Hasta 307 trabajadores estatutarios del SESCAM iban a pasar a depender funcionalmente de la empresa privada según el Pliego de Cláusulas Administrativas del nuevo hospital de Toledo. Se trata de una forma de privatización de trabajadores del sector público que ahora ha frenado el Juzgado Contencioso-Administrativo número tres de Toledo, al estimar parcialmente el recurso interpuesto por CCOO contra las cláusulas que permitían la gestión de este personal no clínico. Es un revés judicial a la polémica construcción de esta nueva infraestructura y desde el sindicato indican que sienta un precedente jurídico en defensa de la sanidad pública castellano-manchega.
Para Chelo Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, esta sentencia judicial no ha supuesto la paralización de la obra puesto que se enfocó a siete cláusulas específicas de contratación, de las cuales el juzgado ha estimado seis. “Es muy importante para el futuro de la sanidad pública y además le da un toque a las administraciones sobre lo que se puede y no se puede hacer”, detalla. Se refiere así al hecho de que en ese pliego se “inventaran figuras jurídicas” para la integración del personal estatutario en una concesionaria. En la sentencia se concreta que “eso no es procedente” porque la empresa adjudicataria no cumple los requisitos.
En total, esta resolución afecta a auxiliares administrativos, celadores, pinches, cocineros, fontaneros y electricistas que orgánicamente forman parte del SESCAM, y cuyas condiciones laborales, ajustadas a su obtención de una plaza pública, “no pueden ser eliminadas a través de cláusulas privadas de concesión administrativa”. “No pueden quedar en manos de una entidad que va a explotar esa obra en el futuro”, detallan en el sindicato.
Tanto Cuadra como el secretario general de CCOO-CLM, Jesús García Villaraco, han destacado el hecho de que la sentencia supone “un antes y un después” en la sanidad pública, y facilita además la renegociación que el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizado con las empresas adjudicatarias sobre ese pliego de condiciones. La Junta ya ha manifestado que no presentará recurso contra esta decisión. En cuanto a la concesionaria, confían en que tampoco la recurra ya que eso supondría retrasar el inicio de las obras.
De cualquier forma, se trata de un revés judicial contra la privatización de los servicios del Complejo Hospitalario de Toledo, y contra la que ya se habían manifestado los sindicatos. Ahora, desde el Gobierno de Emiliano García-Page existe el compromiso por una sanidad pública que, según CCOO, esta sentencia viene a reforzar y a hacer aún más exigible.