Un documento de casi cien páginas y el foco puesto en el nuevo Plan de cuenca del río Tajo a cuenta del histórico trasvase Tajo-Segura.
El dictamen que el Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad sobre el Real Decreto que regula la revisión de los planes hidrológicos de doce demarcaciones hidrográficas, ha suscitado todo tipo de opiniones en las últimas horas. Incluso antes de conocerse los detalles del informe jurídico que se ha remitido al Gobierno de España.
El Gobierno de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado oficialmente pero el runrún este fin de semana es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page cree que el alto organismo ha avalado el Real Decreto y que señala con claridad que hay que revisar las reglas del trasvase y que tiene que haber criterios técnicos iguales para los caudales en todas las cuencas. Y eso, desde Castilla-La Mancha se contempla como algo positivo.
Para la Junta castellanomanchega lo importante es que se mantengan los prometidos 8,65 hm3/segundo en el Tajo a su paso por Aranjuez en 2027. Sobre eso, apuntan fuentes consultadas por elDiarioclm.es el Gobierno regional dice no encontrar “nada” en los argumentos del Consejo de Estado que diga lo contrario y, en su opinión, el Consejo de Estado cree que no se puede condicionar el estado del río.
El Ejecutivo castellanomanchego no lo dice abiertamente, pero lo contempla como una victoria que todavía deberá concretarse. Y eso, dependerá del Gobierno de Pedro Sánchez. Ayer la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España Isabel Rodríguez, defendía que se ha trabajado para el interés general de todos los territorios afectados por el trasvase.
¿Por qué Castilla-La Mancha ve de forma positiva el dictamen del Consejo de Estado? La clave está en la controvertida disposición adicional novena que incluye el Real Decreto que habla, específicamente, sobre los caudales ecológicos del Tajo y que ha sido tan criticada. Tanto la Comunitat Valenciana como la Región de Murcia contaban con que la aplicación del aumento de caudales ecológicos se iba a escalonar pero además estaría condicionada al estado del Tajo en 2026. Eso no parece que vaya a ser así exactamente.
Sí, el alto organismo ha criticado al Gobierno de España que no haya sido capaz de “coordinar” en el texto normativo el interés general de la cuenca cedente (en Castilla-La Mancha) con el de las receptoras (Alicante, Murcia y Almería), dice que los planes hidrológicos del Tajo y del Segura están descoordinados y que debe hacerse “compatible” el incremento de los caudales con el trasvase.
Pero también dice que hay dos vías muy claras para solucionarlo que gustan (mucho) en Castilla-La Mancha. La primera pasa por cambiar toda la normativa que regula el trasvase Tajo-Segura y sus reglas de explotación.
El Consejo de Estado no dice que haya que cerrar el trasvase (pide que sea compatible con más y mejor agua en el Tajo), pero tampoco especifica a qué debe destinarse el agua que siga fluyendo por el canal del trasvase. Castilla-La Mancha mantiene que debe serlo solo para consumo humano porque también la necesitará en su territorio para la provincia de Ciudad Real, en particular.
Hay que revisar las reglas del trasvase dice el dictamen, tal y como ya lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo en sus sentencias que reconocen la “provisionalidad” de las vigentes reglas de explotación del trasvase, “a la vista, precisamente, de que la aprobación de los nuevos planes hidrológicos se encontraba próxima y de la incidencia que las previsiones contenidas en ellos tendrían sobre el trasvase Tajo-Segura”.
La segunda vía para resolver el embrollo pasa por “establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos”. Y esos caudales ecológicos no deben serlo solo para el río Tajo, ya que el Consejo de Estado pide fijar “por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas las cuencas para la fijación de esos caudales”.
Se trataría, incide el dictamen, “de establecer unas metodologías y criterios comunes más detallados, precisos y actualizados que los que actualmente ofrece la instrucción de planificación hidrológica, aprobada por Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre”. Eso, cree el Consejo de Estado favorecería la “coordinación” entre los planes hidrológicos del Tajo y el Segura“
El Consejo de Estado reclama también tener en cuenta que los planes hidrológicos que se aprueben mediante el Real Decreto proyectado deberían ser revisados teniendo en cuenta los cambios en las normas reguladoras del trasvase y en los criterios técnicos comunes para fijar caudales ecológicos.
Por cierto, la disposición adicional novena ordena al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobar “cada año, a partir del 1 de octubre de 2024, un programa especial de seguimiento del estado de las masas de agua y de la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del acueducto Tajo-Segura”, según recoge el dictamen del Consejo de Estado.
Se trata de analizar el impacto de los caudales ecológicos fijados en el plan del Tajo sobre las cuencas receptoras del trasvase del Tajo-Segura, así como un programa de medidas asociado.
Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo “conllevará una inversión superior a 1.750 millones de euros en las cuencas receptoras cuyo destino principal será la búsqueda de recursos hídricos alternativos y la mejora de su distribución y de la eficiencia en su utilización”. Por ejemplo, las desaladoras.
Además, el Real Decreto ordena evaluar cada año, a partir del 1 de enero de 2025, los resultados de los programas especiales de seguimiento, someter dicha evaluación al informe del Consejo Nacional del Agua, publicarla y, en su caso, tomarla en consideración en el cuarto ciclo de la planificación. Incluso se prevé la constitución de comisiones bilaterales de seguimiento integradas por tres representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por tres representantes de la respectiva comunidad autónoma.
Está previsto que el texto normativo se apruebe en el Consejo de Ministros de la semana aunque, una vez conocidas las objeciones del Consejo de Estado, se han generado algunas dudas sobre si el trámite seguirá o no adelante. Sobre todo, después de que el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, haya anunciado su intención de recurrir el Real Decreto si se mantiene la reducción de los envíos de agua a través del acueducto Tajo-Segura. Eso sí en las últimas horas ha huido de la confrontación para pedir un “equilibrio” en los intereses de cada territorio.
A la ‘batalla’ interna entre barones socialistas por un lado y la oposición del presidente murciano López Miras -la comunidad andaluza también se beneficia del agua del Tajo en Almería-, por otro, se suma la resistencia del Sindicato de Regantes del trasvase (SCRATS) que no renunciará al agua de la cabecera del río ni con la promesa de las desaladoras o de inversiones. Los regantes de Alicante, Murcia o Almería tendrán que pagar más por el agua si se cierra, o se reduce, el grifo del canal del trasvase y no están dispuestos.
En plena carrera electoral, el agua se convertirá, una vez más y como en las últimas décadas, en argumento electoral, obviando la Directiva Europea del Agua e incluso las sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a Castilla-La Mancha en su intención de reducir los envíos al Levante, salvo para el abastecimiento humano, y de incrementar los caudales ecológico de un río Tajo sobreexplotado y contaminado.
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