La inflación y los salarios, las perspectivas económicas, el diálogo social o el papel de sindicatos, la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo. Son algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa durante un acto en Toledo organizado por el periódico Encastillalamancha.es y que tenía como protagonistas al presidente y al secretario de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), que forma parte de CEOE, que también hablaron de Emiliano García-Page y sus críticas a la reforma del delito de malversación o de las expectativas electorales en la región, en presencia del presidente del PP regional, Paco Núñez y de la coordinadora autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, presentes en el evento.
El encuentro se ha celebrado bajo el lema de ‘Falsas verdades que colocan al empresario en la diana de la crítica social’. Al presidente de la patronal Javier de Antonio y al secretario general, Manuel Madruga les han preguntado sobre muchos de los debates o propuestas económicas sobre la mesa. Por ejemplo, sobre la implantación de la semana laboral de cuatro días y sobre si está preparado el empresario de Toledo y de Castilla-La Mancha para asumirlo.
“Lo que nos faltaba para ser menos competitivas”, contestaba tajante Manuel Madruga en referencia a las empresas. “Si alguien ofrece cuatro días de trabajo y tres de descanso es el Mesías y nosotros el diablo si nos negamos. Cada vez se ofrecen más gilipolleces y vamos a peor en lo económico. Son propuestas que no se entienden. Será el mercado y la coyuntura el que nos lleve o no a eso”, decía, para rechazar el “intervencionismo”.
La anterior reforma laboral permitía que las empresas tuvieran mayor margen para tomar decisiones sin que ‘papá Estado’ vele por sus intereses y sin que los sindicatos estén detrás dando por saco
Madruga también ha cargado la intención del Ministerio de Trabajo de ejercer más control administrativo de los ERE dando más competencias a la Inspección de Trabajo. “La nueva normativa laboral se hace rígida para que el empresario no pueda tomar sus propias decisiones y luego vendrá que los sindicatos presten su aval a que eso se pueda hacer”. En su opinión, “si una empresa va a un despido colectivo es porque no le queda más remedio”.
Echa de menos la anterior reforma laboral que, ha dicho, “permitía que las empresas tuvieran mayor margen para tomar decisiones sin que ‘papá Estado’ vele por sus intereses y sin que los sindicatos estén detrás dando por saco. Ahora volvemos a caer en los mismos errores”.
En este punto ha considerado que “si los trabajadores se consideran mal tratados en un despido colectivo, hay una figura que se llama juez”.
En el mismo día en que se ha conocido el último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) que apunta que Castilla-La Mancha sigue liderando la inflación de todo el país, con un 8,1% anual pese a la caída intermensual y que, además Toledo es la provincia más inflacionista de la región con un 8,7% de aumento de los precios respecto al año pasado, en la patronal toledana dudan de los datos.
Manuel Madruga tildaba de “mito” el IPC real y que se apunte a la provincia de Toledo como la más inflacionista en Castilla-La Mancha. “No me lo creo porque según me cuentan los técnicos cada vez se miden los datos de forma distinta”.
En su opinión la inflación “no deriva de que haya demasiado dinero en el mercado, sino del elevado precio de la energía que lo sube todo” e insiste en que la provincia de Toledo no es diferente en este aspecto.
También se hablaba de la subida de salarios que reclaman los sindicatos como fórmula para paliar el incremento de los precios. Hoy mismo el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, lamentaba que la subida afecte más al bolsillo de los trabajadores y que las empresas suban beneficios un 12%.
“Los empresarios no decimos que no haya que subir salarios, la cuestión es hasta dónde y no solo como diga una de las partes”, decía Javier de Antonio, presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO).
El secretario general de la organización empresarial, Manuel Madruga iba más allá al asegurar que “la forma de contratar a los trabajadores y lo que ganan depende de la evolución del mercado y de la coyuntura económica, no de los empresarios”, aunque contraponía, vía impuestos, que lo que han de pagar “sí depende del Estado”.
A los responsables empresariales se les ha preguntado sobre el leit motiv del acto y sobre sus afirmaciones de los últimos días que apuntan hacia una campaña de “desprestigio” hacia los empresarios. ¿Quién o quiénes la hacen?, se les preguntaba. Manuel Madruga ha culpado a los sindicatos del “volcar mentiras en relación con los empresarios y pretenden que cale. Por eso cada vez les sigue menos gente: el trabajador sabe que cuanto mejor le vaya a su empresa, mejor le irá a él”, aseguraba.
Ha reconocido, eso sí, que el 39% de los empresarios que han subido los precios lo han hecho “de forma significativa”, pero considera que es “insuficiente para mantener márgenes”. También apuntaba que subir los salarios puede llevar a una espiral, a “una inflación de segunda vuelta” en la que la escalada de precios y salarios sea constante.
“Los sindicatos andan manifestándose para demandar cláusulas de revisión salarial, y lo que no entendemos es por qué no se manifiestan ante el Ministerio de Hacienda, beneficiario de la inflación a costa de los trabajadores y de las empresas. Cuanto más suben los precios, más recauda el Estado. Un 27,7% más”, aseguraba Madruga que ha criticado que “el Estado sea cada vez más rico mientras que las empresas y los consumidores somos cada vez más pobres”, insistía.
También hablaba de las previsiones económicas para 2023. “No sé lo que puede pasar en 2023, pero si la inflación no ceja, todo aventura que puede ser un año complicado para las empresas”, decía Madruga, quien sin embargo ha eludido dar por hecho que habrá una recesión.
Mientras, Javier de Antonio prefería responder con un dato: “Tenemos 8.000 empresas en concurso de acreedores. El máximo histórico en España está en 9.000 y el año que viene será de 20.000. Es clarificador”, decía.
Hoy mismo la ministra del ramo, Nadia Calviño se refería a las perspectivas económicas para recordar que “las amenazas de grandes catástrofes no se han cumplido”.
Madruga ha rechazado también la idea de que es socialmente justo subir impuestos a las empresas para mantener el Estado del Bienestar. “La realidad es que no es necesario. Si el gasto público está desbocado no es por el Estado de Bienestar sino por el bienestar del Estado”.
Ha cargado, entre otras cuestiones, contra la eficiencia del gasto público en España. “Es un 14% inferior a la media de los países de la OCDE”. Y eso, añadía, supone una “ineficiencia” de 60.000 millones de euros. “Es el equivalente a los que se recauda en IVA todo un año”, sostiene.
En este punto también reclamaba que España se compare con Europa en competitividad empresarial y no en fiscalidad y mostraba su “temor” ante una previsible subida de las cotizaciones sociales para la empresa “de forma encubierta” que, dice, vendrá derivada de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Lamentaba el dirigente de la patronal toledana que “el empresario en España, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, es considerado a menudo como defraudador fiscal” y sostiene que “hay abuso de poder por parte del legislador tributario español”, con una normativa que “no entiende ni la madre que lo parió”.
Añadía que “lo lógico sería que a la hora de aplicar la normativa tributaria a los empresarios se les tuviese en cuenta la presunción de inocencia. Ocurre al revés: son culpables mientras no demuestren lo contrario. Se nos sanciona si no colaboramos y eso nos parece injusto”.
También ha criticado que el Gobierno de España “quiera ahora convertir a la Agencia Tributaria en el ojo que todo lo ve. Es abusivo”, decía, para aseverar que “existe una voracidad canina de un Estado que no puede pagar el gasto público y nos tiene que sancionar”.
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