Amnistía Internacional ha vuelto a mostrar su preocupación por la adquisición de armas táser en diferentes ayuntamientos de Castilla-La Mancha. El último consistorio en sumarse a estas compras ha sido el de Toledo, gobernado por PP y Vox. Por este motivo, la organización de defensa de los derechos humanos ha enviado una carta al alcalde, Carlos Velázquez, en la que pregunta por la formación de los agentes sobre el uso de este tipo de armas, los protocolos de uso y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
Durante los últimos años, esta organización se ha dirigido a los gobiernos municipales de Guadalajara, Albacete, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Seseña, Talavera de la Reina y Fuensalida para solicitar información similar sobre las armas táser adquiridas.
De estos consistorios, siete están gobernados actualmente por el PP, en solitario o con Vox, menos en el caso de Alcázar, donde gobierna el PSOE. Además, en Talavera de la Reina, Ciudad Real y en Albacete, la adquisición (total o parcial) se realizó durante los mandatos de las anteriores corporaciones socialistas.
El Ayuntamiento de Toledo hizo pública esta compra, según ha comprobado elDiarioclm.es, el pasado 21 de mayo. Ese día la Comisión de Hacienda aprobó, dentro de otra partida de gastos, un importe de 28.000 euros para la adquisición de pistolas táser para la Policía Local. Según indicó entonces, su objetivo es utilizarlas en casos donde es necesario “inmovilizar, detener o retener a un individuo o individuos en actitud violenta”.
Esgrimió así un informe de la Policía Local que detalla que desde el año 2020 han aumentado considerablemente las ocasiones en las que los policías no pueden hacer frente a alguna situación peligrosa simplemente con fuerza física. Por ello, señalan, “se hace necesario contar con dispositivos que permitan actual con eficiencia y rapidez en este tipo de situaciones, disminuyendo los riesgos para los agentes”.
“Muchas veces es muy difícil detectar estas condiciones de vulnerabilidad”
Amnistía Internacional ha remitido por este motivo una misiva al Ayuntamiento, fechada el 31 de mayo, donde recuerda que las armas táser pueden causar “graves daños o incluso la muerte”.
“El riesgo de causar graves daños se incrementa si son utilizadas contra personas especialmente vulnerables a los efectos nocivos de un arma táser, como mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, o personas con cardiopatías; o también debido al consumo de drogas, a la medicación que toman o han omitido tomar, o personas que se encuentran en un estado de agitación o sufriendo una crisis de salud mental”.
Según esta organización, los agentes de policía deben ser conscientes de que “muchas veces es muy difícil detectar estas condiciones de vulnerabilidad”. Alerta de que el uso armas táser debe restringirse a aquellas situaciones de amenaza para la vida o de lesiones graves para el agente o terceras personas; riesgo que no pueda contenerse por medios menos extremos y como último recurso, evitando los medios más letales, como las armas de fuego.
“Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque puedan formar parte de los equipos de algunos cuerpos policiales, debido a las consecuencias que tiene el empleo de las mismas, la organización sí tiene algunas preocupaciones con relación a su uso y el respeto a los derechos humanos”.
Así, considera que deben establecerse prohibiciones claras sobre las situaciones en las que no pueden utilizarse estas armas de proyectiles paralizantes en presencia de productos inflamables; cuando la persona ha sido sometida a sustancias químicas irritantes; o si sólo ofrece resistencia pasiva, ya está bajo control y en ningún caso como debe usarse como medio de castigo.
Añade que también tiene que establecerse la prohibición de disparar a determinadas zonas del cuerpo: la cabeza, el cuello, la médula espinal, la zona inguinal o cerca del corazón, ha dicho. Por otro lado, desde Aministía Internacional han indicado que la incorporación de este armamento debe responder a a una necesidad operativa real, previo análisis para su identificación y confirmación de que no existen otras medidas para sortear la laguna operativa identificada.
Amnistía Internacional ha recibido ya alguna respuesta de los ayuntamientos con los que ha contacto, aunque no todas oficiales. En Talavera de la Reina, la anterior Corporación socialista les comunicó en 2021 que la compra había sido aprobada por unanimidad del pleno y que el equipo de Gobierno tenía la “máxima confianza en la profesionalidad” de la Policía Local. “Si tuvieran que hacer uso de las citadas armas, lo harán para defender su integridad física, su vida y la de terceras personas siguiendo los protocolos de actuación”, añadía.
En el caso del Ayuntamiento de Ciudad Real no hubo respuesta oficial, pero el actual concejal de Seguridad, Ricardo Chamorro, no respondió directamente a la organización de derechos humanos, pero sí realizó una publicación en redes sociales explicando que el uso de estos dispositivos ya lo había aprobado la anterior del PSOE. Según apuntó el pasado mes de noviembre, ya disponía de un arma táser que no estaba en funcionamiento y que la previsión sería la adquisición de otra más.
El resto de ayuntamientos mencionados no han respondido a las misivas de Amnistía Internacional.