El Congreso de los Diputados ha sido el escenario elegido por un total de 17 entidades de la sociedad civil para presentar una lista de prioridades para la política de agua en la próxima legislatura. En el documento entregado a parlamentarios, diversos colectivos locales, entidades recreativas y ambientales, organizaciones científicas y redes y plataformas ciudadanas a nivel de cuenca, reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua. Las peticiones se dividen en dos grupos: en el primer bloque se contemplan una serie de medidas urgentes, de acción inmediata para el próximo Gobierno central; y el segundo propone varias medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura.
Entre las medidas urgentes, destacan en primer lugar el reconocimiento por ley el derecho humano al agua en España, restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general, así como revisar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, estableciendo hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases.
Otras demandas prioritarias incluidas son la liquidación de las Sociedades Estatales de Aguas y devolver sus competencias a la Administración Pública; la aplicación de una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso; el acotamiento de la definición de los conceptos de 'interés general' y 'obra de emergencia' para evitar abusos que favorezcan intereses económicos particulares a costa de los ecosistemas; y la paralización definitiva de las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales. En este último caso, ponen como ejemplo el estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril, o los embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués, Mularroya.
En cuanto a la potenciación de las medidas para favorecer los valores naturales del agua, las entidades firmantes piden revisar los regímenes de caudales, reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales, y ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales.
Por otra parte, en el escrito se reclaman otra serie de medidas de envergadura para finales de la legislatura, que encabeza la reforma de la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea. Incluyen igualmente la reforma del sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas; y el fomento de una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua.
Trámites administrativos, desarrollo rural y biodiversidad
Finalmente, las peticiones se centran en racionalizar y simplificar los trámites administrativos en los usos no privativos (lúdicos y recreativos), impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático, y garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial. El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos que ilustran distintas facetas de la problemática y demuestran la necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España.
Varias de las entidades firmantes representan a la sociedad civil en los Consejos de Agua a nivel estatal y de cuenca y ya han denunciado a España ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de agua. Según recuerdan, estas denuncias siguen bajo la investigación activa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Todos ellos se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad.
Las entidades firmantes de este documento son: AEMS-Ríos con Vida, Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua, Asociación Ojos del Guadiana Vivos, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases Ecologistas en Acción, Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace, Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Plataforma por la Defensa del Río Castril, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos, SEO/BirdLife, Unión Nacional de Pescadores Conservacionista, WWF y Xúquer Víu.