La lista del Partido Popular de estas próximas elecciones autonómicas para el municipio ciudadrealeño de Almodóvar del Campo, que consta de 13 concejales, lleva a cuatro imputados en la misma. Son concretamente el actual alcalde que se presenta a la reelección, José Lozano; la número dos de la lista, Marta Blanco (actual concejal); el número tres, Manuel Jesús Soria (actual concejal) y el número siete, Jesús González (también concejal). Los cuatro están acusados de un delito de prevaricación por el que se pide para ellos siete años de inhabilitación para cargo o empleo público.
Los hechos proceden de la supuesta contratación 'a dedo' de una familiar de otro concejal 'popular', concretamente de José García-Minguillán (que también está en la lista electoral, como segundo suplente del partido). Esta contratación se habría hecho sin ningún concurso público ni valoración y fue para la Casa de la Cultura de la localidad a finales de 2012. Se firmó un contrato de tres meses que fue aprobado por la Comisión de Empleo del Ayuntamiento (formada por los tres concejales imputados) con el voto en contra de la oposición.
Sobre ese caso, ahora la justicia ha aceptado un recurso del propio alcalde para anular por un defecto de forma la petición de abrir un juicio mediante procedimiento abreviado, por lo que se debe volver a elaborar un auto por parte del juez y el caso vuelve a la situación de recopilación de diligencias previas. No opinan así desde el Partido Popular que hablaban, una vez se conocía la anulación de la petición del procedimiento abreviado, de que se había sobreseído el caso, algo que en la práctica no es así. El propio José Lozano así como el delegado del PP en la provincia, Antonio Lucas-Torres, eran los que se referían a esa acusación. El alcalde y tres de los ediles se mantienen imputados (ya declararon por el caso en sede judicial).
Una de las partes de la acusación en el caso, que es el propio PSOE de la localidad, ha valorado la situación de los imputados que vuelven a participar en las listas electorales sin haber sido apartados de la función pública. Blanca Fernández, secretaria de organización provincial del partido, ha pedido al alcalde “que explique por qué metió presuntamente 'a dedo' a una hermana de un concejal del PP sin ninguna garantía administrativa, sin la presencia de los sindicatos y de forma total y absolutamente irregular según nuestra opinión”.
Estos cuatro cargos públicos siguen encausados por el caso que ha dado un paso atrás hasta que el procedimiento vuelva a reemprenderse, manteniéndose no obstante imputados por lo tanto cuatro de los trece miembros de la lista electoral del partido a las elecciones del 24 de mayo.