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El proyecto de la macroplaya artificial en Guadalajara resiste con la prórroga de su informe de impacto ambiental

Maqueta de 'Alovera Beach'

Una resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha ha prorrogado el informe de impacto ambiental del 'Parque de ocio' que se impulsa en la localidad de Alovera, en Guadalajara. Se trata de 'Alovera Beach', un polémico proyecto para construir una macroplaya artificial, que se mantiene en marcha, a pesar de que fue tumbado en la Mesa de Contratación municipal, quedando desierta su licitación tras comprobar que la oferta presentada por Rayet Medio Ambiente no cumple muchas de las condiciones impuestas por el Ayuntamiento. La alcaldesa Purificación Tortuero, del partido local Alternativa Alovera, anunciaba meses después que encargaría un nuevo informe externo para no descartar el proyecto.

La promotora del parque de ocio es ahora Quabit Construcción S.A, aunque inicialmente fue Rayet Construcción S.A. Fue con Rayet que se emitió un primer informe de impacto ambiental, que perdía su vigencia en un plazo de cuatro años. Dicho informe se emitió en resolución el 30 de octubre del año 2020, según se expone en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Uno de los requisitos para que el informe perdiese su vigencia era que no se hubiese iniciado la ejecución del proyecto, lo que sí ha ocurrido, debido a las múltiples decisiones que lo han ido retrasando. De todos modos, en la resolución se advertía de que se podría resolver, si lo pedía el promotor, una prórroga de este informe en el caso de que no se produjesen “cambios sustanciales” de los elementos que sirvieron de base para la evaluación de impacto ambiental.

Así lo hizo Quabit Construcción el pasado 23 de octubre de 2024, que recuerda que fue la declaración de procedimiento desierto por parte del Ayuntamiento de Alovera lo que ha impedido que se pueda formalizar un contrato para ejecutar el proyecto.

Sin “cambios sustanciales”

La Junta de Comunidades explica que para determinar si se produjeron cambios sustanciales del proyecto, y poder permitir así la prórroga del informe de impacto ambiental, se consultó a varias administraciones públicas y personas interesadas, como varios servicios de la delegación provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la Confederación Hidrográfica del Tajo y también la delegación provincial de Educación, Cultura y Deportes -en su servicio de Cultura, así como el servicio provincial de la Agencia del Agua e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Otros servicios consultados han sido el de Proyección Ciudadana -de la delegación de Hacienda y Administraciones Públicas-, y de Urbanismo de la delegación provincial de Fomento; también se ha consultado a la delegación provincial de Sanidad. También al Ayuntamiento de Alovera.

Por otro lado, se ha dirigido la consulta al grupo de WWF en Guadalajara, a la ONG Seo Birdlife, Ecologistas en Acción, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la histórica Asociación Alcarreña para la Defensa del Medio Ambiente Dalma, Asociación Ecológica y Libertad, Fundación Global Nature, y la Asociación Micorriza. No todas las administraciones o entidades consultadas han contestado a la solicitud.

Por su parte, el Servicio de Medio Natural de la delegación provincial ha confirmado que los elementos esenciales utilizados para la evaluación del impacto ambiental siguen siendo los mismos, y que no se ha alterado ninguna de las condiciones que motivaron la evaluación dentro de sus competencias, algo que comparten desde el Servicio de Calidad Ambiental y el Ayuntamiento de Alovera y desde Proteción Ciudadana.

La Mancomunidad de Aguas de Sorbe, por su parte, ha señalado que “las infraestructuras de transporte y potabilización de agua siguen siendo suficientes para cubrir la demanda del proyecto”, sin cambios sutanciales. Pero, eso sí, han reiterado que es necesario presentar cálculos “detallados” sobre el abastecimiento de agua y los consumos que prevé el proyecto básico.

Más de 25.000 metros cúbicos de agua al año

Las principales alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de Guadalajara y Seo Birdlife se centran en el consumo de agua. En particular, en lo relativo al abastecimiento necesario para el llenado inicial de la laguna y el consumo anual estimado para el funcionamiento del parque de ocio. De esta manera, muestran su “preocupación” por el impacto del consumo del parque puede tener en los recursos hídricos locales y recuerdan que se plantea que el agua llegue de la red municipal y podría “generar competencia con las necesidades básicas de la población y la agricultura”.

Por eso, subrayan “la importancia de garantizar que el proyecto no comprometa ni agote los recursos hídricos de la zona”. Desde la Junta resaltan que el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo ya abordó con profundidad las cuestiones ambientales planteadas en las alegaciones actuales. En dicho documento, se analizaron las necesidades de abastecimiento de agua y se concluyó que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe contaba con suficiente recursos hídrico para el municipio y proyectos asociados, explica la resolución. Esto se ve “reafirmado” en el nuevo informe. El consumo de agua se estima en unos 25.584 metros cúbicos.

“Es fundamental recalcar que el procedimiento en curso no evalúa un nuevo proyecto, sino exclusivamente la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental emitido en 2020. El proyecto sigue siendo el mismo que fue objeto de evaluación en su momento, sin cambios en su diseño, ubicación o características. No se está valorando modificaciones, ya que no se ha presentado documentación que indique alteraciones del parque de ocio”, afirman en la resolución de la Junta de Comunidades.

También se aclara, en relación a una alegación presentada por Ecologistas en Acción de Guadalajara sobre la movilidad de los usuarios del parque, procede aclarar que no se han introducido cambios en el acceso, infraestructura vial o aforo del parque, por lo que, una vez más, se confirma que no ha habido alteraciones significativas respecto a las condiciones evaluadas inicialmente.

De este modo, se concluye que las circunstancias iniciales del proyecto permanecen “inalteradas”, y que por tanto se acuerda la prórroga del informe de impacto ambiental.