Era mayo de 2012 cuando María Dolores de Cospedal presentaba los primeros presupuestos completamente elaborados por su equipo de gobierno para Castilla-La Mancha. En ellos, la tarea necesaria de frenar el déficit que un año antes se había colocado en el 7'7%. Empezaba así una legislatura que en lo que compete a los servicios sociales y en especial a la sanidad se haría complicada para los castellano-manchegos y que rompería diversos hitos que había costado años conseguir en sanidad.
Para poner en valores esta sanidad nos tenemos que ir diez años antes, a enero de 2002, cuando el Estado cede las competencias de sanidad a todas las regiones de España. En ese punto se crea el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El SESCAM acoge los bienes de la Seguridad Social en materia de salud y empieza a ser gestionado por el entonces gobierno de José Bono. Castilla-La Mancha (como todas las comunidades autónomas) ya tenía un servicio de salud independiente.
Este servicio crece y crece, alcanzando su cénit (como casi toda institución del país) por 2007, cuando de una 'tacada' se inauguran nuevos hospitales en Villarrobledo, Tomelloso y Almansa. Se cumple una deuda histórica con algunas de las localidades más grandes pero a la vez con menos servicios de la región como esas tres y el sistema castellano-manchego llega a los 17 hospitales. Con la apertura de estos centros, también crecen los empleos en el sector y se mejora la atención de los pacientes al haber menor espera. En 2009 la región tenía 5.842 camas hospitalarias, de las que 5.300 eran en centros públicos. En 2010 eran 26.365 profesionales los que tenía el SESCAM repartidos por una veintena de hospitales, ocho centros de especialidades, casi 200 centros de salud en toda la comunidad y más de 1.100 consistorios locales en zonas rurales. El 28% del presupuesto de la región era para sanidad a este año.
Con estos datos volvemos al 18 de mayo de 2012 y a los primeros presupuestos de Cospedal en el cargo. Como la mayor partida de la región, también la más recortada en el llamado “plan de ajuste presupuestario” (que no recorte) fue la sanidad. 540 millones de euros menos que tuvo la sanidad aquel año acompañados de 194 millones de ingresos nuevos con subidas de impuestos, copagos, privatizaciones de hospitales y de servicios. A las medidas adoptadas para todos los funcionarios, como la eliminación de la paga extra del segundo semestre de 2012, o el recorte de sus salarios en un 3%, los sanitarios se enfrentaron a medidas propias para ellos. Los médicos estarían obligados a jubilarse a los 65 años (antes podían continuar hasta los 68), tendrían menor sueldo, más guardias y más horas de trabajo para todo trabajador. Y se abría además como forma de aliviar la carga económica la llamada “colaboración público-privada entre instituciones”, llamada coloquialmente privatización.
Aquel plan de ajustes tenía puntos muy concretos, como los que regulaban jornadas laborales de médicos, y puntos más ambiguos, como por ejemplo “reordenar la atención primaria adecuando los puntos de atención primaria”. Con el tiempo esa reordenación significó cerrar bastantes de ellos. Copago farmacéutico, copago por transporte sanitario...explotar hasta la última moneda del sistema de salud castellano-manchego. Parando, además unos meses antes, la construcción de todos los nuevos centros de salud de la región. Se paraba así, por ejemplo, el que iba a ser proyecto estrella del SESCAM que era el Hospital Universitario de Toledo (en su día el proyecto más grande de Europa) y que por aquel entonces era ya el esqueleto que hoy día queda en pie. Pero también proyectos en Cuenca, en Guadalajara, de centros de salud de Caudete, en La Alcarria, en Tomelloso, en La Solana, en Moral de Calatrava...en definitiva, dejar el SESCAM en una especie de 'stand by'. A pesar de que algunos centros de salud costaba más dejarlos cerrados que abrirlos porque ya estaban hechos o poniendo en riesgo cientos de millones (como en el caso del hospital toledano).
Y menos centros de salud y privatizados, repercutiría en menos trabajadores, aunque Cospedal en su día solo hablaba de “ajuste” de los mismos. El PSOE decía también en su día que hasta 10.000 sanitarios se irían a la calle. Hoy ya podemos poner cifra a cuántos trabajadores sanitarios se han perdido con los ajustes: 3.750 (según Comisiones Obreras). Uno de cada nueve médicos de Castilla-La Mancha ha dejado de existir.
Esas eran las medidas (principales), pero faltaba ver cómo esas medidas repercutían en el sistema de salud de la región. Muchos lo tildaban de excesivo, “no se puede tener un hospital cada treinta kilómetros”. Pero el recorte del gasto llegaba a todas las partidas presupuestarias: desde las más importantes, como sueldos, hasta la más nimia, como el mantenimiento de los “sescamitos” (los coches, en su mayoría Renault Clío, que usan en sus traslados los médicos en salidas a ver a pacientes), o usar una sala menos para pagar menos luz aunque hubiese que hacinar a los pacientes. Todo ahorro era bueno.
También se empezaron a mezclar decisiones económicas con políticas: todos los hospitales pasaron a tener un gerente nuevo de confianza del gobierno del PP aunque el que hubiera hiciera un buen trabajo. Se empezaba a acusar al PP de dar prioridad a los proyectos en localidades gobernadas por el partido que en otras, y el bloqueo del hospital de Toledo se acabó haciendo para que al final el proyecto fuese más caro, con más de tres años de tiempo perdidos y con participación privada que encarecía la gestión en 660 millones. Más que todo lo recortado en aquel “plan de ajuste”.
Si bien los recortes podían comprenderse, algo de lo que plataformas, sindicatos, asambleas y políticos culpan al gobierno de Cospedal es de pasar de dejar de ver pacientes, a ver cifras. Todo era medible con cifras y, si bien era medible, era eliminable. Camillas, profesionales, consultas externas, plantas enteras de hospitales...hasta los extintores, como contaba un médico del Perpetuo Socorro de Albacete. ¿Era el tejido sanitario de Castilla-La Mancha tan excesivo para aguantar ese recorte?
La respuesta llegó principalmente al final de 2013 y ya 2014: no. No la daban los pacientes o los castellano-manchegos, sino directamente las situaciones que se vivían. En Puertollano se caía el techo de una habitación (la partida de mantenimiento de los edificios pasó a ser mínima, 150.000 euros para todos los centros de Castilla-La Mancha, que ya tenía un listado de edificios muy antiguo); se daban (y dan) listas de espera para dentro de más de dos años (ya para mediados de 2017), los pacientes empezaron a ingresarse en camillas en los pasillos de hospitales (pudimos verlo en casi las cinco provincias), cualquier repunte (como de la gripe estacionaria) colapsaba el sistema y el 'turismo de operaciones' se ha hecho ya un clásico en la región. Si antes un manchego iba a Madrid de compras, ahora va a operarse una hernia.
En ese punto la suma de incidentes empezó a convertirse en hastío contra el gobierno de Cospedal en forma de denuncias públicas, titulares en prensa y de hechos que podían haberse evitado. Hasta tal punto que no pasaba una semana sin que en materia sanitaria Castilla-La Mancha no fuera señalada en toda España. Ocupando la región el 40% de denuncias del Defensor del Paciente a nivel nacional: dos de cada cinco eran por la sanidad regional. Esta misma semana un hombre era expulsado de un mitin de Cospedal por pedir asistencia médica en el hospital de Tomelloso (uno de los centros a privatizar en el plan de 2012). En aquel hospital, 72 de los 74 médicos que lo forman firmaron un manifiesto por el que se negaban a seguir cumpliendo las políticas de recortes que les mandaban sus jefes. Los propios sanitarios se rebelaban.
Por otro lado incluso quienes justificaban los recortes y veían excesivo el sistema sanitario castellano-manchego empezaron a dudar de los “ajustes”. ¿Por qué para operar a un niño de Albacete de fimosis se le lleva a una clínica privada de Madrid, si cuesta más el traslado que la operación? ¿Por qué se mantiene cerrado un centro de salud si ya está terminado? ¿Por qué se cambian todos los altos cargos? ¿Por qué se pone como consejero de sanidad a una persona que viene a Castilla-La Mancha solo determinados días a la semana? ¿Por qué se privatiza el futuro nuevo hospital de Toledo si cuesta 660 millones más que siendo 100% público? ¿Por qué se mandan a los pacientes a clínicas privadas teniendo públicas con equipamiento incluso mejor sin usar? Muchas preguntas en el aire, y mucha gente que empezaba a percibir que el presupuesto no se estaba recortando, sino que simplemente estaba cambiando de destino. El llamado “ajuste” parece pasar a ser un cambio de bolsillo que un cambio de la gestión.
El SESCAM hoy día sigue siendo la mayor partida presupuestaria de Castilla-La Mancha, una región con una población además vieja. En porcentaje es parecido al de aquel año 2012, pero en cantidad es varios centenares de millones menos. Aumenta en 2015, como la mayoría de presupuestos en año electoral. También se han prometido 400 nuevos trabajos de sanitarios, poco más del 10% de lo que se ha destruido. Proyectos concretos como el hospital de Toledo siguen estando igual que en 2011, solo acabados en el plano pero con un esqueleto en la realidad.
En elecciones se venden los incrementos de todo el sistema pero no se habla de la pérdida del mismo desde aquel 2012 al 2015. No se habla de techos, de niños mal operados de fimosis en otras regiones, de castellano-manchegos tratados como ganado, de las denuncias de esta comunidad colapsando la oficina del Defensor del Paciente (la del Defensor del Pueblo de la región ya no se puede colapsar: el organismo también fue suprimido por Cospedal), o de ambulancias que cada día llevan a manchegos a Madrid a que les operen (teniendo que pagar la factura después Castilla-La Mancha, como es lógico). Castilla-La Mancha lidera los recortes sanitarios de toda España; cuando todas las comunidades se han apretado el cinturón, la nuestra se ha ahogado con él.