Ha trascendido que está próximo un acuerdo para el rescate de la decena autopistas de peaje que se encuentran en serias dificultades económicas, tras mantener conversaciones los ministerios de Fomento y Hacienda con las grandes constructoras agrupadas en la patronal SEOPAN y los seis grandes bancos que han aportado la mayor parte de los créditos para la construcción de las autopistas, que aceptarían una quita de la deuda de hasta un 50 %.
La propuesta más plausible, a falta del visto bueno preceptivo de la Comisión Europea, sería crear una nueva empresa de capital íntegramente público que asumiría a las autopistas y tanto sus deudas financieras como los pagos de expropiaciones pendientes, con un coste que se estima entre los 3.600 y los 4.200 millones de euros de dinero público. Las autopistas que integrarán la sociedad son las radiales de Madrid, , , Circunvalación de Alicante y
Se constata así el fracaso de este modelo desarrollista propiciado por un fuerte apoyo financiero del Gobierno y que pudo tener su contraprestación, según determinados indicios investigados en el “caso Bárcenas”, en la financiación del Partido Popular, ha entrado en quiebra y se pretende una vez más socializar las pérdidas, implantando para asumirlas una nueva tasa que ya se está anunciando por el uso de todas las autovías.
El excesivo precio pagado en su día por las expropiaciones en la época del boom inmobiliario, que dio lugar a que se pagase a precio de suelo urbanizable, y el descenso de usuarios en los últimos años por su elevado coste, ha llevado a las concesionarias a desequilibrios económico-financieros.
Así, por citar un ejemplo cercano, las empresas que participan en la concesión de de Peaje 41 entre Toledo y Madrid, Isolux, Comsa, Sando y Azvi, se encuentran en concurso voluntario de acreedores ante la inasumible deuda que arrastra esta infraestructura sin apenas usuarios, y por lo tanto sin ingresos.
acumula una deuda financiera de 380 millones con un pool bancario y otros 150 millones por expropiaciones impagadas, a las que no ha podido hacer frente con sus exiguos ingresos. Los concesionarios achacan el fracaso a la “competencia” de otras vías gratuitas y en especial a que el Ministerio de Fomento no autorizó la prolongación de la autopista de peaje hacia Ciudad Real y Córdoba que se suponía le daría verdadero sentido y rentabilidad al ofrecer una alternativa atractiva a la autovía de Andalucía. El Tribunal Supremo admitió que el Ministerio causó un perjuicio con su negativa a alimentar expectativas que los jueces valoraron en 100 millones de euros que, sin embargo, aún no ha abonado.
La burbuja de las infraestructuras fue auspiciada por el lobby de la construcción en obra pública, con fuerte influencia política gracias a mecanismos que hoy empiezan a ser conocidos, apalancada alegremente por el aventurerismo financiero y jaleada por unos medios de comunicación desarrollistas vinculados directamente a los intereses que se han lucrado con obras de dudosa rentabilidad social y enorme coste medioambiental.
A pesar de la amarga experiencia el nuevo plan de infraestructuras que promueve Fomento incluye entre las obras a realizar, además de una nueva radial en Madrid (la R1), una prolongación de la AP-41, para prolongarla desde Toledo hasta Córdoba, además de 4.700 kilómetros más de autovías.