La Seguridad Social ha desistido de seguir adelante con el recurso interpuesto el viernes 29 de septiembre contra la sentencia que ordenaba subir pensión de orfandad a tres niños que perdieron a su madre a causa de la violencia machista, cuando fue asesinada por su pareja en la localidad de Fuensalida (Toledo) en el año 2009. La abuela, que se ha hecho cargo de los menores desde 2009, sólo percibía 149 euros al mes para los tres niños. Un juzgado pedía elevar esa cantidad a 300 euros.
José Luis Arroyo, secretario provincial de CCOO en Toledo, sindicato encargado de la defensa de la abuela, ha confirmado a eldiarioclm.es que los servicios jurídicos del sindicato recibían la notificación este mismo miércoles sobre el desistimiento. Muestra su satisfacción ante la rectificación por parte de la Seguridad Social cuya postura inicial de plantear el recurso califica de “barbaridad”.
“No entendíamos nada sobre este recurso porque estamos hablando de unas cuantías ridículas a efectos económicos para la Seguridad Social. Tienen incluso más costes los recursos judiciales”. Además, dice no entender tampoco “que se recurra un tema así, por parte del Partido Popular tras el reciente debate en torno al pacto de Estado contra la violencia de género que precisamente contempla la protección de los hijos de las mujeres asesinadas y concretamente las pensiones de orfandad para que sean reconocidas de oficio, que es precisamente lo que hace la sentencia”.
Una sentencia que Arroyo califica de “ejemplar” por parte de la jueza de Juzgado de lo Social número 2 de Toledo que “mostró mucha sensibilidad” al ordenar el incremento de las pensiones de orfandad de los tres menores que pasarán de 20 al 52% de la base reguladora y con efecto retroactivo desde 2009. El asesino disfruta ya de régimen abierto, informa la Cadena SER.
La sentencia ordenada por el juzgado toledano fue “muy crítica” con la actuación de la Seguridad Social, que después de denegar en varias resoluciones las reclamaciones que venía planteando la abuela de los niños -que se hizo cargo de los nietos desde el asesinato de su hija y fue reconocida como tutora legal en 2014- sólo aceptó reconocer el derecho al incremento de la pensión de orfandad desde mayo de 2015.
La magistrada explicó entonces que había que solventar la “especial desprotección en la que se encuentran los huérfanos de violencia de género” y ordenó a la Seguridad Social incrementar sus pensiones con efecto retroactivo desde 2009.