Los servicios sociales fueron una de las áreas más recortadas en Castilla-La Mancha durante la legislatura anterior de María Dolores de Cospedal. Con motivo del cambio de Gobierno y tras el ‘periodo de gracia’ a los objetivos del nuevo Ejecutivo de Emiliano García-Page, los Presupuestos regionales de 2016 presentados esta semana sirven para evaluar si el compromiso de dar prioridad a las políticas sociales se cumple. Desde el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de esta comunidad autónoma han analizado el anteproyecto de las cuentas públicas y valoran el aumento del 5,77% en la partida de la Consejería de Bienestar Social con respecto a 2015, pero consideran que ese incremento es muy leve.
Con estas cifras, según estiman, la región está aun muy lejos de recuperar el millón de euros diarios que se recortó durante la legislatura de Cospedal y que han venido denunciando en varias ocasiones. Con ese presupuesto, apuntan, se tardarían diez años en volver a los niveles de inversión en materia de servicios sociales del año 2011. La subida para este sector es de 35 millones de euros, “totalmente insuficiente” si se quiere retomar el gasto ejecutado hace cinco años, que fue de 927 millones de euros. El dato coincide además con lo apuntado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que destacó en su último informe que Castilla-La Mancha necesita invertir un mínimo de 320 millones de euros más al año para recuperar parte de lo recortado entre 2012 y 2014.
Los trabajadores sociales también consideran que la Junta sigue sin prestar la atención social que merecen las familias en situación de pobreza económica moderada o extrema. Recuerdan que durante el Gobierno de Cospedal, una de cada tres familias castellano-manchegas necesitó una ayuda económica, consiguiéndola solo una de cada 356 familias. Ahora, detallan que el Gobierno actual ha presupuestado para para 2016 un incremento de un 10% (750.000 euros) en el Ingreso Mínimo de Solidaridad y un aumento de un 30% (1.547.600 euros) en las ayudas de emergencia social, así la creación de un Plan Regional contra la Pobreza Energética dotado con 1,5 millones de euros.
Afirman que estas subidas tampoco son “suficientes” para que la región se iguale con la media nacional. Para ello necesitaría destinar diez veces más tanto a rentas mínimas como a ayudas de emergencia social, dedicando a cada una de ellas 75 y 50 millones, respectivamente.
Programas sociales básicos y apoyo a las familias
En cuanto al presupuesto de los Programas Sociales Básicos, argumentan que la crecida del 150,13% no se debe al refuerzo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, sino al regreso del Servicio de Ayuda a Domicilio a este Programa, saliendo del Programa de Atención a Mayores. En este caso, lo consideran una buena noticia, aunque urgen a triplicar, tanto en profesionales como en programas y servicios, los Servicios Sociales de Atención Primaria de la región, que “se están convirtiendo en unos de los peores de España”.
Con respecto al desglose del resto de programas, el Colegio Oficial precisa que los de Prevención y Apoyo a las Familias crecen un 31,46% y 1.718.990 euros respecto a 2015, gracias al incremento en más de un millón de euros de los programas de atención a la familia y la infancia desarrollados por entidades sociales y a la incorporación aquí del programa de menores de autonomía personal. Confían en que el presente año y los siguientes sean buenos en los “casi totalmente olvidados” programas y servicios de promoción, preservación y prevención familiar; de mediación social y familiar; en la escucha activa a entidades representativas de todo tipo de familias (no solo las numerosas) y de la infancia; y en “tantas y tantas cosas que hay por hacer en materia de Familia e Infancia en esta región”.