REPORTAJE

Municipios con nucleares que cierran se preguntan si cobrarán por guardar basura radiactiva: “La vaca ya no da leche”

Carmen Bachiller

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El proceso de cierre de las centrales nucleares en España ha hecho sonar la voz de alarma entre los alcaldes de los municipios en la zona de influencia - un radio de 20 kilómetros- de este tipo de instalaciones. Han venido recibiendo importantes compensaciones económicas por albergarlas en sus términos municipales. Pero eso se acaba.

Beatriz Sánchez Cruz es alcaldesa de Almonacid de Zorita, en Guadalajara. En su término municipal se encuentra lo que queda de la central nuclear ‘José Cabrera’, la primera de España en desmantelarse por completo, después de que Vandellós I, en Tarragona, se desmontase solo en parte.  

Las ayudas para compensar el cierre de la nuclear no terminan ni de llegar, ni de concretarse, según la alcaldesa. “Primero las elecciones en 2019 y luego la pandemia lo han paralizado, pero siempre hay una excusa”, lamenta.

En 2005, un año antes del fin de la actividad de la nuclear a esta comarca de Guadalajara se le prometió un plan alternativo de desarrollo económico. El entonces consejero de Industria y Tecnología José Manuel Díaz-Salazar presentaba a los alcaldes un borrador del llamado ‘Plan de Desarrollo para la zona de influencia de la central nuclear José Cabrera’. Se vendió como “una alternativa para el mantenimiento de la actividad, el empleo y el desarrollo de la zona una vez se termine la actividad de la central”.

Pero era solo un borrador y se abrió un periodo de debate para buscar un documento “consensuado”. En sus ejes estratégicos se incluyó la agricultura, la industria y los servicios “con el objetivo último dar a la población la oportunidad de encontrar empleo y oportunidades en sus municipios”.

La Junta pidió también la implicación del Gobierno central, de la Unión Europea y de la empresa propietaria de la nuclear para financiar el plan, pero 17 años después no se sabe nada.

En diciembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó una convocatoria de ayudas para apoyar infraestructuras municipales en zonas de ‘Transición Justa’, dotada con 91 millones de euros que se recibió como agua de mayo. Las beneficiarias eran las centrales nucleares de Zorita (Guadalajara) -con 18 municipios en su área de afección- y Garoña, en Burgos, que será la siguiente en desmantelarse.

Ahora, con la central nuclear convertida en un solar y a la espera de su clausura definitiva en 2024, la alcaldesa de Almonacid de Zorita muestra sus dudas ante el futuro. “Hemos sido los primeros y Almonacid es un ejemplo para lo bueno, pero también para lo malo”, asegura. Y entre lo ‘malo’, dice, está la incertidumbre sobre el futuro económico.

Cuando en 2010 se inició el desmantelamiento de la central nuclear Almonacid de Zorita tenía 810 habitantes. Ha ido perdiendo población y en la actualidad no llega a los 700. Es un pequeño municipio en una de las zonas más despobladas del país, pero tiene biblioteca, ludoteca, guardería, centro juvenil, varios centros culturales, polideportivo cubierto, pista de pádel, frontón, tenis y piscina municipal, además de un centro para emprendedores. El dinero de la nuclear ha permitido a la zona vivir holgadamente. Lo cuentan sin complejos los vecinos. “Hay familias en las que con trabajar solo uno de sus miembros bastaba”, comentan.

"Con el cierre de Zorita, los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse"

Ahora, reconoce la alcaldesa, las cuentas municipales son otras. Se ha pasado de un presupuesto de 6,2 millones de euros en 2010 a la mitad el pasado año. “Mucha gente se ha tenido que marchar. Fue un hándicap centrarse tanto en la central nuclear. Ahora el mayor foco económico que tenemos es una residencia de mayores. No tenemos industrias ni empresas y las ayudas no han sido las que esperábamos”.

Así que la edil dice que sin un plan económico alternativo no será lo mismo. “Tenemos claro que la vaca ya no da leche. Los servicios que antes eran gratuitos quizá no puedan mantenerse. Tenemos magníficas instalaciones, pero cuesta mucho mantenerlas”, advierte, y el colchón económico ya no da para tanto.

“Estoy harta de escuchar hablar de despoblación y envejecimiento en los despachos. Hay que ser más realistas. Sentarse con los ciudadanos y escuchar sus necesidades”.  Lamenta el retraso en dar soluciones a la comarca. “Se tenía que haber previsto antes, mucho antes”, critica, pero también entona el 'mea culpa' (y la de los otros municipios). “No echo balones fuera: nosotros también tenemos que luchar por nuestro pueblo. Y vamos un poco tarde”, asegura.

En Almonacid de Zorita ha quedado el Almacén Temporal Individualizado (ATI) con los residuos radiactivos de alta actividad que generó la central. El resto, los de media y baja actividad, se envían a El Cabril, en Córdoba. Un destino que también tendrán los de Garoña, en Burgos -su desmantelamiento comenzará en marzo de 2023- y entonces no habrá sitio para más, reconoce Paco Castejón, consejero en el regulador atómico de España, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “Habrá que ampliarlo”, dice, pero para ese proyecto la fecha que se baraja es 2028. “No sé cuándo ENRESA enviará el proyecto de ampliación”.

El lugar que ocupaba la nuclear está siendo sometido a vigilancia radiológica por parte del ENRESA. Ese trabajo concluirá en 2023 y deberá presentar un informe final al Consejo de Seguridad Nuclear. Si todo es correcto, habrá una declaración oficial de clausura, no antes de 2024.

Las dudas de los alcaldes del entorno de Trillo tras el cierre de Zorita

El regulador atómico ha organizado este jueves una jornada en Trillo, la segunda localidad de Guadalajara que alberga una central nuclear “para reforzar la información a la población sobre temas relacionados con seguridad nuclear y protección radiológica”.

Alcaldes, asociaciones vecinales, representantes de la patronal CEOE y de ENRESA, la empresa responsable de la gestión de los residuos radiactivos, han asistido al encuentro, el último de una ronda nacional que concluirá el próximo mes en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, en Madrid.

“Allí hablaremos de una herramienta que está desaprovechada y que son los comités locales de información”, explicaba el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez. “Uno de los grandes enemigos de la energía nuclear ha sido la falta de información y sobre todo la desinformación”, aseguraba Paco Castejón.

Pero mientras tanto y a pesar del esfuerzo informativo, los alcaldes siguen hablando precisamente de “falta de información”. Sobre todo en lo económico. “La sensación es de desamparo. No sabemos qué va a pasar con las ayudas”, dice la alcaldesa de Almonacid. Y no es la única. Varios alcaldes expresaban este jueves sus dudas. No solo los que están en el entorno de Zorita, sino los de los pueblos situados en un radio de 20 kilómetros de la nuclear de Trillo, la segunda central que alberga Guadalajara.

Algunos, como el edil de Solanillos del Extremo, Julio Santos, no tiene demasiado claro el futuro en su pueblo después de ver lo que está pasando con los afectados por el cierre de Zorita. En ambos puntos de la provincia de Guadalajara van a quedar residuos radiactivos porque no hay a dónde enviarlos. Este alcalde se pregunta tanto por la seguridad radiológica como por las ayudas por albergarlos. Unas compensaciones que, temen, van a estar lejos de las que ahora se perciben.

La central nuclear de Trillo renovará su licencia para seguir operando en noviembre de 2024. Después seguirá funcionando al menos hasta 2035, cuando está previsto su cierre y desmantelamiento. Será la última en hacerlo en nuestro país si no cambia el calendario del Gobierno.

A la cuestión de la seguridad tras el cierre de las nucleares también se refiere también el presidente de AMAC. “Lo contemplamos con preocupación. Los planes de emergencia han dependido hasta ahora directamente del Ministerio del Interior, de Protección Civil. Pero en el caso Zorita, solo queda el ATI y la seguridad pasa a ser competencia autonómica. Los medios serán los adecuados, no lo dudamos, pero hay incertidumbre”, añade el también alcalde de Yebra, muy cerca de la central desmantelada.

La transferencia de competencias en seguridad al Gobierno de Castilla-La Mancha está avanzada, avanza Sánchez. “El CSN ha emitido un informe con la probabilidad de accidentes y es menor. Entrará próximamente en funcionamiento”. De hecho, el pasado 7 de octubre el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba la revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha (RADIOCAM), que incluye como novedad la gestión de respuesta de las emergencias derivadas de la nuclear ‘José Cabrera’.

¿ATI, ATC, AGP? Las siglas del futuro de la basura nuclear

En Guadalajara también hay dudas sobre el futuro de los residuos radiactivos. El VII Plan General todavía no tiene luz verde. No está claro qué se va hacer con la basura nuclear que hoy se reparte entre las piscinas de las centrales nucleares y sus almacenes temporales individuales (ATI). Y los que de forma también temporal guarda Francia, previo pago de España.

“El plan plantea varias opciones. Hasta cinco. Desde no hacer nada hasta un Almacén Geológico Profundo (AGP) y en estos dos casos, es un disparate”, opina el presidente de AMAC. “En el caso del AGP es que la fecha que se propone en 2073”, lamenta y apuesta por acortar plazos para que esté listo en 2040. Sería la solución definitiva para los residuos. Otra cosa es dónde colocarlo.

“Estamos hablando desde 2004 sobre un Almacén Temporal Centralizado, ATC, pero ya no estamos en la misma situación que entonces. Mantengamos los ATI y vayamos hacia el AGP. Evitaríamos construir el ATC que sería una inversión fuerte y no deja de ser un parche”, reclama Juan Pedro Sánchez.

Confía en que España se mire en el espejo y la experiencia de los almacenes geológicos de Suecia o Finlandia, pero no se muestra optimista con que el proceso sea rápido. Ni por la experiencia con el ATC ni por “la cercanía de las elecciones. No ayudan, lo contaminan todo porque se utiliza de arma arrojadiza. Será un año complicado”.

“El Consejo de Seguridad Nuclear no puede ni debe elegir entre posibles opciones”, matizaba Paco Castejón, preguntado por la misma cuestión. El consejero del CSN se limitaba a pedir que “se haga con seguridad y que se elija bien el emplazamiento”.