El sindicato de profesores ANPE ha manifestado su rechazo a la posibilidad de que se elimine la financiación pública a las mutuas sanitarias que dan en la actualidad cobertura al personal funcionario docente. “Ante el anuncio del Ministerio de Sanidad de abordar la financiación de las Mutuas y la previsible repercusión que dicha medida puede tener en la actual cobertura sanitaria de los funcionarios docentes, ANPE solicita el mantenimiento de la cobertura sanitaria del personal funcionario docente establecida en la actualidad”.
ANPE argumenta que “en un escenario complejo e incierto como consecuencia de la pandemia a nivel mundial y la dura experiencia vivida” en España, “no parece que el momento ni las condiciones sean las idóneas para recargar aún más el sistema público de salud”, añade.
Según este sindicato, el documento 'Plan de acción para la transformación del sistema nacional de salud en la era post-COVID-19', del pasado 14 de julio de 2020, “contempla acciones o actuaciones que pueden perjudicar gravemente las actuales condiciones asistenciales sanitarias de los funcionarios docentes”.
“El Real Decreto del 22 de abril incluía ya el traspaso de las competencias relativas de Muface a la Seguridad Social, y en estos días, se ha conocido el borrador de un plan de acción para la transformación del sistema nacional de salud en la era post-COVID-19 anunciando la intención de abordar la financiación de las mutuas”, añaden desde ANPE.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es el organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios “a la vez que descongestiona el sistema sanitario público y facilita la asistencia sanitaria de la población”, subraya el sindicato docente.
ANPE asegura que “el 80% de los funcionarios eligen la atención en el sistema privado”, algo que “refleja el grado de satisfacción de este modelo donde el Estado mantiene las funciones de regular y financiar las prestaciones”.
Además, el sindicato indica que la prima media de MUFACE se situó en 2018 alrededor de 883 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año fue de 1.224 euros (sin incluir el gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades), “lo que supone un ahorro de 341 euros por mutualista para la administración”.
Por todo ello, ANPE exige al Gobierno que garantice la actual cobertura sanitaria a los funcionarios pertenecientes a MUFACE. “El Estado tiene como uno de sus principales deberes y obligaciones garantizar para sus funcionarios los mejores servicios sanitarios y estos no deberían verse afectados una vez más por cuestiones de índole ideológica muy alejadas de las verdaderas necesidades reales de la población, concretamente la de los funcionarios”, proclama.