El proyecto minero de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel ha sido protagonista del pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, mediante un largo y denso debate solicitado por el Grupo Parlamentario de Podemos al que han asistido miembros de la Plataforma Sí a la Tierra Viva y alcaldes y concejales de pueblos de Ciudad Real afectados como Castellar de Santiago, Torrenueva, Valdepeñas, San Carlos del Valle o Torre de Juan Abad. La sesión plenaria ha servido finalmente para que el PSOE haya adelantado que la iniciativa minera “tiene los días contados”. Sin embargo, los socialistas no han apoyado la propuesta de resolución presentada por la formación morada en la que pide el archivo del procedimiento minero, que finalmente ha salido adelante con los votos del PP, partido que curiosamente inició los trámites administrativos cuando todavía gobernaba en la región.
El diputado David Llorente ha comenzado su primera intervención elogiando la “lección de coraje y dignidad” de los vecinos del Campo de Montiel para “romper un pacto de silencio” que, según ha apuntado, existe en torno al “oscuro entramado de intereses” sobre los proyectos mineros. Ha afirmado que se ha pretendido convertir este asunto en una “imposición silenciosa”, denegando el acceso a los expedientes, y frente ello ha apostado por la “transparencia y democracia” de quienes “han alzado su voz”, llamando a la participación en la manifestación que la Plataforma ha convocado el próximo sábado, día 21 de mayo, en Torrenueva, contra los planes de la empresa minera Quantum.
Según ha dicho, el Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha “tomado conciencia” de la importancia de esta cuestión, y ha puesto como ejemplo otros proyectos de tierras raras como el del lago Bautou en China o del Mountain Pass en Estados Unidos, que provocaron residuos tóxicos y evacuación de la población. “Esta es la amenaza que se cierne sobre la provincia de Ciudad Real”, ha destacado, insistiendo en que se trata de diez permisos de explotación minera que afectan a una extensión de terreno equivalente a 50.000 campos de fútbol.
Llorente ha destacado que el proyecto supone una “amenaza grave y directa” para el abastecimiento de agua, para la salud, para la protección de la fauna y el patrimonio natural, para las actividades agroalimentarias y para la soberanía popular, recordando el rechazo manifiesto de organizaciones agrarias, denominaciones de origen y colectivos ecologistas. Por todo ello, ha preguntado al Gobierno regional si ese es el modelo de desarrollo económico que quiere para la zona, y ha pedido “aprender lecciones de Seseña”, en referencia al incendio del cementerio de neumáticos, añadiendo también otras cuestiones como los vertidos de amianto en Toledo o el cementerio nuclear en Cuenca. “Más vale prevenir que curar”, ha apostillado.
“Acusaciones muy graves y sin pruebas”
La réplica se la ha dado la portavoz del Grupo Socialista, Blanca Fernández, quien ha querido saludar a los alcaldes asistentes y después ha arremetido duramente contra el diputado de Podemos, por haber realizado “acusaciones muy graves, sin pruebas” y “tomando por tonta a la ciudadanía”. Ha negado cualquier pacto de silencio sobre este proyecto, recordando que la información está publicada, que ha habido multitud de reuniones y que ni siquiera se ha llegado a la declaración de impacto ambiental. Todos estos hechos, ha añadido, se harán llegar a la Defensora del Pueblo, que ha iniciado una investigación del proyecto.
Dicho esto, ha explicado que los minerales de tierras raras son imprescindibles para la alta tecnología y la “vida de todos” y ha preguntado a Llorente si rechaza su extracción en todo el mundo. Sin embargo, aunque ha explicado que la minería “bien gestionada” puede ser fuente de desarrollo y de generación de empleo, ha reconocido que el proyecto para el Campo de Montiel no está exento de polémica, y ha contrapuesto al mismo el anuncio del presidente, Emiliano García-Page, de elaborar un Plan Estratégico concreto para la zona.
“La tecnología en manos de la ciudadanía en el siglo XXI son las tierras raras”, ha dicho Fernández, precisando que las nuevas explotaciones se deben a que China ha dejado de exportar la monacita, y ahora “las empresas que huelen negocio, negocios quieren hacer”. “Pero las administraciones estamos para compatibilizar el negocio con el interés general, y que sea compatible con el patrimonio, con la economía, con la naturaleza, con la salud y con la tradición; y el trámite ambiental está cumpliendo todo ello”, ha alegado.
Pero finalmente, ha querido dejar claro que al PSOE no le gusta el proyecto y ha señalado que se trata de un debate “prácticamente cerrado”. Es más, ha echado mano de la novela ‘Crónica de una muerte anunciada’ de Gabriel García Márquez, para apuntar que esta iniciativa “tiene los días contados”, en base a lo afirmado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre la escasez de agua para realizar las extracciones. “A buen entendedor, pocas palabras bastan”, ha concluido, recordando que hay que cumplir con los procedimientos administrativos “sin alharacas y sin alarmar”, pesando en el “interés general y no en el electoral”.
Por su parte, el diputado del PP Antonio Martínez ha centrado su discurso en criticar la postura de Podemos por apoyar a un gobierno que “les torea todos los días” y ha denunciado la opacidad en este proyecto y los muchos “efectos negativos” del mismo. No ha hecho referencia, no obstante, al hecho de que fuera el anterior gobierno de María Dolores de Cospedal quien iniciara los trámites, algo que le han recordado después los otros dos grupos parlamentarios. También ha leído una carta de un particular en la que pide que se pare “este monstruoso proyecto” y solicita al consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo que “salga de su despacho” a “pisar y oler la tierra antes que decida salvarla o condenarla”.
El procedimiento administrativo “no puede ser de otra manera”
Ha sido el consejero el último en intervenir para realizar un breve resumen del procedimiento, recordando que actualmente se encuentra a la espera de que la empresa minera presente estudio de impacto ambiental. Una vez presentado, se iniciará el trámite efectivo de la evaluación ambiental ordinaria. “Esto es así y no puede ser de otra manera”, ha resaltado. “Cuando llegue el momento de hacer la declaración de impacto ambiental, se tendrá en cuenta todo, incluido si hay o no dotación de agua. Y evidentemente, si no hay agua, esa evaluación no puede ser positiva, pero no me compete a mí decirlo sino a la Confederación Hidrográfica”, ha apuntado.
Ha pedido por ello no desatar más “alarmismo” en torno a esta cuestión y ha negado que el proyecto afecte a la extensión de terreno citada por Llorente, sino a 300 hectáreas. También ha insistido en que la transparencia es “total” y se está cumpliendo toda la legislación, momento en el que ha querido reconocer el trabajo y esfuerzo de la Plataforma Sí a la Tierra Viva pero también pedir respeto para los técnicos que trabajan en la evaluación.
El debate ha finalizado con la aprobación de una propuesta de resolución de Podemos, que ha recibido el apoyo de los diputados del PP. En la misma se insta al Gobierno regional a adoptar las medidas necesarias para unificar todo el procedimiento del proyecto en uno solo y proceder al archivo de las actuaciones debido a los informes negativos de la Confederación del Guadiana. Por el contrario, se ha rechazado la propuesta del PSOE, que solicitaba tramitar todo el procedimiento de acuerdo a lo exigido por la ley y “teniendo en cuenta las sinergias”, garantizando la mayor transparencia en el proceso.