¿Qué tratamiento reciben las víctimas de odio en los servicios sanitarios? ¿Existen protocolos específicos? ¿Están los profesionales y las instituciones sanitarias preparadas para atender a estas personas?
Son algunas preguntas a las que buscará respuesta y soluciones un equipo de ocho personas, todas ellas vinculadas a la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM, con sede en Talavera de la Reina, que acaban de iniciar el proyecto europeo Support and Advice Through Health System for Hate Crimes Victims, para apoyar y mejorar la protección de las víctimas de los delitos motivados por el odio en su tránsito por el sistema sanitario.
El proyecto tiene una duración de dos años y lo coordina Juan Antonio Flores Martos, profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) quien desde hace más de diez años trabaja sobre violencias estructurales, violencias institucionales y violencias cotidianas.
Antropólogos, sociólogos, trabajadores y educadores sociales o enfermeros conforman este equipo (que conjuga la acción de la universidad y de la Asociación Socioeducativa Llere) en el que confluye experiencia y “preocupación” por la escalada de este tipo de delitos en nuestro país “que empiezan a desmandarse y hay que empezar a ponerle coto, no solo en los medios o en las redes sociales”.
Y es que, apunta, “en nuestro país, cuando se habla de delitos de odio casi siempre nos referimos a tuits. Claro, estamos en otra dimensión de la realidad. Hablamos de ingresar en un hospital por esta causa, algo muy por encima en la escala de lo que hoy está en el discurso público español”.
El profesor se refiere a la xenofobia, la aporofobia, los delitos contra la comunidad LGTBI o incluso el odio a las mujeres (y no solo lo vinculado a la violencia de género). “Hay que recordar el caso de un hombre de Talavera de la Reina que agredió a una mujer en Barcelona, cuando iba a cruzar una avenida. Las imágenes son brutales. Eso es un delito de odio”.
Se da ahora, dice, “un salto cualitativo de cara a poder atender la problemática de las personas que van o no van al sistema sanitario, víctimas de delitos de odio”, con el fin de apoyarles, de asesorarles y que las instituciones sociosanitarias, los servicios de emergencias, incluidas las ambulancias, “visibilicen este tipo de delito y activen protocolos que hoy en día no existen”.
Toledo encabezó en 2017 el número de delitos de odio registrados
La estadística al respecto es escasa y la recoge la Red Europea contra el Racismo (ENAR), pero “el problema es que donde no se visibiliza no hay un cómputo. Nuestro proyecto sería un grano de arena para contribuir a visibilizar para intervenir”, dice el profesor.
Lo que sí se conocen son los datos del Ministerio del Interior (los últimos corresponden a 2017), institución que dispone de una Oficina Nacional de lucha contra este tipo de delitos.
Según los datos de este departamento, el número de hechos conocidos ascendió a 39, registrándose una tasa de 1,9 por cada 100.000 habitantes, de los que 18 estuvieron relacionados con la ideología, 15 con la xenofobia y seis con la orientación o identidad sexual.
15 de los 39 delitos de odio registrados se produjeron en Toledo, 10 en Cuenca, seis en Ciudad Real y cuatro tanto en Albacete como en Guadalajara. Hubo un total de nueve detenidos, de los que cuatro lo fueron por delitos relacionados con la ideología, tres con la orientación o identidad sexual, uno por xenofobia y otro más por delito de odio por causas religiosas.
Crear el certificado de calidad 'Stop Daños de Odio' en hospitales
Conseguir reforzar la atención médica y psicosocial a las víctimas de los delitos motivados por el odio en el sistema de salud y facilitarles el acceso a recursos de protección, asistencia y apoyo especializado así como incorporar a las instituciones del sistema de salud a una red internacional de apoyo a las víctimas están entre los ambiciosos objetivos del proyecto.
Unos objetivos que necesitarán del apoyo de las instituciones públicas sanitarias. ¿Cómo lo harán? “Con pico y pala” (los recursos y el tiempo son escasos), responde el profesor, quien detalla que trabajarán con hospitales de Castilla-La Mancha, de Madrid y de Catalunya. “Hemos tenido ya contactos iniciales y existe una receptividad excelente”, de cara no solo a realizar la investigación sino a formar a los profesionales sanitarios. “Nos gustaría tener una muestra mayor, pero solo disponemos de 340.000 euros”.
Ya se ha producido una primera reunión de los países socios del proyecto entre los que, además de España, se encuentran Chipre, Malta y Hungría. Ha sido en Budapest donde se celebraba el primer encuentro auspiciado por la National University of Public Service, una institución universitaria húngara en la que se forman policías, trabajadores sociales o de hospitales, con vocación práctica. Y es que Hungría, como también lo son Chipre, Malta o la propia España (todos ellos países miembros del proyecto) viven cada día la realidad de la llegada de refugiados, recuerda el profesor y son por lo tanto “sensibles” a esta tipología delictiva.
La próxima reunión se producirá el próximo otoño en Chipre para presentar los primeros resultados de la investigación. Lo que más valora la Comisión Europea, dice el coordinador, “es que después podamos elaborar un estudio con datos cualitativos, realizar un proceso de formación, con training a profesionales, difundir resultados y crear una red de compromisos, al menos de las instituciones participantes, creando una especie de sello de certificación de calidad denominado ‘Stop Daños de Odio’ al que pudieran adherirse otros hospitales o servicios de emergencias”.