navarra y, esta misma semana, con Mónica Oltra, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana.

¿En qué contexto se ubica la última reunión que ha mantenido con Mónica Oltra? 

Forma parte del trabajo que estamos realizando con otras comunidades autónomas. Yo creo que es importante recoger la experiencia acumulada de estas regiones, entre compañeros que estamos planteando la necesidad de un mínimo de ingresos para que la población no se encuentre, como en los últimos años, en una situación de emergencia absoluta. Es más lo que nos une que lo que nos diferencia y eso está haciendo que un conjunto muy importante de las comunidades autónomas se esté planteando dar prioridad a esta renta mínima, garantizada o de inclusión. No se puede permitir que los ciclos económicos lleven a una situación de dificultad de supervivencia. Sus consecuencias pueden estar en otros ámbitos pero no pueden poner en riesgo la supervivencia de la población.

Tal y como comenté con Monica Oltra, en España ha sucedido al contrario: cuando los ciudadanos más han necesitado la ayuda de las administraciones públicas, es cuando más se les ha dejado desprotegidos como ha hecho el PP. Esto lo he resaltado también a nivel europeo: aquellos países que tienen una mayor inversión en política social tienen más resistencia a que se eleven las tasas de pobreza frente a situaciones de crisis y no es casual. En esa dirección nos encaminamos las comunidades autónomas que estamos trabajando por este sistema de rentas.

Pero todas estas medidas tienen que implicar de alguna manera al Gobierno central para no generar desigualdades entre regiones…

Esa es la pelota en el tejado que tiene el Gobierno a nivel nacional. Vamos a ser nueve las comunidades que tenemos ya una ley para garantizar la renta y el Ejecutivo central está abandonando su responsabilidad si no se está planteando financiar estos sistemas para que no se produzcan desigualdades. Cada comunidad autónoma debe saber cómo implementar ese sistema pero tiene que haber una financiación nacional. No puede ser que en el caso de País Vasco, Navarra o Castilla-La Mancha, la población esté protegida y en otras regiones no se dé de la misma manera. Eso requiere una financiación nacional. Pero ahí está la resistencia del PP a plantearse que una de las responsabilidades de un gobierno es proteger a su población. No se puede permitir que ante una situación de crisis se eleve diez puntos la tasa de pobreza.

En la última Mesa de Coordinación del Plan de Garantías, presentó un informe sobre diferentes legislaciones autonómicas a este respecto ¿Qué camino falta por recorrer para que Castilla-La Mancha tenga esa Ley de Garantías Ciudadanas?

Ya está prácticamente terminado el borrador, a falta de algunos ajustes. El camino está bastante consolidado. Creo que vamos a ser unas de las comunidades autónomas a la altura de cualquiera de las que ya lo tienen implementado. Se trata de asegurar un mínimo de renta a la población con situaciones de vulnerabilidad más altas para que, ante situaciones y avatares económicos, no vuelvan a verse en la situación de estos últimos diez años. Una cosa es que haya una situación coyuntural en que la renta de los hogares pueda disminuir, pero cuando son diez años de empobrecimiento, la situación pasa a ser estructural y estamos sometiendo a las siguientes generaciones a una experiencia vital empobrecida. No lo podemos permitir.

En Castilla-La Mancha, incluso con el cambio de Gobierno, no nos hemos movido de la misma tasa de pobreza, un 37%. ¿Cuándo cree que realmente se conseguirá que esta situación no sea estructural?

Primero tenemos que dar respuesta a esa tasa de pobreza. Tenemos que empezar por la pobreza severa y familias con menores, y además la futura Ley no solo actúa como una respuesta sino que es un mecanismo de protección, por lo que una vez que esté en funcionamiento tendremos la posibilidad de ir reduciendo esas situaciones más graves.

¿Se mantienen entonces los plazos de aprobación definitiva de esa Ley Integral de Garantías Ciudadanas?

Así es, el borrador está prácticamente finalizado. Ya hemos mantenido reuniones con otros miembros del Gobierno y estoy segura de que a finales de 2018 estará aprobada en Cortes, y espero que por unanimidad.

Tras la reunión con Mónica Oltra, aseguró que “la experiencia acumulada nos va a hacer bajar más a las necesidad de la población. ¿A qué se refería?

Tenemos que ir viendo cómo todos los procesos de otras comunidades autónomas, dependiendo del tiempo de implantación, han ido mejorando el sistema, identificando dificultades, viendo las estacionalidades que tiene que completar la ley, cuáles son los intervalos de renta que pueden permitir un aumento de la economía circular, o cuáles son los efectos de la renta garantizada en el propio enriquecimiento de la comunidad autónoma. No podemos olvidar que cuando estamos invirtiendo en las personas, las personas invierten en la región. El motor económico de la región son las familias. Si nosotros damos posibilidades vitales a las familias de Castilla-La Mancha, hay fenómenos que son perfectamente contenibles como la despoblación. Cuando la gente no tiene claro que pueda desarrollar su vida y las de sus hijos en unas condiciones dignas, se produce la salida poblacional.

¿Ahí también entrarían en juego las políticas activas de empleo?

Evidentemente, no solo es esta ley la que puede generar una actividad económica importante. Hablamos también de políticas de empleo, agrarias y educativas en toda su amplitud, pero es importante que la gente tenga, para empezar, las necesidades básicas cubiertas. Es el elemento clave.

Ya está en vigor el decreto que hace más flexible el Ingreso Mínimo de Solidaridad en Castilla-La Mancha ¿Alguna previsión para este año?

Se espera un aumento de perceptores, principalmente porque no solo cambia la cuantía sino que también se elimina la suspensión del ingreso que antes estaba estipulada. Es un pasito de lo que va a ser la renta garantizada en el sentido de que es un ingreso estable. Ahora queda un camino por recorrer. La Ley supondrá un cambio cuantitativo de carácter excepcional pero también cualitativo: cuando estamos hablando del sistema de garantía de ingresos del borrador, es una renta garantizada en la que podríamos pasar de unos 8.000 beneficiarios dentro del total de las unidades familiares a casi 50.000 cuando la ley esté aprobada. Y detrás de esos números están las familias.  

Las futuras subidas de la cuantía del Ingreso Mínimo Solidaridad, ¿se recogerán como tales en la Ley o se establecerán de forma progresiva?

La articulación es a través de un porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que es importante porque va marcando un aumento, no es una cantidad fija. Nos estamos planteando entre un 60 o un 70% del SMI en el primer rango con incrementos por número de miembros dentro del hogar. Es decir, entre los 500 y los 600 euros de salida. Es decir, se establece una subida y además se puede incrementar según el hogar y su número de miembros. Es una implantación progresiva, pero nuestro objetivo es que pudiera llegar a todos los hogares de Castilla-La Mancha por debajo de este perfil de ingresos, familias con pobreza severa y con niños.

Pobreza, Ventanilla Única y Ley de Vivienda

Con esta subida, ¿no podría verse ya en 2019 esa bajada de la tasa de pobreza en la región?

Es complicado que puedan verse los efectos en 2019 porque la tasa AROPE se calcula sobre la renta del año anterior. Una vez que esté implantada la ley, necesitaríamos ver los efectos en 2020. Pero no es algo que debe preocuparnos. Siempre reprochamos a las administraciones públicas que hagan políticas demasiado a corto plazo, y lo seguro es que esos hogares van a tener una renta asegurada y eso se va a ver desde el primer día. Tanto el Plan de Garantías Ciudadanas como su Ley llevan además una evaluación, diagnóstico y medición de impacto, con lo que tendremos directamente posibilidad de tener datos estadísticos. En las próximas semanas se hará público ese diagnóstico, y la Ley está en perfecta coherencia y se ajusta a las necesidades de la población castellano-manchega.

¿Alguna prioridad marcada en cuanto los titulares de los derechos de esa nueva normativa, aparte de población en pobreza severa y con hijos?

Vamos a intentar priorizar que sean las mujeres las titulares del derecho de renta garantizada porque son las principales sustentadoras de los hogares y familias con menores y porque la renta garantizada es un mecanismo de empoderamiento y autonomía económica que puede generar efectos importantes en la tasa de actividad femenina, en su capacidad económica y en combatir la feminización de la pobreza. Intentaremos que haya mecanismos que intenten priorizar esta circunstancia.

¿En qué punto se encuentra el proyecto de Ventanilla Única?

Hemos finalizado el plan funcional y ahora estamos realizando trabajos de diseño. Nos parece también prioritario. La ley valenciana contempla de la misma manera que nosotros la importancia de una plataforma tecnológica que permita una accesibilidad más fácil a los ciudadanos y a los profesionales. Debemos respetar que el ciudadano no tenga que ir ventanilla por ventanilla, y el proyecto tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha van en la misma dirección. No podemos permitir que los ciudadanos tengan que pasar un verdadero calvario aportando información una y otra vez ni contando sistemáticamente cuál es su situación vital,

Se encuentra también pendiente de recibir luz verde el anteproyecto de Ley de Vivienda, que incorpora las medidas del rescate habitacional del Plan Podemos. No obstante, las PAH han pedido que haya un rescate familiar más que soluciones habitacionales, ¿Todavía está sujeto a cambio?  

La comunicación está siendo fluida y en esta ley se recogerán una serie de complementos que tienen que ver con el ámbito habitacional. Esta necesidad debe ser cubierta con la emergencia necesaria para dar respuesta a estas familias. Incorpora así supuestos que son importantes y habrá que terminar de perfilar cómo deben ser esos ajustes, pero una de sus cosas positivas es que incorpora esa emergencia. Debe dar una respuesta rápida y ofrecer recursos públicos para dar esa respuesta rápida. Estamos en continua comunicación con la Dirección General de Vivienda y ambas leyes irán comunicadas.