El pasado viernes el Gobierno de Castilla-La Mancha recibió un fax del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas invitándole a convocar la Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa entre Gobierno central y comunidad autónoma para “evitar el recurso de constitucional” de la nueva ley que reduce el horario de los funcionarios de la Junta a 35 horas semanales y que fue ratificada por las Cortes regionales. Desde la Junta consideran que detrás de esta decisión se encuentra “la mano” de la expresidenta Maria Dolores de Cospedal.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha referido a esta cuestión mostrando la disposición de la Junta a convocar esa comisión biletaral, pero ha apuntado en todo momento a Cospedal: “con tal de interferir la acción del Gobierno de Emiliano García-Page, es capaz de cualquier cosa, incluso de jugar con los derechos de los empleados públicos”.
Frente a ello, ha avisado de que la Junta va a defender “con uñas y dientes” una decisión aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha y que, a su juicio, “supone recuperar un derecho de los empleados públicos que ya tenían reconocido con anterioridad y a lo que se había comprometido García-Page”. Así, ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido la primera región en adoptar esta medida pero que no será la última, porque la nueva normativa respeta la legislación vigente.
La noticia ha provocado las reacciones políticas de PP y PSOE. El parlamentario 'popular', Francisco Núñez, ha defendido la ampliación de la jornada que hizo Cospedal cuando gobernaba, afirmando que ahora el Gobierno central tiene que valorar la modificación que ha hecho el Gobierno de Page y “recurrir lo que tenga que recurrir”. “Cuando se conozca el contenido del recurso daremos nuestra opinión, pero nos parece que con el populismo de este gobierno no vamos a ningún sitio”.
El “recadito” de Hacienda
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Blanca Fernández, ha anunciado el registro de un debate general en las Cortes regionales tras el “recadito” de Hacienda y ha interpretado que esta decisión del Gobierno de Rajoy en funciones es un “pulso para quedarnos atrás en esta recuperación de derechos”. De hecho, ha adelantado que no habrá marcha atrás en este asunto “por mucho que Rajoy se oponga a última hora” y ha confrontado esta decisión con la del cierre de Elcogas en Puertollano: “No ha querido reunirse para Elcogas pero para esto sí”.
“Esto dificulta el discurso del PP, que por un lado pide la recuperación, luego se abstiene en la ley que regula la jornada laboral, pero nos envían por la puerta de atrás al Ministerio para que meta miedo”, ha dicho Blanca Fernández, quien finalmente ha pedido que se retire esa “intención del recurso” si quieren“contribuir a recuperar lo perdido”.