Hace una década, Javier Merino presidente de Quantum Minería proyectó una mina de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, a caballo entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Allá por 2014 logró los primeros permisos del entonces Gobierno de Dolores de Cospedal que no revalidó mandato en 2015.
En 2017, el hoy presidente regional Emiliano García-Page, que gobernaba en coalición con Podemos, dijo que su Gobierno rechazaría el proyecto y que la comunidad autónoma no quería “experimentos” de este tipo.
No pasó los trámites ambientales, provocó un enorme rechazo social en la comarca y finalmente el proyecto quedó aparcado tras una declaración de impacto ambiental negativa. Hasta ahora.
Con distinto gobierno, pero con el mismo presidente regional, García-Page, la empresa ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de cavar unos 400 pozos en la misma zona buscando monacita, una valiosa materia prima, componente de las llamadas tierras raras - son 17 elementos en total- que permiten fabricar por ejemplo dispositivos móviles o aerogeneradores.
Este sábado en una entrevista concedida a Europa Press, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, no descarta que pueda hacerse, aunque advierte que el Gobierno de Castilla-La Mancha no permitirá a las empresas extraer tierras raras si no cumplen con la Ley ambiental de la comunidad autónoma. También se exigirá que las industrias asociadas a las mismas se queden en el territorio regional, pero la puerta queda entreabierta.
“Existe una consulta pública en la cual cualquier individuo, organización, ayuntamiento y colectivo, podrá presentar sus consideraciones oportunas y una vez que estamos estudiando todas estas alegaciones que se hayan presentado, elaboraremos el documento de alcance que permitirá evaluar ambientalmente si es posible o no realizar el proyecto de investigación que ha presentado la empresa Quantum”, ha explicado.
Hasta que el resultado de este documento no se conozca, dice la consejera, no se aventurará a decir si va a ser posible o no que este proyecto se lleve a cabo. “Si existe la posibilidad de contar con materias primas que son necesarias para los sectores industriales, es siempre una buena noticia. Pero tienen que ser siempre compatibles con el entorno natural y la legislación ambiental regional”.
“Por lo tanto, no va a existir connivencia con ninguna empresa”, ha dejado claro, para hacer una advertencia a aquellas empresas que quieran hacer extracciones de materiales raros y decirles que, pudiendo cumplir los requisitos ambientales, el Gobierno de Castilla-La Mancha les va a exigir que la industria asociada a la utilización de esos minerales, se instale en Castilla-La Mancha.
Si la empresa cumple, el Gobierno regional no podrá decir 'No'
No obstante, la consejera ha dicho que si estas empresas cumplen con la ley regional, el Gobierno castellanomanchego no tendría capacidad de poder decir que no pese a lo que ha pedido tener en cuenta la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental para que los municipios puedan valorar previamente si están de acuerdo o no con el desarrollo de un proyecto que sea sometido a evaluación ambiental.
También ha pedido tener en cuenta que este tipo de minería es “muy incisiva” en el territorio y que hay que tener “mucho cuidado” y planificar muy bien dónde puede ir. “Tenemos, desgraciadamente, muchas experiencias de minas que, después de hacer la extracción se han ido y luego ha costado muchísimos millones de euros a todos los ciudadanos el poder recomponer el desastre que se ha producido”.
Recientemente, la Plataforma 'Sí a la Tierra Viva' ha instado a la Junta de Castilla-La Mancha a denegar el proyecto de investigación de Quantum Minería para buscar tierras raras en la provincia de Ciudad Real. El colectivo ha pedido “seguir los pasos” del Cabildo de Fuerteventura, que el 22 de marzo aprobó por unanimidad una moción contra las autorizaciones de prospección de tierras raras en la isla por sus “múltiples impactos negativos”.
En Castilla-La Mancha la decisión todavía no está tomada, pero la diferencia con la decisión que se tomó hace seis años radica en la geopolítica. La Unión Europea - y también el Gobierno de Pedro Sánchez- 'ampara' ahora este tipo de minería para evitar el monopolio de China en su comercialización y en aras de la transición ecológica.