Hasta un millón de euros se recortó cada día en servicios sociales durante la legislatura de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, según los cálculos realizados por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Con el gobierno salido de las urnas tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, el compromiso de la nueva consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, fue paliar esta situación y volver a los índices de cobertura social de 2011 tal y como figura además en el acuerdo de investidura que PSOE firmó con Podemos para poder gobernar. En una entrevista con eldiarioclm.es destacó que se trata de un compromiso de legislatura y que ya se estaba avanzando en ese sentido, pero mientras, desde diferentes colectivos sociales ya le han puesto ‘deberes’ para nuevo año.
Una de las peticiones más unánimes por parte de los trabajadores sociales y de los colectivos de lucha contra la pobreza es la implantación de un decreto regulador del Ingreso Mínimo de solidaridad y de Ayudas de Emergencia Social. Ya hay un acuerdo primordial para su implantación en la región pero en principio está supeditado a lo que apruebe en este sentido el Gobierno central, ahora en funciones y con un escenario totalmente incierto tras los comicios del 20D.
El deseo de la Consejería es que todas las comunidades autónomas tengan un sistema homogéneo de renta mínima, pero desde el tejido asociativo no quieren que el proceso se demore en el tiempo y apremian para su implantación en la región. Además, quieren que llegue a todas las familias posibles en situación de pobreza económica y no solo a las que están que están en exclusión social.
Desde la EAPN o desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, además, parten del hecho de que buena parte de la pobreza económica es la que subyace de la pobreza energética. De hecho, la Junta también ha aprobado un plan regional en este sentido para evitar los cortes de suministros de luz a familias en esta situación. En principio estará vigente en el presente invierno y para el futuro, el objetivo es generar una estrategia regional.
Otra de las asignaturas pendientes para el año que viene es que las direcciones provinciales de Bienestar Social sigan dotándose de los recursos humanos necesarios para la correcta prestación de las ayudas. El Gobierno regional ha agilizado trámites, y ha aprobado un millón y medio de euros para Ayudas de Emergencia Social, pero aún resta por saber las partidas para el año que viene, contando con que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aún no han sido aprobados. La consejera ha afirmado que estas cuentas regionales serán fundamentalmente “sociales” y no “de grandes obras e infraestructuras” y que se buscará dar prioridad a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.
Hay también otras cuestiones que los colectivos sociales consideran urgentes. Sucede así con la elaboración de un Plan Estratégico de Servicios Sociales para los próximos cuatro años. Por el momento se ha reunido el Consejo regional de Servicios Sociales, que no lo había hecho en la anterior legislatura, y de ahí se espera que surja un documento que sistematice todos los proyectos y actuaciones de la Consejería de Bienestar Social, con plazos y presupuestos. Ocurre lo mismo con la Ley regional de Servicios Sociales del año 2010. El Colegio Oficial y las plataformas que luchan contra la pobreza han pedido su cumplimiento, “desmantelado” en la anterior legislatura. El objetivo que los derechos sociales se reconozcan como derecho subjetivo y se garanticen así las mismas prestaciones y servicios en todas partes.
Precisamente, este es el objetivo que han adelantado desde la Consejería a eldiarioclm.es de cara al año que viene. Aurelia Sánchez quiere avanzar en la recuperación de los servicios sociales y en el impulso de ese Consejo Regional y de la Mesa Sectorial de Bienestar Social.
Queda también pendiente la situación de los dependientes. Durante el primer semestre del próximo año, la Consejería avanza que progresará en el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a este colectivo, para lo que se aprobará un nuevo Decreto de Procedimiento y una Orden de Capacidad Económica, que se sumarán al Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidad y Compatibilidades. Esta es una de las peticiones a las que ha urgido la Plataforma castellano-manchega en Defensa de la Ley de Dependencia.
En el ámbito de la discapacidad, las mismas fuentes precisan que se impulsará la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad cuando falten sus familiares, se continuará con el incremento de la atención temprana y se materializará la eliminación de tasas a personas con discapacidad y dependientes. Por su parte, las personas mayores que sean cónyuges de residentes, podrán solicitar a partir del 1 de febrero una plaza pública para acompañarles.
Respecto a la lucha contra la pobreza, la Junta quiere aprobar una estrategia que consolide los mecanismos mencionados para erradicar la pobreza energética puestos en marcha en diciembre de 2015 (un plan de ayudas de emergencia para 10.000 familias y una demora de 90 días en los cortes de suministro), además de la agilización de acceso al Ingreso Mínimo de Solidaridad y Ayudas de Emergencia Social, que se unirá a una nueva Ley de Vivienda que obligará a la conciliación previa a cualquier intento de desahucio.
Por último, la Consejería planea promover una nueva Ley de Infancia, que vendrá a sustituir a la actual Ley 5/2014 de Protección social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, por sus “desajustes” con respecto a la normativa estatal y sus carencias en determinados programas. De igual modo, se buscará la consolidación de la red de centros públicos de tutela de menores en la que, después de cuatro años de recortes, volverán a realizarse inversiones en mantenimiento de infraestructuras.