El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, se ha mostrado partidario hoy de “apostar por una banca pública” que garantice los servicios bancarios en los pueblos “si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos”.
Cabañero se pronunciaba así después de que esta semana los alcaldes y las alcaldesas de Elche de La Sierra, Yeste, Letur y Riópar, en la provincia de Albacete, expresasen su “preocupación” ante los efectos que puede provocar el cierre de las oficinas de Liberbank en la comarca en cuanto a la pérdida de servicios para los vecinos y vecinas, para mostrar el “total respaldo” de la Institución provincial a los alcaldes y las alcaldesas.
“Como presidente de la Diputación tengo que ser muy respetuoso con cualquier entidad financiera o con cualquier empresa o persona que opere en la provincia, pero nada nos impide mostrar nuestra disconformidad y hablar claramente”.
"Están en su derecho de cerrar, pero habría que recordar que, cuando hubo que poner dinero público para rescatarlas, la excusa era que lo importante eran los clientes y no los accionistas"
Ha recordado que, junto al vicepresidente económico de la Diputación, ha tenido ocasión de abordar este tema en varias reuniones con representantes tanto de la entidad financiera que acometería estos cierres como de otras. “La explicación que te dan es que se deben a sus cuentas de resultados y a sus accionistas y que están en su derecho, como empresa, de cerrar las oficinas que no les son rentables”, ha explicado Cabañero, que ha sido claro al posicionarse en favor de las localidades del medio rural.
“Sí, están en su derecho de cerrar, pero quizá entonces habría que recordar que, cuando hubo que poner muchísimo dinero público para rescatar a las entidades financieras, la excusa que ponían era que lo importante eran los clientes, no tanto los accionistas. Por tanto, no puedo entender ese liberalismo salvaje cuando interesa y ese intervencionismo cuando interesa”, ha afirmado.
“Primaremos a aquellas que tengan más presencia en el territorio en los contratos públicos”
Para el presidente provincial, se trata de “una muy mala noticia” y, si bien ha señalado que la Diputación, por desgracia, tiene pocas herramientas para actuar en este sentido, ha pedido que nadie dude de que, aquellas que tenga, las va a intensificar. “Por ejemplo, si la Ley de Contratos nos permite, cuando operamos con entidades financieras, primar a las que tienen más presencia en el territorio, lo vamos a hacer; creo que estamos en nuestro derecho de querer más a aquellos que más nos quieran y de querer menos a aquellos que nos quieran menos”, ha señalado.
“Si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos, pues entonces quizá por lo que tentemos que volver a apostar es por una banca pública”, ha sugerido.
Una situación al hilo de la cual el máximo responsable provincial se ha referido a otro de los grandes temas que, vinculado a este, se está poniendo sobre la mesa en las últimas semanas, afirmando no terminar de entender “cómo ahora se pone de moda que tengan que ser las administraciones públicas las que tengan que instalar instrumentos para que los bancos sigan prestando los servicios en los municipios más pequeños”, ha cuestionado.
Y es que está ocurriendo ya en otros puntos de España y también en Castilla-La Mancha. Casi 500 municipios carecen de sucursal bancaria y la mitad de ellos están en la provincia de Guadalajara. De hecho la Diputación en esta provincia licitó la puesta en marcha de 33 cajeros ante la falta del servicio.
A finales de 2021 la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) firmó un convenio con la Junta de Comunidades para instalar hasta 100 cajeros automáticos en municipios pequeños que carecen de este tipo de servicios y que se encuentran en zonas especialmente afectadas por la despoblación o en riesgo de sufrirla. La inversión supera los 3,5 millones de euros de dinero público y es una de las medidas que contempla la Ley de Despoblación recientemente aprobada en la región
Es una opción que parece no gustarle al presidente de la Diputación albaceteña. “Si al final lo que estamos asumiendo es que las administraciones públicas vamos a tener que mantener esos instrumentos para que haya servicios financieros en nuestros pueblos, pues entonces quizá por lo que tenemos que volver a apostar es por una banca pública”.
De forma rotunda, Santi Cabañero ha asegurado no compartir que “un ayuntamiento se tenga que poner a financiar instrumentos financieros para que las entidades financieras sigan estando en nuestros pueblos” y ha sido claro al afirmar que los que presumimos de ruralistas y de defender el medio rural tienen que ser “muy claros en este discurso”.
“Viene a abrir un melón y a esto no podemos jugar”
Para el máximo responsable provincial, eso vendría a “abrir un melón” que no se sabe cómo se va a cerrar. “Mañana nos dirán que si quieres tener una entidad financiera en el pueblo, ayuntamiento, paga a los trabajadores de la entidad financiera y sigo prestando el servicio. Y, no, a esto no podemos jugar”, ha apostillado.
No sé si esta casa va a tener que pasar por ahí o no, no digo de este agua no beberé, pero creo que las administraciones públicas tendríamos que ser más exigentes: el dinero público que se les dio tiene que devolverse atendiendo al mundo rural
El presidente de la Diputación ha insistido en que, de la misma manera que España ha sido solidaria con las entidades financieras cuando lo han pasado mal, ahora las entidades financieras que tiene que atender al mundo rural.
“Sabemos que por la ley de oferta y la demanda, prestar un servicio en el mundo rural es más caro, por supuesto, igual que un consultorio médico es más caro de mantener en un pueblo que en una ciudad, y que recoger la basura en las aldeas de Yeste es más caro que en edificio Covirco de Albacete. Pero, si de verdad queremos tener a las personas redistribuidas en el territorio, y si entendemos que esto de verdad es una política de Estado, tenemos que remar todos en la misma dirección”, ha señalado.
Así, ha reiterado que “no vale jugar a que yo tengo un interés semi-público y, por tanto, ayúdenme, pero cuando no me interesa, digo que mi cuenta de resultados y mis accionistas son lo que manda y yo me voy”.
Una opción sobre la que, finalmente, también se ha pronunciado. “Yo no sé si esta casa va a tener que pasar por ahí o no, no digo de este agua no beberé, pero creo que desde todas las administraciones públicas tendríamos que ser más exigentes en que de alguna manera esa ayuda que con dinero público se ha hecho a las entidades financieras tiene que devolverse, entre otras cosas, atendiendo al mundo rural”, ha concluido.