Ecologistas en Acción y la Sociedad Altacetense de Ornitología (SAO) van a personarse como acusación particular en la denuncia presentada por un asesor jurídico, funcionario en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra María Llanos Valero Hernández, delegada provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, y también contra el secretario provincial de la Delegación Provincial, Francisco Fuentes, por presunta prevaricación en la tramitación de sanciones.
A raíz del conocimiento público de la denuncia, adelantada por elDiarioclm.es, estas organizaciones consideran que los hechos “son de una gravedad extrema” y por ello han decidido personarse en el procedimiento judicial en marcha al objeto de que “se depuren todas las responsabilidades”.
Como organizaciones de defensa ambiental, afirman que les preocupa “profundamente” el contenido de la denuncia que ha trascendido y lo que de ella se pueda derivar en el futuro. Aunque añaden que “por desgracia, no nos extraña en absoluto una situación que en parámetros análogos ya ha sido objeto de queja por parte de las ONG y de los agentes medioambientales”.
“Todo apunta a que en Castilla-La Mancha y, en este relevante caso particular en Albacete, no se están tramitando como debieran los procedimientos de denuncia y resulta especialmente revelador que esto haya tenido que ser puesto de manifiesto a través de la citada denuncia en el Juzgado”, afirman.
Argumentan así que en diferentes ocasiones han expuesto la “falta de trasparencia” en la información de la Consejería y de las Delegaciones Provinciales ante hechos semejantes, así como las denuncias presentadas por ello. “Llama poderosamente la atención el caso omiso que en especial de un tiempo a esta parte se hace de casi todas las solicitudes de información medioambiental sobre denuncias”, añaden.
Denuncia de agentes medioambientales
Asimismo, recuerdan que hace pocas semanas también se hacía pública la denuncia de agentes medioambientales en relación con la falta de tramitación por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible de diversas actas de infracción levantadas por ellos mismos. “En lugar de explicar los motivos de esa falta de tramitación, se les instó a ir a los juzgados. Pues bien, ahora ya sabemos que esta es la vía que han elegido algunos de esos funcionarios que ven ninguneada su tarea de protección del medio ambiente por quienes son los responsables de su gestión”.
A este respecto, Ecologistas en Acción recuerda que en 2022 la SAO ya presentó varios escritos en los que denunciaba, por un lado, la falta de notificación de los inicios de un número importante de expedientes sancionadores por electrocuciones de avifauna protegida ocurridas en 2021 y, por otro, que “se estaban dejando caducar también un buen número de ellos” (entre 2019 y 2021 se contabilizaban 35 expedientes caducados).
“Denunciamos que tampoco se inician expedientes sancionadores ni de responsabilidad ambiental por la muerte de avifauna por colisión con aerogeneradores. La excusa de la Consejería es que a estos proyectos se les presume un umbral por debajo del cual la mortalidad de avifauna ocasionada por un aerogenerador es aceptable. A día de hoy sigue sin haber un conocimiento público de estos umbrales ni de su encaje legal”. subrayan.
Por todas estas razones, exigen también a los responsables políticos provinciales y autonómicos, que hagan una auditoría interna y que expliquen públicamente la gestión en todos estos casos denunciados. Y piden que cumplan con su obligación de “informar y tramitar todos los procedimientos en los que las organizaciones de defensa ambiental somos parte denunciante o nos hemos personado”.
“Igualmente, y con más razón, se deben de tramitar los expedientes iniciados por los agentes medioambientales o de los que se les da traslado a los servicios jurídicos. Las organizaciones Ecologistas en Acción y SAO se muestran firmes y decididas a colaborar con la justicia en la aclaración de esta situación y a participar de los procedimientos judiciales que se incoen. Todo ello con la esperanza de que sirva de revulsivo para que la Consejería de Desarrollo Sostenible tramite como es debido las denuncias que le llegan”, concluyen.