En el repoblado del monte público de Fraguas (Guadalajara) continúan su rutina diaria de reconstrucción las diez personas que allí permanecen desde que se inició su ocupación hace casi nueve años. Hay seis personas condenadas tras el controvertido juicio donde se les impuso una pena de dos años y tres meses de cárcel y un año y seis meses de prisión, además de los costes de demolición del poblado. Es un proceso judicial pendiente de ejecución que se une ahora a otro juicio penal: será el próximo 14 de junio contra una persona de las seis que inicialmente habían sido imputadas hace un año por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
Durante este último año, el juzgado de Guadalajara que instruye este último caso ha desestimado la imputación de cinco de esas seis personas al considerar que fueron identificaciones “aleatorias” y tan solo mantiene un presunto delito de usurpación de bien inmueble contra una de ellas. Desde el colectivo Fraguas Revive detallan que ese delito caduca al año de haberse cometido y que la personas imputada lleva más de un año sin vivir en el poblado.
No obstante, este nuevo juicio contará también con la movilización social de protesta. El colectivo de repobladores ha convocado para ese mismo día una concentración en los juzgados de Guadalajara en apoyo a las “represaliadas” por el nuevo proceso. Será a las 11.30 horas en la calle Mirador del Balconcillo, número 19.
Pendientes de otro juicio administrativo
Su protesta también está relacionada con el proceso pendiente de las seis personas ya condenadas y multadas que incluye los costes de la demolición de Fraguas, que todavía no se ha producido tras varios intentos del Gobierno regional. Las multas individuales ya han sido abonadas, pero según apuntan desde el colectivo, el coste de demolición se ha tasado ahora en 110.000 euros cuando inicialmente era de 27.000 euros.
“Ni tenemos ese dinero ni lo queremos pagar. Queremos que la Junta renuncie a imputar esta responsabilidad civil porque de lo contrario, va a meter a seis personas en la cárcel por intentar repoblar un pueblo. Es desproporcionado, es siete veces más el valor de lo que nos ha costado reconstruir las casas. Solo el presupuesto del tejado puesto en la casa común ha sido de 900 euros y por tirar esa misma casa nos piden 35.000 euros”.
Para las personas condenadas nada ha cambiado en cuanto a las intenciones de la Administración regional. “Quieren hacer aquí un despropósito con tal de demoler”, apuntan, y siguen denunciando que los presupuestos enviados incluyan “demoler a ras de suelo” cuando esa operación contravendría la protección con la que cuenta la zona, en pleno Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
Por otro lado, diez personas, entre ellas algunas de las condenadas en el primer proceso penal, también están a la espera de que las citen para el juicio administrativo, todavía sin fecha, mediante el cual la Junta quiere recuperar el monte público de Fraguas por vía del desalojo. “Después de nueve años de okupación, la Administración sigue apretando su maquinaria represiva con la intención de criminalizar los movimientos de okupacion rural. Y seguimos insistiendo: repoblar no es delito”, concluyen.
El último intento de desalojo del poblado por parte de la Junta de Castilla-La Mancha se produjo el pasado mes de diciembre cuando varias de las personas que se encuentran o que están encausadas en los procesos judiciales por su asentamiento en la zona, recibieron una resolución administrativa de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se les daba un plazo de diez días para desalojar la zona. Con ello, la Junta de Castilla-La Mancha volvía a intentar, sin éxito, un desalojo ya iniciaron en marzo de 2021 pero que no ejecutaron debido a las apelaciones.