El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno para aplicar un incremento salarial adicional del 0,5% a los empleados públicos de la región, que se abonará en la nómina de este mes de octubre.
Este incremento afectará a 96.000 empleados ya que, según ha expuesto, “junto a los empleados y empleadas de la administración regional, hay que abonárselo también a los empleados públicos de la Universidad de Castilla-La Mancha y también al profesorado vinculado a las plazas públicas en centros de enseñanza concertados”.
El aumento salarial supondrá un impacto económico en las cuentas de 2023 de 19,8 millones de euros. Sin embargo, Ruiz Molina ha precisado que se trata de un gasto previsto en los presupuestos de 2023 ante las previsiones de inflación.
A través de este incremento adicional, el Gobierno de Castilla-La Mancha responde al acuerdo que “el Gobierno de la nación y las organizaciones sindicales firmaron en octubre de 2022”, que establecía incrementos adicionales del salario en función del incremento de la inflación. De esta forma el incremento retributivo en 2023 será del 3% porque se suma al 2,5% de incremento fijo aplicado a inicios de año.
Además, ha precisado que tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2023 y que se abonará, según las previsiones de la administración regional, “en la nómina del mes de octubre”.
Ruiz Molina ha señalado que este incremento máximo responde a la voluntad del Ejecutivo regional de “aplicar los incrementos máximos que autoriza la legislación básica del Estado”. Asimismo, ha precisado que este incremento adicional es susceptible de aumentar en otro 0,5% más en el mes de diciembre “en caso de que el dato de inflación anual supere el 6%”.
Por otra parte, ha adelantado que en el año 2024 “las retribuciones experimentarán un incremento fijo del 2% que también podrá recibir un incremento adicional en función de la inflación”.
CSIF: el incremento era de “obligado cumplimiento”
La medida la ha criticado CSIF. Ha censurado el “uso propagandístico” que está llevando a cabo el Gobierno regional sobre esta medida porque la subida salaraial es de “obligado cumplimiento” al emanar de un acuerdo nacional, y a pesar de ello el Ejecutivo de Page “promociona este incremento como un logro en materia laboral”.
“La realidad es que desde 2012, y tras amortizar la Tasa Cospedal, el Ejecutivo autonómico sólo ha subido motu proprio -sin verse obligado a acuerdos nacionales- las nóminas de los trabajadores públicos de la región un 0,5%”, argumenta.
En todo caso, para CSIF esta subida, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones, es “totalmente insuficiente”. “El incremento procede, dentro del acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Gobierno de España en octubre del pasado año, de la variable ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC)”. El total de este acuerdo fija una subida del 6% a tres años (2022, 2023 y 2024), más un 1,5% en variables hasta 2024. Es decir, un 7,5% en máximos cuando la realidad es que sólo la inflación media en 2022 fue del 8,4% y la previsión actual es que se sitúe en este 2023 en el 3,9%.
En definitiva, CSIF califica de “inaceptable” este acuerdo cuando ni siquiera corrige la inflación actual y cuando la pérdida de poder adquisitivo supera el 20% desde 2010, y exige renegociar un nuevo acuerdo en materia salar