Dos de los temas más espinosos de Castilla-La Mancha en su vertiente tanto medioambiental como política aparecen en las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y no precisamente alineados con la postura que defienden los ‘populares’ castellanomanchegos. Se trata del trasvase Tajo-Segura, una cuestión en la que el PP no termina de definirse claramente en coherencia con la postura estatal, y la construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), actualmente paralizado.
Según ha adelantado la Cadena Ser y ha consultado elDiarioclm.es, en cuanto a la primera cuestión, el Grupo Popular del Congreso de los Diputados propone vía enmienda incluir en el proyecto de ley de las cuentas públicas una disposición adicional nueva sobre la gestión de las transferencias hídricas entre cuencas. Concretamente, pide que queden sin vigencia los cambios introducidos por el Real Decreto de julio de 2021 que modificó las reglas del trasvase Tajo-Segura.
Es decir, el PP quiere que no se apliquen las nuevas reglas de explotación que aprobó el Ministerio para la Transición Ecológica que han permitido que se trasvase menos agua desde la cabecera del Tajo hasta las regiones de Levante.
Esta modificación se aprobó como primer paso de una demanda histórica de Castilla-La Mancha encaminada a terminar progresivamente con las derivaciones de agua desde el Tajo, permitiendo que tenga más caudal ecológico para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que así lo demandaba. Esta medida del Ministerio, que tiene en cuenta los niveles de agua de los pantanos de cabecera, ya se está aplicando en los últimos trasvases, hasta el punto de que el último se autorizado únicamente para consumo humano.
Su justificación: su gestión “debe ser evaluada”
En su enmienda, el PP simplemente justifica esta petición en que el agua es un recurso natural que genera riqueza y estructura económica y que “su gestión debe ser evaluada incluyendo factores ambientales, sociales y económicos”.
La medida coincide con las repetidas peticiones de más trasvases que se realizan desde el PP de Murcia, pero deja al PP castellanomanchego en una situación complicada puesto que ha firmado con el Gobierno regional un pacto que defiende el agua para la región. Además, en paralelo, los 'populares' están preparando su primera “cumbre del agua”, como un gran escaparate de su oposición a los planes hídricos de Pedro Sánchez y Teresa Ribera que tendrá entre sus protagonistas al trasvase Tajo-Segura. Se celebrará en Murcia y reclamarán el fin del plan hidrológico del Tajo porque “acaba de facto con los trasvases para el regadío de la cuenca del Segura y recorta un 40% la cantidad de agua transferida”.
Resulta también controvertida la segunda enmienda mencionada. El PP registra una modificación de las partidas destinadas por el Ministerio para la Transición Ecológica: pide tres millones de euros para la extensión del plazo previsto en el Plan Nacional Integrado de energía y Clima (PNIEC 2020-2030) destinado a recudir la vida operativa de los reactores nucleares en España. Y al hilo de ello, el PP menciona en su enmienda “la puesta en marcha” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.
Es esta una cuestión sobre la que Paco Núñez apenas se pronuncia pero no es un secreto la defensa que el PP regional hace de que el silo nuclear se instale en Cuenca, pese a la oposición social y política, que es mayoritaria en la comunidad autónoma, y pese a que su construcción está paralizada. Al ATC -en cualquier punto de España- se opone también el alcalde de Yebra y presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Juan Pedro Sánchez Yebra, edil del PP, se pronunciaba sobre el futuro de los residuos radiactivos en España la pasada semana y rechazaba un almacén temporal centralizado al considerarlo “un parche”.
“Estamos hablando desde 2004 sobre un Almacén Temporal Centralizado, ATC, pero ya no estamos en la misma situación que entonces. Mantengamos los ATI y vayamos hacia el AGP. Evitaríamos construir el ATC que sería una inversión fuerte y no deja de ser un parche”, decía este alcalde del PP, durante una jornada en Trillo.
Pero no es la primera vez, de hecho, que el PP intenta reactivar el basurero nuclear. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya pidió el pasado mes de julio la construcción del ATC en Villar de Cañas a través de una propuesta de resolución.
Y en septiembre, el PP propuso en su plan económico para afrontar la factura de la crisis energética “desbloquear de forma inmediata” la construcción del ATC en Cuenca. Lo justificó en que el proyecto “tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización”. En abril el ayuntamiento conquense, en el que gobiernan los populares, volvió a apoyar la idea en un Pleno. Lo que no dice el PP es que ya en 2017 tanto los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear como la propia ENRESA tenían dudas sobre la idoneidad de los terrenos para albergar este tipo de residuos.
El Gobierno de Emiliano García-Page viene oponiéndose a la instalación del cementerio nuclear en Castilla-La Mancha desde que gobierna. En 2019 pidió a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la clausura definitiva del proyecto. Lo dio por “fallido' en 2020 y pidió al PP que se sacudiese ”el mal sueño“ después de que la ministra declararse que no sería fácil recuperarlo. Pero la derecha de Alberto Núñez Feijóo insiste y quiere que los residuos nucleares de toda España (y los que están en Francia procedentes de Vandellòs I) se guarden en Cuenca.