El Consejo de Ministros acordó, en su sesión del pasado 15 de septiembre, la tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que tendrá una sección específica dedicada a los “símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática” con una definición “más precisa” para retirar este tipo de tanto en edificios públicos o privados (incluyendo los religiosos).
También se incluirá un “procedimiento detallado de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, de no haberse producido de manera voluntaria” y habrá medidas expresas que incluyen privar de ayudas y subvenciones a los infractores.
Es la respuesta a la pregunta escrita planteada el pasado mes de septiembre, por Carles Mulet, senador designado por las Corts Valencianes que se integra en el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem) de la Cámara Alta.
Mulet denunciaba la “falta de respeto a las Cortes Generales y a la legislación vigente”, en alusión a la postura del alcalde de Peñalver, en Guadalajara, por su negativa a retirar las placas con nombres franquistas en varias calles del municipio. Además, el senador preguntaba a la Cámara si “se va a permitir que continúe el señor alcalde con el desprecio absoluto a las víctimas del franquismo”.
Las ‘razones’ de la negativa del Consistorio a cumplir la Ley de Memoria Histórica
El senador viene requiriendo a diversos ayuntamientos de España cumplan con la Ley de Memoria Histórica, “ante la pasividad de los gobiernos central y autonómico”.
En el caso de este Ayuntamiento de la provincia de Guadalajara, Mulet requirió hasta en dos ocasiones, tanto en 2017 como en 2018, el cumplimiento de la citada norma en varias calles del municipio.
Fue en octubre de 2017 cuando el Ayuntamiento informaba al Senado que se procedería “en próximas a una consulta popular, para la renovación de nomenclatura, si procede, de denominación de vías”.
Desde el Ayuntamiento que dirigía José Ángel Parra Mínguez, del Partido Popular, y que hoy sigue en el cargo, se aseguraba que en la localidad “jamás ha existido, ni se ha presentado queja alguna sobre la nomenclatura de viales, siendo este municipio de apenas 250 habitantes, donde reina la concordia y el respeto escrupuloso a las opiniones diversas y democráticas desde el advenimiento de la democracia de 1978”.
Apelando a esas razones, argumentaba el Ayuntamiento, que se optará por la “prudencia para la adopción de cualquier medida que hiera la sensibilidad de sus conciudadanos” y que, en todo caso, los tiempos en el municipio “los marca este alcalde” aludiendo al Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en cuanto a los asuntos que se incluyen o no en cada Pleno municipal.
“Esta Alcaldía de mi Presidencia, no incluirá dicho punto en el Orden del Día de los Plenos que se celebren, hasta que no se cuente con toda la documentación, informes de idoneidad y propuestas de la ciudadanía sobre nombres que se podrían instalar”.
El alcalde, que forma parte del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Guadalajara en calidad de vicesecretario Territorial, aludía a que todas las placas del callejero del municipio “ son de azulejos serigrafiados”, alegando por ello el “alto coste” para un municipio con un presupuesto de gastos corrientes de 187.950 euros, así como falta de presupuesto o capacidad de maniobra económica “debido al techo de gasto para la adquisición de nuevas placas”.
Y no solo eso, decía el alcalde, que apuntaba que cambiar el callejero “sin saber primero qué se va a poner, o sin disponer del callejero visible, provocaría en los profesionales de Correos u otros, confusiones perjudiciales por no hacer las cosas bien y con tiempo”.
“Entenderá Su Señoría, que si han estado dichas placas instaladas con ese nombre los últimos 80 años, bien podrán esperar un año más para su cambio”, concluía el alcalde.
La legislatura terminó en 2019, sin que el Consistorio haya dado el paso para avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, de ahí la reciente pregunta, el pasado septiembre de 2020 del senador Carles Mulet.