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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

GUADALAJARA

El calvario de unos padres para que la sanidad pública les pague los gastos en la privada por la anorexia grave de su hija

Varios tratamientos, ingresos de urgencias, frustraciones, impotencia y respuestas negativas es lo que han vivido una menor de Guadalajara y sus padres desde 2018, cuando ella comenzó a padecer una anorexia nerviosa grave tras los ataques verbales de varios compañeros. El empeoramiento de su estado, la “falta de recursos” en el Hospital de Guadalajara admitida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) y la “urgencia vital” por el riesgo de suicidio llevaron a sus padres a recurrir a la sanidad privada.

Con ello también iniciaron un proceso judicial contra la Administración autonómica para exigir que afrontara los gastos por el tratamiento que recibió en un centro privado de Alcalá de Henares. Un juzgado de Guadalajara les dio la razón en enero de 2022, pero el SESCAM recurrió. El Tribunal Superior de Justicia ratificó la primera sentencia y obligó a este Servicio de Salud a pagar más de 46.000 euros a los padres de la menor. Eso fue hace seis meses. Pero es ahora cuando ese pago se ha hecho efectivo.

“Los padres solo recibieron respuestas negativas por la sanidad pública en orden a mejorar en lo posible el estado de salud de su hija. Nadie se imagina por lo que han tenido que pasar”, afirma la abogada de la familia, Carmen Fernández Bravo, de los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, encargada de la causa de esta familia.

En la propia sentencia, el tribunal refiere que la menor llegó a encontrarse en un estado tan grave que “había verbalizado el suicidio”. “Le pasa por la cabeza la idea de matarse, mantiene conductas restrictivas alimentarias, distorsión de la imagen corporal y baja autoestima, no puede controlar sus impulsos, tiene crisis de ansiedad y crisis de angustia (…) Un riesgo vital muy grave”.

El primer contacto que tuvo la menor con el servicio de Salud Mental del Hospital de Guadalajara fue en octubre de 2018. Presentaba entonces bajo estado de ánimo y restricción alimentaria acompañada de distorsión de la imagen corporal. Los síntomas se habían iniciado el verano anterior, cuando sufrió “comentarios y ataques verbales” por parte los compañeros, tras lo que cambió de centro escolar.

Sin mejoras en su estado, en febrero de 2019 la pediatra del Centro de Salud de Guadalajara la atendió por anorexia nerviosa y la derivó como preferente al Servicio de Psiquiatría del Hospital de la ciudad. Inició el tratamiento en marzo de ese año. En junio también fue atendida por el Servicio de Endocrinología, con el diagnóstico de anorexia nerviosa y anemia.

Pero durante un campamento de verano al que acudió ese verano, tuvo varias crisis de ansiedad y en julio fue atendida en Urgencias. Después, desde febrero hasta julio de 2019 mantuvo tres sesiones inviduales con la psicóloga de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) del Hospital y un nuevo ingreso en Urgencias.

La menor recibió también la asistencia de la Asociación para la Defensa de Enfermos de Anorexia. En mayo de 2019, una psicóloga de este colectivo ya apuntaba al agravamiento de su estado con “miedo intenso a engordar”, “restricción de alimentos”, “exceso de ejercicio físico”, “mal estado anímico” y “pensamientos negativos hacía sí misma”.

Tras ello se intensificaron las reuniones de los padres con diferentes responsables del Hospital de Guadalajara. En mayo de 2019 solicitaron que su hija fuera tratada a una Unidad de Trastornos Alimentarios específica. Les informaron de que en ese centro hospitalario no disponen de tal recurso, ya que Castilla-La Mancha solo cuenta con una en Ciudad Real, pero únicamente contempla ingresos hospitalarios de 24 horas, y en palabras de la psicóloga, la menor “no precisaba ese internamiento”.

Cambio de psicóloga y desplazamiento a Madrid

Otra posibilidad que les pusieron sobre la mesa fue la Unidad existente en el Hospital del Niño Jesús de Madrid, pero tampoco resultaba posible por que no existe convenio entre ambas comunidades autónomas para este tipo de derivaciones.

Los padres decidieron entonces solicitar el cambio de psicóloga, pero con ello la siguiente cita se retrasaba otros tres meses, hasta agosto de 2019. La madre también pidió hablar sin éxito, con la trabajadora social del hospital. En junio se reunió el USMIJ para decir qué hacer con la paciente y los padres les comunicaron, de nuevo, que debía recibir asistencia sanitaria en una Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria ya que el estado de la menor estaba “empeorando progresivamente”.

Finalmente, en el mes de julio presentaron queja en el Hospital de Guadalajara por entender que la asistencia que está recibiendo su hija (una consulta con la psicóloga y con el endocrino una vez al mes) era insuficiente. La queja fue desestimada al entender el Hospital que le estaban dando atención “preferente”.

Por entonces la directora gerente del SESCAM en Guadalajara informó a los padres de que el Hospital del Niño Jesús de Madrid dispone de un programa específico de intervención ambulatoria a través del Hospital de Día para pacientes empadronados, aunque sin convenio con Castilla-La Mancha. Al ser la menor beneficiaria de la Tarjeta Sanitaria de su madre, el Servicio de Salud autorizó un “desplazamiento a Madrid” en el mes de julio. Este último centro hospitalario nunca llegó a dar cita ni a atender a la menor.

Se considera acreditado que existía riesgo de que la niña perdiera la vida, tanto a nivel orgánico, como por las complicaciones de los trastornos psiquiátricos y emocionales derivados de la anorexia nerviosa que padece

Tras este periplo y viendo el empeoramiento progresiva de la joven, los padres decidieron ingresarla en un centro privado de Alcalá de Henares. La sentencia detalla uno de los informes médicos en su etapa más grave: la menor refería “ideas de muerte”, motivo por el que fue derivada para su ingreso en hospitalización de 24 horas en ese centro privado. Tras ello, recibió asistencia médica, psiquiátrica psicológica y nutricional, además de tratamiento farmacológico, junto con actividades de talleres, ocio y tiempo libre.

Una de las claves del caso se encuentra en que, según la sentencia, los padres no recibieron en ningún momento un ofrecimiento para que la menor fuera ingresada en la Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital de Ciudad Real, pese a que posteriormente lo estuvo en ese centro privado hasta agosto de 2020. Además, habían solicitado la prestación de asistencia sanitaria por el seguro escolar, que fue denegada por el SESCAM al considerar que era “incompatible” con la Tarjeta Sanitaria.

“Se considera acreditado que existía riesgo de que la niña perdiera la vida, tanto a nivel orgánico, como por las complicaciones de los trastornos psiquiátricos y emocionales derivados de la anorexia nerviosa que padece, pues ya había verbalizado el suicidio”, refiere la sentencia.

Añade finalmente el tribunal, entre sus argumentos para ratificar la sentencia, que se trata de un “supuesto de urgencia vital” en el que la paciente “no ha recibido un tratamiento adecuado por el Servicio público de Salud (…) Tenía reconocido el derecho a la asistencia sanitaria tanto por el seguro escolar como por estar incluida en la tarjera sanitaria de su madre”.

“Han gastado todos sus ahorros”

El Defensor del Paciente detalla que los padres han “gastado todos sus ahorros” en el tratamiento de su hija, y se pregunta: “¿Qué ocurre con los padres que no pueden ir a la sanidad privada para recibir esa atención sanitaria?”.

Por su parte, desde el SESCAM no han contestado a las preguntas de este periódico sobre el funcionamiento de los tratamientos para los trastornos alimenticios o sobre las previsiones de reforzar la asistencia, al existir tan solo una unidad específica en Ciudad Real.

En la cartera de servicios que incluye el Plan de Salud Mental 2018-2025 del Gobierno de Castilla-La Mancha tan solo se menciona una vez la anorexia. Incluye el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicopatológicos hablando de “trastornos de conducta en general y alimentaria en particular (anorexia/bulimia), comprendiendo ”el tratamiento ambulatorio, las intervenciones psicoterapéuticas en hospital de día, la hospitalización cuando se precise y el refuerzo de las conductas saludables“.

La joven hoy se encuentra recuperada, aunque sigue en tratamiento y seguimiento médico. Está estudiando una carrera universitaria y ha “recuperado su vida”, según fuentes del entorno de la familia.