Tras la rescisión de los contratos con la empresa Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara por parte del Gobierno regional los sindicatos UGT y CCOO consideran que es el momento de que el SESCAM asuma el servicio del transporte sanitario con medios propios o a través de una empresa pública. “Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca”.
Ambos sindicatos han anunciado que mantendrán el calendario de movilizaciones previstas para los días 23 y 30 de octubre; huelgas parciales los días 4 y 5 de noviembre y huelga de 24 horas los días 7 y 8 de noviembre para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y la firma y entrada en vigor de un convenio que está negociado.
Respecto de las cifras que se están dando sobre la actual adjudicación, recuerdan que pese a que se licito por tres millones de euros, el Gobierno del Partido Socialista lo adjudicó finalmente por tres millones de euros menos que la adjudicación previa realizada por el Gobierno del Partido Popular.
“Todos los años queda un remanente de más de 5 millones de euros, ya que el servicio actual se licito por 63 millones de euros y se adjudico por 58 millones de euros. Dinero que el actual gobierno se comprometió a destinar íntegramente en mejoras en el transporte sanitario, no habiéndose hecho nada al respecto hasta el momento actual”, concluyen.
El SESCAM persigue “la eficiencia y la mejor gestión” del servicio de transporte sanitario terrestre
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha recuerda que desde la creación del SESCAM, la prestación del transporte sanitario terrestre es un servicio ofrecido mediante contrato público, buscando siempre la experiencia, los conocimientos y los recursos para llevarla a cabo de la manera más óptima. Asimismo destaca que el actual contrato se licitó por tres millones de euros más de lo que se licitó con el anterior contrato, “velando siempre por la mejora del servicio que se presta a los ciudadanos”.
La Dirección Gerencia del SESCAM quiere reiterar que “considera fundamental” que cualquier empresa prestadora de un servicio adjudicado por una administración pública debe ser responsable y consecuente con todas y cada una de las condiciones estipuladas en el contrato suscrito para tal fin, “por corresponsabilidad no solo con la propia administración, sino también con los beneficiarios últimos de la prestación”, en este caso, los usuarios del transporte sanitario, y con los trabajadores del mismo.